El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, ha obtenido un triunfo legal, en medio del suspenso por el atraso de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la decisión de extraditarlo a Estados Unidos de América.
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito declaró infundada la solicitud de impedimento para resolver el amparo contra el auto de formal prisión contra el procesado, promovida por el juez decimosegundo de distrito, Rodrigo Allen Ortiz Orozco.
El 29 de enero de 2018, el juez federal afirmó que estaba imposibilitado para analizar y definir el recurso legal contra la actuación del Poder Judicial del Estado (PJE) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ), ambos de Tamaulipas. El argumento que presentó fue su parentesco familiar con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Horacio Ortiz Renán.
Seis días después de que Eugenio Hernández fue detenido y recluido en la cárcel de Ciudad Victoria, el abogado Juan Jorge Olvera Reyes interpuso el amparo 2042/2017 en contra del auto de formal prisión dentro de la causa penal 67/2017 ejecutada el 6 de octubre de 2017.
Ortiz Orozco dio las primeras victorias en tribunales al político priísta y ahora analiza el recurso legal más importante de los que ha interpuesto la defensa, el que lo puede dejar en libertad y con pocas posibilidades de volver a ser aprehendido.
El impedimento 1/2018 fue revisado y resuelto por el magistrado ponente José Mario Mascorro Castillo. Las secretarias de Tribunal y de Acuerdos, María Guadalupe Chávez Montiel y María Concepción Maldonado Salazar, firmaron la resolución que será difundida la próxima semana.
La actuación del juez decimosegundo de distrito ha sido polémica. El coordinador general jurídico del estado, Abelardo Perales, considera que el caso lo ha llevado incorrectamente, al negar la participación del gobierno tamaulipeco en la aportación de pruebas del amparo 2042/2017.
“En el amparo que promovió el señor Eugenio Hernández, el juez de distrito consideró que no tenía yo legitimación para participar en ese juicio de amparo como representante del gobierno del estado”, comentó el abogado del Poder Ejecutivo.
El gobierno de Tamaulipas, a través de Abelardo Perales, presentó una queja formal en contra de Ortiz Orozco ante el Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF). Además, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso por ser presunto responsable de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Que lo atraiga por la importancia del caso, ya que el juez de distrito dice que el gobierno del estado no puede ser parte ofendida y nosotros decimos que sí es parte ofendida, porque en los delitos patrimoniales quien resiente el quebranto económico es parte ofendida y en este caso hay quebranto económico presuntamente”, dijo.
Tras la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, el análisis del amparo impulsado por Eugenio Hernández se reactivará para retomar el proceso final de deliberación.
Mantiene SRE en incertidumbre solicitud de la extradición
Empero, no todo es positivo para el priísta. El canciller Luis Videgaray Caso mantiene en incertidumbre la solicitud de extradición de Eugenio Hernández. El 6 de marzo se venció la fecha límite que tiene la dependencia para aprobar o rechazar la solicitud estadounidense.
El pasado martes, el abogado encargado del proceso internacional, José Refugio Rodríguez, dijo que “no existe ninguna sanción para la SRE si no responde a la petición de extradición, pero estamos convencidos de que hoy resolverán, nunca he visto que la cancillería no respete el plazo que fija la Ley de Extradición”.
La Corte Federal de Distrito para el Sur de Texas reclama a Hernández Flores y a su cuñado Óscar Manuel Gómez Guerra, por ser presuntos responsables de diseñar y ejecutar “varias maquinaciones con el fin de robar dinero al gobierno de Tamaulipas, lo anterior realizando contratos falsos” entre el 2005 y mayo de 2015.
La Secretaría de Relaciones Exteriores decidirá tomando en cuenta la opinión jurídica no vinculatoria emitida por el juez federal Eucario Adame Pérez. El posicionamiento judicial fue en contra del envío del político priísta y, en cambio, aconsejó a la Federación pedir el expediente al gobierno estadounidense para juzgarlo en México.
Durante el mandato de Hernández Flores, Gómez Guerra ayudado por el empresario Guillermo Flores Cordero y más personas crearon empresas ‘fachada’ y abrieron cuentas bancarias en el Valle de Texas, según la indagatoria de la Corte Federal. Ambos falsificaron documentos que entregaron a los bancos Inter National Bank y Lone Star Bank of Commerce.
“Una vez que las cuentas de los bancos estadounidenses se aperturaron y el dinero se envió a las cuentas de las empresas fantasmas, los co-conspiradores recibieron sus pagos en cuentas bancarias particulares. Óscar Manuel Gómez Guerra tomó su parte y los fondos restantes fueron depositados en un cuenta nominada a nombre de co-conspirador de la cual la investigación reveló estaba para el beneficio de Eugenio Javier Hernández Flores”, informó el gobierno estadounidense.
Los testimonios indicaron que Óscar Manuel Gómez Guerra, casado con Elsa Hernández Flores, manejó las actividades ilícitas, compra de propiedades y cuentas bancarias, bajo las indicaciones del entonces mandatario tamaulipeco Hernández Flores. Ambos hombres son señalados por operar una red de empresas fantasma que lavaron 300 millones de pesos.
