Ejército hizo reclutamiento forzoso equiparado de civiles para la Guardia Nacional: Ex mayor de Justicia Militar
Desde el primer minuto de su creación, la posibilidad de que la Guardia Nacional fuera civil “fue una simulación”, ya que siempre contó con mandos militares que ocupaban cargos de manera simultánea tanto en el Ejército Mexicano como en la nueva corporación, denuncia la abogada militar Adriana Herrera con una carrera de 23 años en las fuerzas armadas.
- Redacción AN / JOF
Desde el primer minuto de existencia, la Guardia Nacional (GN) tuvo mando militar y los civiles que aspiraban a ser “guardias” o policías tuvieron que enfrentar “un reclutamiento forzoso como militares de manera equiparada”, debido a que antes de ser aceptados como elementos de la nueva corporación estaban obligados a enlistarse en el Ejército Mexicano como “policías militares”, afirmó la abogada militar Adriana Herrera.
En entrevista para Aristegui en Vivo, la ex mayor de Justicia Militar afirmó que la Guardia Nacional siempre contó con mandos militares que ocupaban cargos de manera simultánea tanto en el Ejército Mexicano como en la propia Guardia Nacional.
Consideró que nunca hubo voluntad por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que la GN pasará a un mando civil, destacando que desde un principio se privilegió a la disciplina y el fuero castrense, por lo que nunca se cumplió con lo marcado en la exposición de motivos para la creación de la nueva corporación.
Con 23 años de experiencia dentro del Ejército Mexicano, la abogada militar explicó que fue dada de baja de las fuerzas armadas por su trabajo como encargada de la Dirección de Vinculación Ciudadana de la Unidad para la Protección de Derechos Humanos de la Guardia Nacional, en la que erróneamente pensó que se iba a apoyar a civiles que son víctimas de uso excesivo de la fuerza o de violaciones graves a derechos humanos.
Narró que tras apoyar a tres civiles en este tipo de casos, la Unidad de Vinculación Ciudadana (Univic) de la Sedena, misma que supuestamente apoya a víctimas de violaciones a derechos humanos, intervino en el cuarto, para evitar que se cumpliera a cabalidad con la misión de apoyar a un joven que perdió un ojo tras recibir un disparo de elementos de la Guardia Nacional.
De acuerdo con Adriana Herrera, la Univic en los hechos se dedica a pagar indemnizaciones a civiles que sufren abusos o violaciones a sus derechos humanos por parte de militares, presionando a los afectados para que firmen acuerdos y se desistan de cualquier acción legal en contra de los responsables, evitando además de que haya registros de los excesos cometidos por personal castrense.
Por lo anterior, fue retirada de su cargo en la Guardia Nacional y reincorporada a las filas de la Sedena para ser asignada como Ministerio Público Militar en Reynosa, Tamaulipas, considerada una región de alta peligrosidad, destacando que se trata de una forma de castigo muy común entre los militares.
Al no acatar dicha instrucción fue dada de baja y acusada de deserción, por lo que ahora se enfrenta a un litigio con la institución que fue su centro de trabajo por 23 años.
Las irregularidades de la Guardia Nacional
La implementación de la Guardia Nacional generó incertidumbre entre los elementos de la Policía Militar y la Policía Naval que fueron asignados a la nueva corporación.
La abogada Adriana Herrera explicó que la reforma preveía que los militares que pasarían a la Guardia Nacional estarían bajo un mando civil y deberían estar regidos por leyes civiles, pero finalmente eso nunca sucedió.
Por el contrario, quedaron bajo dos mandos, uno civil y uno militar, además de que seguían sujetos al fuero militar y las leyes castrenses, provocando confusión e incertidumbre entre la tropa.
“Se generó mucha incertidumbre porque cuando te pasan a otras funciones, vas comisionado o te vas de licencia, pero en este caso fuimos asignados, separados funcionalmente de nuestra dependencia de origen, la Sedena o Marina, porque no sólo fueron militares, también fueron marinos y la policía federal, en su caso ellos fueron transferidos, porque venían de una institución que ya no iba a existir”, puntualizó.
Dijo que la diferencia entre comisionados y asignados es que al estar comisionado se mantiene el lazo o dependencia con la institución de origen, es decir, que el personal militar sigue sujeto al mando castrenses; mientras que cuando un elemento es asignado a otras funciones es separado funcionalmente de su dependencia de origen; lo que en la Guardia Nacional implicaba “que no ibas a estar sujeto al mando militar ni al fuero militar, ni a las órdenes militares ni sujeto a leyes militares”.
Si lees el dictamen para la creación de la GN, viene una argumentación muy clara, los senadores se comprometieron en el papel que para consolidar una corporación civil de acuerdo con el artículo 21 constitucional, es muy importante dejar muy clara la situación jurídica civil del personal de las fuerzas armadas que iban a ser asignadas a la Guardia Nacional, ya que de ello dependía el éxito de una nueva corporación al realizar funciones exclusivas de carácter civil en materia de seguridad pública. Inclusive se puntualiza que por ningún motivo deberá entenderse que el personal pasará sujeto al mando militar, a la legislación militar y al fuero militar.
Sin embargo, dijo que eso no ocurrió, y que por el contrario, los elementos castrenses que fueron asignados a la GN han vivido un caos sin que los senadores dieran un seguimiento a la operación de la nueva corporación y a la situación legal de sus elementos.
“Te enfrentabas a una situación complicada porque tienes que estar sujeto al mismo tiempo a dos mandos, al mando policial y militar. Además, en la práctica, los mismos mandos militares que estaban en las fuerzas armadas permanentes, desempeñaban cargos en la Guardia Nacional. Por ejemplo, el titular de la jefatura de coordinación policial era al mismo tiempo titular del cuerpo de policía militar del Ejército, daba órdenes en ambos casos”, concluyó.
