México y Brasil, las dos mayores economías de América Latina y las naciones de mayor influencia regional, elegirán este año nuevos presidentes en contextos internos que tienen rasgos en común: en uno y otro país los ciudadanos están hartos de la corrupción de sus políticos, los gobernantes de turno son altamente impopulares y la gente, según estudios de opinión, se inclina por un cambio.
Hasta ahora, los votantes de los dos países están viendo en candidatos de izquierda esa opción de cambio. En México, al precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador y, en Brasil, al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Los dos figuran como favoritos en las encuestas. Esto, a pesar de las persistentes campañas de desprestigio en su contra, de sus propios desatinos políticos y, en el caso de Lula, del proceso judicial que enfrenta.
Lula fue condenado en primera instancia por el juez Sergio Moro a nueve años y medio de prisión por “corrupción pasiva” y lavado de dinero. El magistrado consideró que la constructora OAS entregó al expresidente un departamento a cambio de ser favorecida en contratos con la petrolera estatal Petrobras.
Pero el exmandatario espera que un tribunal anule esa condena en segunda instancia en las próximas semanas, lo que le permitiría presentarse de nuevo como candidato presidencial del socialista Partido de los Trabajadores (PT) en los comicios programados para el próximo 7 de octubre.
El exbrero metalúrgico, quien ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010, figura como el puntero de las intenciones de voto en las encuestas. Según la firma Datafolha, tiene el 34% de intenciones de voto, seguido por el diputado de ultraderecha Jair Bolsonaro, con 17%.
En México, encuestas de Reforma, CGE y El Universal/Buendía & Laredo dan como favorito a López Obrador para las elecciones presidenciales del 1 de julio. Le conceden un favoritismo de entre el 27.8% y el 32%.
Aunque todavía faltan muchos meses para los comicios y las preferencias pueden modificarse, es llamativo que dos candidatos izquierdistas encabecen los sondeos en los dos países de mayor peso en la región en los que, además, existe un alto grado de desencanto de sus ciudadanos con sus gobernantes.
Un triunfo de Lula o de López Obrador, o de los dos, no sólo frenaría el “giro a la derecha” que ha dado la región desde los comicios presidenciales en Argentina, en 2015, que ganó el empresario Mauricio Macri, sino que inclinaría la balanza geopolítica latinoamericana hacia la izquierda.
Esto, luego de que la izquierda tuvo una época de auge la década pasada con los sucesivos triunfos de Lula en Brasil; de Hugo Chávez, en Venezuela; de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en Argentina; de Evo Morales, en Bolivia, y de Rafael Correa, en Ecuador.
De esos gobiernos, sólo queda el de Evo Morales, en Bolivia.
Brasil hoy es gobernado por el centroderechista Michel Temer, cuya aprobación solo llega al 9%.
En Venezuela, el gobierno que encabeza Nicolás Maduro es repudiado por chavistas de pura cepa, como los exministros Jorge Giordani y Héctor Navarro y la exfiscal Luisa Ortega, quienes consideran que ese país es gobernado por una cúpula corrupta y autoritaria que no tiene nada que ver con un proyecto socialista.
Y en Ecuador, el sucesor de Correa, su copartidario Lenín Moreno, ha tomado distancia del exmandatario, mantiene un diálogo con empresarios y sectores de la oposición y hasta ha criticado a Venezuela por los “presos políticos” que tiene el régimen y los “muchos muertos” que se han producido en las manifestaciones contra Maduro.
En Chile, los gobiernos han oscilado más en torno al centro político. En los comicios presidenciales del mes pasado resultó triunfador el centroderechista Sebastián Piñera tras cuatro años de gobierno de la socialista Michelle Bachelet.
Pero Chile es un país con instituciones sólidas, bajísimos niveles de corrupción y un modelo de desarrollo muy afianzado que es sometido a matices por los gobernantes en turno.
Fieles de la balanza
La influencia regional de México y Brasil y el papel de equilibrio que juegan esos países a nivel latinoamericano se han visto muy disminuidos en los últimos años por sus enormes problemas internos.
En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff, militante del PT de Lula, fue destituida en 2016 tras un polémico juicio político que fue criticado por la OEA y su secretario general, Luis Almagro, por considerar que no existía fundamento para separarla del cargo.
Como telón de fondo de esa pelea política estaban una fuerte crisis económica que hizo caer el PIB en 7% en el bienio 2015-2016 y un escándalo de corrupción conocido como Lava Jato (autolavado) –con la trama de sobornos de Odebrecht incluida– del que no se escapó casi ningún partido político.
La llegada de Michel Temer a la Presidencia de Brasil, a pesar de las acusaciones de corrupción en su contra, completó el “giro a la derecha” de Sudamérica.
Esta nueva correlación de fuerzas en la región permitió, por ejemplo, que el Mercosur –integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– decidiera suspender en forma permanente de ese foro a Venezuela al considerar que el gobierno de Maduro rompió “el orden democrático” al hacer elegir a una Asamblea Constituyente inconstitucional desde su origen para mantenerse en el poder a toda costa.
Un viraje a la izquierda de países con el peso de Brasil y México modificaría de nueva cuenta el panorama político regional y alentaría posturas más firmes y concertadas de Latinoamérica frente a temas como las políticas antiinmigrantes de Donald Trump y el cambio climático.
Tanto en México como en Brasil hay gobiernos muy debilitados. Enrique Peña Nieto es el presidente mexicano más impopular de la historia moderna. Temer se salvó en agosto en la Cámara de Diputados, por unos pocos votos, de ser suspendido del cargo por corrupción.
Tal vez la diferencia más notable entre lo que ocurre en los dos países con los casos de corrupción, es que mientras en Brasil lo que escandaliza es la suciedad que ha salido a flote gracias a las investigaciones judiciales, en México es la falta de investigaciones en casos como los de la Casa Blanca y Odebrecht lo que indigna a la sociedad.
Pero aún con todos los problemas internos, lo que ocurra en México el 1 de julio y en Brasil el 7 de octubre tendrá un claro efecto regional.
