Los conflictos internos del corporativismo priista se agravaron el pasado 10 de diciembre, cuando los senadores Isaías González y Tereso Medina, del “sector obrero”, presentaron su iniciativa de ley reglamentaria para la reforma de justicia laboral que entró en vigor el 25 de febrero de 2017. A decir de los especialistas consultados, esas disposiciones abren la puerta al sindicalismo propatronal pese a que la reforma buscaba atenuarlo, por presiones internacionales, y la iniciativa ha sido rechazada incluso por el líder de la CTM.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En pleno proceso electoral resurge un pleito entre viejos líderes de las centrales obreras priistas por la presentación de una iniciativa que reglamenta la reforma constitucional de justicia laboral cotidiana (Artículo 123) que entró en vigor el 25 de febrero de 2017.
Sin embargo, el trasfondo de la disputa es la defensa de los privilegios de dichos líderes, no de los derechos de los trabajadores, coinciden el abogado laboralista Arturo Alcalde y la académica Graciela Bensusán, de la UAM-Xochimilco.
Ambos señalan en entrevista que dicha iniciativa de ley, en el tema del outsourcing o subcontratación, es muy parecida a la iniciativa preferencial de reforma laboral que el presidente panista Felipe Calderón envió al Congreso un par de meses antes de concluir su sexenio, en 2012.
El artículo 123 se reformó por presiones internacionales el 24 de febrero de 2017, en el marco de la participación de México en el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).
Los especialistas confirman que los problemas entre los líderes de las confederaciones de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, y la Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, son principalmente internos y se relacionan con la defensa de sus intereses en los negocios con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), entre otros factores.
En febrero de 2016 se supo que, durante casi un año, el gobierno federal preparó sigilosamente la reforma de justicia laboral cotidiana (Proceso 2050).
El 28 de abril de ese año, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado dos iniciativas para reformar y adicionar algunos artículos de la Ley Federal del Trabajao y de la Constitución con medidas que sindicatos independientes habían exigido, sin éxito, desde hace más de 30 años.
En gran medida por la presión del gobierno de Barack Obama y el apoyo de sindicatos de Estados Unidos y Canadá, preocupados por el efecto de la situación laboral mexicana sobre sus empleados, por los tratados comerciales, se concretó la reforma constitucional que supuestamente acabaría con dos grandes injusticias hacia la clase trabajadora: la parcialidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la proliferación de los contratos de protección patronal, que son un escándalo internacional (Proceso 2064).
Los sindicatos nacionales y extranjeros denominados independientes le dieron un voto de confianza a la reforma aprobada, pero los sindicatos cercanos al poder respingaron.
Por primera vez en este sexenio se realizaron manifestaciones contra el gobierno, pero no para defender a los trabajadores sino para que los líderes propatronales no perdieran sus privilegios con los llamados “contratos de protección” –negociados a espaldas de los trabajadores–, el tripartismo en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que le daba mucho poder a los corporativos en las pugnas contractuales, y porque desaparecen dichas juntas, donde aquellos líderes han tejido una red de corrupción (Proceso 2083).
Sin embargo, el 23 de enero de 2016 Donald Trump, entonces recién electo presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva para retirarse del TPP, creado para formar la zona de libre comercio más amplia del mundo.
En México, el gobierno, los empresarios y los líderes del sindicalismo corporativo vieron la oportunidad para reformar la ley laboral para que nada cambie y modificar otras reglas de la Ley Federal del Trabajo, que limitaba la subcontratación. Sin embargo, a decir de Alcalde, Bensusán y el abogado laboralista Alfonso Bouzas (Proceso 2130), las nuevas modificaciones serían inconstitucionales porque se pretende reforzar el tripartismo y las facultades de las juntas de conciliación y arbitraje, a nivel federal y estatal, que son del Poder Judicial.
Choque de líderes
El pasado 4 de diciembre, en el V Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores Permisionarios del Autotransporte, el líder de la CTM y también presidente del Congreso del Trabajo, Aceves del Olmo, amagó con una huelga ante un incumplimiento de compromisos gubernamentales con la central obrera del PRI en las obras del NAICM.
Dos días después, el 6 de diciembre, 19 federaciones desconocieron al senador Isaías González Cuevas como secretario general de la CROC, porque en marzo de 2016 se reeligió en un congreso al que no fueron convocados los líderes de las federaciones que la forman.
El 10 de diciembre, el propio González Cuevas y el también senador priista Tereso Medina, líder de la Federación Estatal Coahuilense de la CTM, presentaron en el Senado la iniciativa de reglamentación del artículo 123 constitucional, cuya reforma fue promulgada el 25 de febrero de 2017 y ha provocado el rechazo de organismos nacionales, estadunidenses y canadienses que participan en la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC).
El 13 de diciembre, la Unión Nacional de Trabajadores manifestó su repudio a esa reforma, porque representa una regresión de 100 años en las reivindicaciones de obreros y campesinos, además de que, a decir de la organización, al igual que en el Porfiriato se tomaron decisiones unilaterales sobre las condiciones de trabajo.
El abogado laboralista Héctor Barba afirmó entonces que dichos cambios son “un golpe mortal para el sindicalismo democrático”, “porque tienden a eliminar todos los derechos de los trabajadores y convertir a México en el adalid del esclavismo en el mundo”.
En la CTM Aceves del Olmo reaccionó el 17 de diciembre. Acusó a González Cuevas de mentiroso por declarar que el outsourcing o subcontratación beneficia a los trabajadores, por lo que su central obrera rechazaba la iniciativa presentada en el Senado.
“El dirigente de la CROC miente, él ya no sabe cómo hacerle para sostenerse, por eso hace este tipo de cosas”, comentó en un acto público en Cancún, Quintana Roo.
Al plantearle que el entonces secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, respaldó esta reforma, Aceves del Olmo señaló: “Será buena para el secretario del Trabajo; para mí no es buena ninguna cosa que no se nos haya consultado antes y que no se dé a conocer a la opinión pública”.
Al recordarle que la presentó el senador cetemista, dijo: “Será responsabilidad personal del senador Tereso Medina, que puede tener cargos muy pesados por haber dicho algo que la central que yo dirijo no le aprobó para que lo dijera”.
Para Bensusán, la reacción del líder de la Confederación de Trabajadores de México obedece, entre otras razones, a que acaban de suspender y en breve podrían expulsar a la CROC y a la CTM de la Confederación Sindical Internacional, porque se benefician de los contratos de protección y no defienden derechos de los trabajadores.
“La CTM –explica la académica– está tratando de parar la expulsión y se deslindó de la propuesta de Tereso Medina, que es un líder de la industria automotriz de la CTM. Por otro lado, Isaías González Cuevas tiene un problema dentro de la CROC. Hay un escenario confuso que, yo creo, está también determinado por factores internacionales en la negociación del TLC.”
Ley contra los trabajadores
De acuerdo con Bensusán y Alcalde, los senadores croquista y cetemista fueron los chivos expiatorios del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien tenía la obligación de presentar la iniciativa de ley reglamentaria para las nuevas disposiciones constitucionales.
Alcalde indica que Peña Nieto le encargó esta tarea a un grupo secreto, para no pagar el costo político de la protesta y que no se involucrara al candidato priista a la Presidencia, José Antonio Meade, quien participó en la elaboración de esta reforma como secretario de Hacienda.
“Fue un grupo creado fundamentalmente por entidades gubernamentales: las secretarías del Trabajo y de Hacienda, y por organismos empresariales que elaboraron la iniciativa de ley reglamentaria. Hubo quejas porque se dio a conocer que esta tarea de reglamentación se estaba utilizando para otros fines y éstos no tenían que ver nada con la reforma constitucional e iban en sentido contrario a la norma”, explica Alcalde.
Comenta que el senador González Cuevas admitió que pretendían aprobarla fast track, el 15 de diciembre, último día del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.
Prosigue el litigante laboralista: “Un tema prioritario, que no estaba contemplado en la reforma constitucional, es el outsourcing libre, que significa suprimir todos los derechos laborales a través de una subcontratación depredadora, en la que cualquier empresario puede deshacerse de la responsabilidad laboral trasladándosela a un tercero, sin más garantías que pagar el salario mínimo y registrar a los trabajadores en el Seguro Social”.
Desde su punto de vista esto convierte al trabajo en una mercancía, lo que ha sido un interés muy marcado en el sector empresarial, porque obtiene ganancias millonarias a costa de la postración de los trabajadores.
“Esta propuesta –añade Alcalde– es idéntica a la que presentó Felipe Calderón en su iniciativa de 2012, y que fue detenida por la diputación de izquierda y por el propio PRI en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, pues sostuvo que aceptar ese outsourcing era terminar con el derecho al trabajo, que sería una traición a los trabajadores.”
Con la omisión del voto secreto para que el trabajador elija afiliarse al sindicato que quiera, en la iniciativa se abre otra vez la puerta a los contratos de protección con sindicatos blancos. Con esa normatividad, el patrón no está obligado a definir por qué despide a un trabajador, pero el empleado sí debe presentar su demanda por escrito ante el nuevo órgano de conciliación y no la podrá modificar durante el juicio. “Como esa, hay varias reglas que son muy nocivas en el procedimiento”, señala el entrevistado.
Además, indica, el que era Organismo Autónomo deja de serlo y se convierte en tripartito, al integrarse un consejo técnico formado por cuatro representantes de las centrales oficiales, cuatro del sector empresarial y cuatro del gobierno.
“Está peor que antes, porque ese órgano es el encargado del registro de sindicatos y de contratos colectivos y de conciliación, lo cual es un verdadero disparate, porque a los patrones no les corresponde decidir cuándo se forma un sindicato. ¡Eso no existía ni antes de la reforma!”
Por eso, dice Alcalde, ya existen quejas ante organismos internacionales y el sindicalismo democrático se ha unido de manera extraordinaria para combatir esa norma.
Bensusán explica que se trata de quitar las restricciones del artículo 15 de la ley laboral, aprobadas en la reforma de 2012, sobre el outsourcing. “Lo único que dicen es que el contratista, quien tiene a los trabajadores, informe periódicamente al contratante que está cumpliendo con las obligaciones y ya”.
“Es un retroceso de 100 años”, agrega, pues quieren presentar la subcontratación como la solución a los problemas laborales, cuando el propio Navarrete Prida reconoció, en días pasados, que son miles de millones de pesos que se fugan en impuestos y en el IMSS, por los esquemas de simulación del outsourcing, lo cual hace de éste “uno de los problemas más graves del país”.
En opinión de la académica, esta reforma “no tiene mucho futuro, así como está ahora. Sería un retroceso. Un problema que tenemos, y que estamos heredando, es que la transición política a la democracia no terminó con este corporativismo corrupto, por lo que se sigue festejando la reelección en el sindicato petrolero, que los sindicatos corporativos entreguen dinero al PRI para las campañas electorales, que se roban el dinero, solapando a los dirigentes enriquecidos de manera escandalosa y que haya trabajadores con pérdida de derechos y de salarios, todo con el apoyo de abogados empresariales.
“Se trata de impedir el avance que estábamos teniendo en materia laboral gracias a la reforma constitucional. Se quiere mantener el viejo sistema que, en los hechos, terminó siendo como en el Porfiriato, donde sólo mandan los patrones. Estamos en un mundo al revés, donde los sindicatos, que deberían proteger a los trabajadores, presentan iniciativas contra los trabajadores; sindicatos que deberían pedir aumento salarial, se oponen a él. ¡Es el mundo al revés!”
De hecho, le llama la atención que en México los cambios democráticos “parecen venir de afuera”, de la presión internacional, porque en el interior “estamos impotentes”. “Yo creo que no hay condiciones de aprobar (la iniciativa de ley reglamentaria), pero lo pueden hacer. Ya lo vimos con la Ley de Seguridad Interior. ¡Es una situación dramática!”, concluye.
México se está jugando la construcción de un verdadero estado de derecho en el mundo del trabajo, luego de que 183 legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos enviaron una carta al representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, para pedirle que “dada la arraigada resistencia al derecho laboral en México, debemos exigir que se lleven a cabo reformas laborales reales e identificables, antes de que el Congreso vote sobre un TLC renegociado”.
En el contexto de la sexta ronda de negociaciones del TLC, llama la atención que la Secretaría del Trabajo haya respaldado esta reforma, pese a la carta que la Confederación Sindical Internacional envió al director de la Organización Internacional del Trabajo cuestionando el contenido de la iniciativa de ley reglamentaria del Srtículo 123 constitucional.
