La violación y asesinato de Ámbar, una niña de 20 meses, supuestamente por la pareja de una tía que tenía su custodia legal, ha conmocionado a la sociedad chilena y avivado el debate sobre la pena de muerte.
El presidente, el conservador Sebastián Piñera, anunció este martes que el gobierno se ha querellado contra los responsables.
«Nuestro Gobierno no está de brazos cruzados: Ya nos pronunciamos contra los responsables de este brutal asesinato», dijo Piñera en un acto por el 1º de Mayo en Santiago.
La tía biológica de la menor, que tenía la custodia, llevó a la pequeña el sábado por la noche a un centro médico para ser atendida por los golpes provocados, supuestamente, por una caída de la cama.
El equipo médico que la atendió en el Hospital San Camilo de la localidad cordillerana de Los Andes concluyó que las lesiones que presentaba la pequeña se debían a una brutal agresión sexual y golpes.
En una entrevista publicada por el diario La Tercera, el pediatra, Álvaro Retamal, que atendió a Àmbar, dijo que «jamás» había visto un abuso de este nivel en sus 18 años de experiencia.
«Ámbar descansó finalmente de una vida que sólo conoció el dolor», escribió Retamal en su muro de Facebook, visiblemente conmovido.
La violencia inusitada que sufrió la pequeña ha incrementado las voces a favor de la introducción de la pena de muerte en Chile.
En las redes sociales se multiplicaron los mensajes de repudio y centenares de personas indignadas realizaron una protesta a las afueras del tribunal de Los Andes en momentos en que se realizaba la audiencia del único imputado por la Fiscalía, Miguel Andrés Espinoza Aravena, de 30 años, que está en prisión preventiva.
Ante la incapacidad de su madre, la menor estaba bajo la custodia de su tía por orden del Servicio Nacional de Menores (Sename), institución a cargo de los centros públicos y privados de acogida de menores vulnerables y que en los últimos meses está en la mira por denuncias de abusos físicos y psicológicos contra niños bajo su tutela.
La primera medida que anunció Piñera cuando asumió el gobierno hace poco más de un mes fue un acuerdo nacional por la infancia para reformar esta institución, donde en los últimos años han muerto más de 1.313 menores en circunstancias no aclaradas.
