Desde que Javier Lozano Alarcón llegó a los altos niveles de la política ha saltado de un bando a otro, según sus intereses del momento. Su reciente cambio de la bancada del PAN en el Senado al equipo de campaña de José Antonio Meade confirma que el iracundo personaje no es leal ni a sí mismo –como asesor jurídico ha combatido acciones que realizó como funcionario– y que su principal habilidad es la traición.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En la primavera de 2006, en vísperas de la aprobación de la Ley Televisa en el Senado, una conversación telefónica entre Javier Tejado Dondé y Joaquín Balcárcel, altos ejecutivos de la televisora, reveló que el efímero asesor de la Comisión de Comunicaciones, Javier Lozano Alarcón, ya había cambiado de opinión a favor de las reformas en telecomunicaciones que beneficiaban al monopolio.
La grabación, cuya copia tiene Proceso, reveló que el recién nombrado vocero de la precampaña de José Antonio Meade, desde entonces era proclive a cambiar de opinión para quedar bien con poderosos intereses corporativos.
“Ya se acabaron las audiencias públicas, ya están viendo si votan o no el asunto. Entonces, estoy en eso. Algo que es muy importante: Javier Lozano, que estaba muy crítico, ya dio el bandazo y ya se pronunció a favor”, destacó Tejado Dondé, estratega jurídico de Televisa, en la parte medular de la conversación (Proceso 1725).
En efecto, Lozano cambió de bando. Había sido contratado por el entonces senador Javier Corral para asesorar en materia de telecomunicaciones a la bancada del PAN, pero terminó apoyando los intereses de Televisa. Desde entonces, el distanciamiento entre Lozano y Corral llegó a niveles de animadversión personal.
Lozano Alarcón se incorporó a la administración pública federal durante el salinismo, pero fue en el sexenio de Ernesto Zedillo donde ocupó sus principales cargos, gracias al apoyo de sus tres principales “padrinos” políticos: Guillermo Ortiz, Francisco Gil Díaz y Carlos Ruiz Sacristán, quien fuera secretario de Comunicaciones y Transportes.
Durante la administración de Ernesto Zedillo, Lozano fue oficial mayor en 1995 y subsecretario en la SCT en 1996; entre 1997 y 1998, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, donde dejó un polémico expediente por autorizarle dos prórrogas para el pago de sus concesiones en la subasta de espectro radioeléctrico a Unefon y Miditel –ésta última lo contrató luego como asesor para litigar contra la Cofetel– y después fue nombrado subsecretario de Comunicación Social en la Secretaría de Gobernación, en lugar de Emilio Gamboa Patrón.
Posteriormente se integró al equipo de comunicación de la campaña de Francisco Labastida Ochoa, quien perdió la presidencia ante Vicente Fox.
Lozano vivió en el ostracismo durante el sexenio foxista, ante la derrota del PRI. Fue rescatado por su viejo amigo de la Escuela Libre de Derecho Felipe Calderón, quien lo incorporó a su equipo de campaña en 2006, después de su apoyo a la Ley Televisa. Como muestra de “lealtad”, Lozano renunció a su militancia al PRI y aspiró a ser candidato presidencial en 2012.
En el sexenio de Calderón, Lozano fue un sembrador de tempestades en el sector laboral y también en la relación del gobierno con los medios. Como secretario del Trabajo, el poblano se peleó con el sindicato minero, con los electricistas del SME, con los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores e intervino también en actos de censura y presión, como en el caso de la periodista Carmen Aristegui, suspendida de MVS en 2011, tras preguntar al aire si el presidente de la República tenía problemas con el alcohol.
“Hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5 Ghz tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista (Carmen Aristegui), a tu proyecto se lo lleva la chingada y te olvidas de este gobierno hasta su último día”, amenazó Lozano Alarcón a Joaquín Vargas, presidente de Grupo MVS, el 13 de febrero de 2011, según relató el propio concesionario en una rueda de prensa.
Lozano apoyó las aspiraciones presidenciales de Ernesto Cordero, secretario de Hacienda del calderonismo, y decidió emprender una nueva venganza jurídica contra Jorge Álvarez Hoth, secretario de Comunicaciones en el sexenio de Fox, quien apoyó a Santiago Creel en vísperas de la contienda de 2012.
A pesar de que en 2009 la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación ya habían cerrado el caso de los 550 millones de pesos que Comunicaciones y Transportes le pagó a la compañía Unefon y absolvieron a Álvarez Hoth, en 2011 la SCT promovió un “juicio de lesividad” contra el exfuncionario foxista.
El consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio, y el propio Lozano promovieron ante la SFP otro procedimiento sancionador, argumentando “nuevas irregularidades” en el caso de la compañía telefónica de Ricardo Salinas Pliego.
“Les gusté como chivo expiatorio. Lozano violó la ley y usó el poder como lo usa ahora para perseguir y condenar a todos los que no formen parte del núcleo calderonista”, declaró Álvarez Hoth en aquella ocasión (Proceso 1908).
El propio Álvarez Hoth, quien ayudaba entonces a Santiago Creel en su segundo intento por ser candidato presidencial panista, relató que Lozano Alarcón siempre ha tenido una “doble cara”.
El caso Unefon surgió por la autorización de dos prórrogas irregulares que el mismo Lozano autorizó como presidente de la Cofetel en octubre de 1998 y marzo de 1999, en contra de las bases de licitación de junio de 1997 para explotar frecuencias del espectro radioeléctrico.
La SFP del foxismo investigó en 2001 a Lozano Alarcón y éste fue a solicitarle ayuda a Álvarez Hoth por este caso y por las presuntas irregularidades en las licitaciones de unas bandas otorgadas a MVS en el sexenio de Zedillo. Una década después, Lozano se volvió contra Álvarez Hoth y MVS.
Ya en el presente gobierno, la SFP revocó todas las denuncias e investigaciones del calderonismo en el caso de Unefon, según comentó Álvarez Hoth a Proceso.
“Lozano es una veleta. Se acomoda según vuela el viento o donde sus jefes le ordenen que se acomode. Siempre se acomoda en función de todo lo chueco”, remata Álvarez Hoth al comentar la reciente renuncia de Lozano al PAN para irse como vocero de la campaña priista de Meade.
Otro viejo adversario y conocedor de los métodos de Lozano, Mony de Swaan, expresidente de la Cofetel en el último periodo del calderonismo, calificó como un “error” del equipo de Meade incorporar al poblano a su equipo.
Para De Swaan, la razón principal de esta incorporación es el intento de “rehacer una relación especial con Televisa”, el consorcio para cuyos intereses ha trabajado Lozano en los últimos años.
Jefe de la “telebancada”
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, Lozano siguió siendo leal a Felipe Calderón, pero pronto se acomodó con el núcleo de funcionarios del peñismo responsables de impulsar las reformas estructurales, y se convirtió en el jefe de facto de la telebancada en el Senado, como presidente de la Comisión de Comunicaciones.
Cuando ambos eran senadores del PAN en esta legislatura, Javier Corral acusó a Javier Lozano de ser un “empleado” de las televisoras durante la discusión y aprobación de las reformas en telecomunicaciones.
Lozano jugó un papel polémico en esas reformas de 2013 y 2014. Incluso llegó a criticar a Gustavo Madero en marzo de 2014 por querer “dictar línea” a los senadores panistas. “Ya no eres jefe nacional”, le espetó en uno de sus incendiarios mensajes en Twitter.
Lozano se alió a los senadores del PRI y del Verde para aprobar fast track la ley secundaria en materia de radiodifusión y telecomunicaciones en 2014, a pesar de las críticas del propio PAN y del PRD a la redacción de la minuta, elaborada por el propio Lozano, el consejero jurídico de Los Pinos Humberto Castillejos; el subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta, y el director jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé, “amigo” del legislador poblano en ese momento (Proceso 1952).
Desde esas reformas, quienes conocen a Lozano señalan que estableció una alianza con el equipo peñista, especialmente con el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray; con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño; y con el consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, gracias a la intermediación de Ernesto Cordero, otro calderonista que encabezó la fractura de la bancada panista.
Lozano se convirtió en un feroz defensor de los artículos de la minuta que censuraban el tráfico y la comunicación en internet, especialmente en los artículos 183, numerales 1 y 2, que abrían la puerta a la intervención gubernamental en las comunicaciones por la red.
Durante aquellas discusiones, Lozano perdió los estribos en las sesiones del 21 y 22 de marzo de 2014, ante el rechazo del predictamen por los senadores del PRD, encabezados por Miguel Barbosa, y también de los panistas, especialmente de Marcela Torres Peimbert y Javier Corral.
El momento más candente del debate, transmitido en el Canal del Congreso, ocurrió cuando la senadora Dolores Padierna, del PRD, le reprochó a Lozano que se prestara para hacerle el “trabajo sucio al PRI y a la Presidencia de la República”, porque él había presumido en Twitter que trabajó en la iniciativa presidencial.
Molesto, Lozano “retó” a Padierna que le leyera “un solo tuit” donde él presumiera que participó en la redacción de la iniciativa de reforma en telecomunicaciones. La senadora le leyó cuatro, redactados entre diciembre de 2013 y enero de 2014, donde el senador presumía que iba a redactar la Ley de Telecomunicaciones. Lozano gritó: “¡No es la iniciativa presidencial!”
Esa intemperancia y su facilidad para insultar a legisladores que se opusieran a las “reformas estructurales” se observó en Lozano Alarcón durante las discusiones de la reforma energética y otras de esta Legislatura.
En 2016 pidió licencia como senador del PAN para irse como vocero del gobierno de Antonio Gali en Puebla y apoyar las aspiraciones presidenciales de Rafael Moreno Valle, pero retornó al Senado en el último periodo ordinario de sesiones para alentar la ruptura de la bancada panista.
Encabezó junto con Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero y Salvador Vega Casillas el llamado grupo de “rebeldes” del PAN, adversarios frontales de Ricardo Anaya, para llevar a Cordero como presidente de la Mesa Directiva y apoyar a Emilio Gamboa Patrón, jefe de la bancada del PRI, en sus dos principales objetivos: aprobar la Ley de Seguridad Interior y la Ley Televisa-Döring.
Esta última se aprobó fast track el 26 de octubre de 2017, con explícito apoyo de Lozano, para restarle al Instituto Federal de Telecomunicaciones sus funciones como regulador del derecho de las audiencias ante los concesionarios y para darle la vuelta a la prohibición absoluta de presentar como información u opinión lo que es inserción pagada o publicidad.
Furioso, en tribuna, Lozano criticó a la mayoría de la bancada del PAN por abandonar la discusión de esta iniciativa que “provino de otro diputado panista” (Federico Döring) y negó que se tratara de “un albazo” porque fue aprobada desde el 27 de abril en la Cámara de Diputados y los legisladores “tuvieron tiempo suficiente” para discutirlo en comisiones.
Los legisladores del PRI y del Verde, con Emilio Gamboa Patrón a la cabeza, se pararon para aplaudirle a Lozano cuando acusó al bloque opositor formado por el PAN, PT-Morena y PRD de “pretender no sólo secuestrar la Ley de Ingresos, sino también la reforma a la Ley de Telecomunicaciones”.
También en la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior, el 15 de diciembre, Lozano defendió a capa y espada el dictamen, acusó de “mentirosas” a las organizaciones ciudadanas que dijeron que la minuta era violatoria a los derechos humanos y se peleó en Twitter con los actores Gael García y Diego Luna por convocar a movilizaciones con el hashtag #SeguridadSinGuerra.
“Tú a lo tuyo y no opines de lo que no sabes”, le espetó Lozano a Gael García. El actor le respondió: “Políticos que se quieren parecer a Trump por querer hacer política ante un tema complejo a puro tuitazo. Y por hablar pésimo inglés también. Y por tantas razones más”. Y Diego Luna terció: “¿Pedirle a un ciudadano que no opine? Qué triste el nivel de Lozano. Y más triste nuestro futuro en manos de políticos como éste”.
Posible prevaricato
En su larga trayectoria en la función pública desde el sexenio zedillista, Lozano ha acumulado acusaciones y señalamientos. Su principal tropiezo sigue siendo el papel que jugó como presidente de la Cofetel en la licitación de espectro radioeléctrico, en la que participaron compañías telefónicas como Alestra, Avantel, Pegaso e Iteltec.
Estas empresas enviaron una carta en abril de 1999 a la SCT para quejarse de que Lozano, titular de Cofetel, le hubiera otorgado dos prórrogas a las empresas Unefon, de Ricardo Salinas Pliego, y Miditel, de Antonio Asad Kanahuati Santiago, quien también denunció en 2000 a Teléfonos de México por presuntas prácticas monopólicas en las tarifas de interconexión.
Lozano Alarcón, señalaron las empresas, no sólo violó la Constitución al otorgar esas prórrogas, sino que se justificó señalando que la decisión fue tomada directamente por el titular de la SCT, Carlos Ruiz Sacristán, por lo que se trata de “un acto de autoridad irrevocable”.
Las empresas argumentaron que las prórrogas consiguieron “aumentar la incertidumbre jurídica de los inversionistas en el sector e incrementar el costo de los proyectos de los demás participantes, afectando sus derechos patrimoniales, con las consecuentes repercusiones en los precios de los servicios finales al usuario”. Por ello, demandaron una auditoría a los procesos de licitación.
Lo peor no fueron sólo las prórrogas. Al abandonar el gobierno federal priista, Lozano Alarcón fue contratado por Miditel, de Kanahuati Santiago, para litigar contra su propia decisión como presidente de Cofetel y asesorarlo en su litigio contra Telmex.
Así se destacó en unas tarjetas elaboradas por grupos sindicalistas en 2010, cuando hicieron un duro balance de la gestión de Lozano Alarcón al frente de la Secretaría del Trabajo.
“El cómplice de Lozano es Antonio Asad Kanahuati Santiago, quien desempeñó un papel central en el rescate de Miditel al denunciar a Teléfonos de México ante la Comisión Federal de Competencia”, se señaló en la ficha (Proceso 1763).
Especialistas y conocedores del sector de telecomunicaciones, consultados por este semanario, consideran que Lozano pudo haber cometido el delito de “prevaricato” porque dictó una resolución arbitraria a sabiendas de que ésta fue injusta y luego contrató sus servicios para litigar contra su propia decisión. Pero también señalan el posible “tráfico de influencias” y “conflicto de interés”.
Lozano no ha vuelto a mencionar aquel episodio y públicamente niega haber recibido contratos de Miditel. Incluso le “rogó” a un columnista de negocios que no hiciera público el contrato, porque ponía en riesgo su carrera política y el futuro de su familia.
