La diputada María Victoria Mercado Sánchez (MC), promueve reformas al artículo 390 Bis del Código Penal Federal para aumentar las sanciones a quien, en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes, es decir, cometa fraude familiar.
La legisladora secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, busca que en el Código Penal se estipule un castigo para este ilícito de entre cuatro a seis años de prisión y hasta 500 días multa, pues en la actualidad se contemplan penas de uno a cinco años de cárcel y hasta 300 días de sanción económica.
Sostuvo que de acuerdo con datos de la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia.
Añadió que esta problemática es generada por una serie de falsedades que los deudores alimentarios emplean para evadir su responsabilidad, manifestando dolosamente que su salario es inferior al que en realidad perciben.
En otras ocasiones, los infractores solicitan a su patrón o a las empresas donde trabajan que informen que sus ingresos son menores, y se colocan intencionalmente en estado de insolvencia, lo que vulnera los derechos de la infancia y de las mujeres.
Además, refiere que en el país, 67.5 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimenticia, mientras que 11.8 millones de madres viven en situación de pobreza y están ubicadas en mayor porcentaje en los estados de Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala.
La iniciativa turnada a la Comisión de Justicia refiere que la principal consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial es la afectación que sufren niñas y niños por el abandono emocional del padre, pero se torna más difícil cuando se vulnera su derecho a la alimentación y se coloca a las madres de familia en desventaja, al quedarse sin los recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades de las hijas e hijos.
Es por ello que la diputada Mercado Sánchez considera que al enfrentar un matrimonio o concubinato un divorcio o separación, los bienes materiales pueden resultar un problema, cuando alguno de ellos, con el ánimo de perjudicar al otro, traspasa o los pone a nombre de otra persona o de algún familiar, afectando el patrimonio de la contraparte, así como a las hijas e hijos derivando en el delito de fraude familiar.
Manifestó que de aprobarse esta reforma se lograría velar y cumplir con el principio de interés superior de la niñez, y garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas para su desarrollo, como la alimentación, educación, salud, vivienda y recreación.
