Inmerso en la violencia, Veracruz se desangra, pero el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares tiene sus prioridades: preparar el terreno a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez para que lo suceda en 2018. Incluso ya puso en marcha un mecanismo político-electoral para posicionarlo. El diputado federal de Morena Cuitláhuac García Jiménez, aspirante a gobernar la entidad, sostiene que el mandatario estatal hizo un pacto con personajes presuntamente vinculados a la delincuencia organizada. Sólo así, afirma, se explica que no haga nada por atender la problemática que mantiene postrada a la entidad.
XALAPA, Ver. (Proceso).– La violencia, los secuestros, robos de autos, ejecuciones y otros delitos de alto impacto se exacerban en la entidad, pero eso parece no importarle al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. De hecho, está ocupado en diseñar la estrategia político-electoral para entronizar a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez –quien ocupa la alcaldía de Boca del Río– como su sucesor.
Para el diputado federal de Morena Cuitláhuac García Jiménez, esa postración en la entidad sólo es posible a partir de los “pactos” y “relaciones amicales” que el mandatario hizo con políticos corruptos y caciques regionales presuntamente vinculados con organizaciones delincuenciales.
Él los trajo a Veracruz, dice. Y da nombres: Francisco Martínez Guevara, Rodrigo García Escalante, ambos exdiputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); los priistas Regina Vázquez Saut y Basilio Picazo, también exlegisladores, y Vicente Benítez González, del Partido Nueva Alianza (Panal), quien actualmente ocupa una curul en el Congreso local.
“Para detener a Morena –reitera– Miguel Ángel hizo pactos con el poder político local que tiene ligas con grupos delincuenciales; por eso es que los delitos de secuestros y homicidios se incrementan. En la pasada elección de alcaldes, muchos de nuestros candidatos fueron amenazados por la delincuencia organizada… Es grave lo que estoy diciendo, pero lo sostengo, porque esa es la realidad del estado.”
García Jiménez, uno de los aspirantes de Morena a la gubernatura en 2018, asegura que la inseguridad es el principal problema del panista Yunes Linares, en cuyo primer año de gobierno, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se cometieron 163 secuestros y 2 mil 220 homicidios.
Sin embargo, Yunes, en su afán de minimizar la situación, sostiene que 70% de los muertos eran sicarios o personas presuntamente ligadas a la delincuencia. El problema es que hoy “la violencia la pagan el comerciante, el profesionista, el médico, el taxista, el trailero, el ganadero. La seguridad ha fracasado”, insiste el legislador de Morena.
El mismo SESNSP sostiene que de diciembre de 2016 a octubre de 2017 se registraron 19 mil 343 robos, de los cuales 2 mil 492 fueron de vehículos y se realizaron con violencia, mientras que 234 robos fueron a casa-habitación.
Estos índices son mucho más altos que los registrados en los primeros años de gobierno de los priistas Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte, según García Jiménez.
Manipulación estadística
El domingo 17 por la madrugada hubo un enfrentamiento entre uniformados estatales con presuntos delincuentes en la cabecera de Playa Vicente. Al término de la refriega, los reporteros contaron entre 15 y 18 cadáveres, así como una decena de armas de alto poder tendidas en el pavimento y el aseguramiento de 13 vehículos por elementos de la Policía Municipal.
Al día siguiente, el gobierno estatal emitió un comunicado en el que mencionó que cuatro presuntos sicarios habían sido abatidos, pero no aludió a la decena de autos rafagueados y salpicados con manchas hemáticas que quedaron atravesados en el sitio donde se registró la balacera, que fue muy similar a la del 5 de diciembre del año pasado en el rancho Colombia Land, municipio de Jesús Carranza, al sur de Veracruz.
En esa ocasión 20 integrantes del Cártel de Sinaloa fueron abatidos por elementos del Ejército y la Fuerza Civil Estatal, mientras que otros 30 escaparon, aventándose al río Suchilapan.
Durante la gestión de Herrera Beltrán predominaron Los Zetas y el Cártel del Golfo, mientras que con Duarte se posicionaron en la entidad los sicarios de Gente Nueva y del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ahora, con Yunes, los ajustes de cuentas entre células de Los Zetas, CJNG, Ántrax, Cártel de Sinaloa, Grupo Sombra y grupos independientes de huachicoleros han dejado cientos de ejecutados.
Con respecto a los asesinatos de periodistas, durante los 70 meses de gestión de Duarte hubo 19 casos, incluidos el de la corresponsal de Proceso Regina Martínez Pérez y el del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, también colaborador de este seminario. La mayoría de los casos fueron atraídos por la PGR y terminaron archivados en la Fiscalía General del Estado (FGE).
En cuanto a Yunes Linares, en 12 meses fueron asesinados tres comunicadores: Ricardo Monlui, columnista de Crisol; Cándido Ríos Vázquez, de Diario Acayucan, y Gumaro Pérez Aguinaldo, de Voz del Sur. Los dos últimos, según una tarjeta informativa de la FGE –la Uipj/dXX/F2/1519/2017, filtrada a los reporteros por el titular de la dependencia, Jorge Winckler Ortiz–, eran “colaboradores de Los Zetas”.
El documento refiere que mediante “trabajo de campo” la Policía Ministerial detectó que el “finado” fungía como “enlace del grupo delictivo denominado Z” y era quien se encargaba de “amenazar e instruir” a los comunicadores de la zona sobre “qué publicar y qué no”.
Pérez Aguinaldo, añade, era compadre del exinspector de la Policía Municipal Víctor Acrelio Alegría, quien fue ejecutado en agosto pasado junto con el reportero Ríos Vázquez, del Diario Acayucan. En esa ocasión, la FGE vinculó a Ríos con el mismo grupo delictivo.
La tarjeta de la fiscalía destaca que la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) buscará testimonios y aportaciones de integrantes de reporteros de la región para “corroborar” lo anterior. Sin embargo, poco después la propia comisión publicó un desplegado de prensa en el que pidió una investigación “apegada a derecho”, diligente y que garantice el derecho de las víctimas y su familia.
La criminalización, oprobiosa
Celia del Palacio Montiel, coordinadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, afiliado al Club Pen Internacional, lamenta que Yunes Linares recurra al mismo esquema que utilizó su antecesor Duarte de “criminalizar” a los comunicadores agredidos.
“Eso fue justamente lo que se aprovechó muy bien durante el gobierno de Duarte para crear desconfianza en el gremio periodístico, tanto hacia adentro, para debilitarlo, evitando la posible unión entre periodistas, como hacia afuera, creando la percepción en el público de que si algo ocurre a un periodista es porque ‘se lo merecía’, ‘andaba en malos pasos’ o era ‘una manzana podrida’”, sostiene Del Palacio, quien actualmente dirige el proyecto “Violencia y medios de comunicación en Veracruz”.
Comenta que, en el extranjero, a sus colegas, académicos, historiadores y escritores les cuesta trabajo creer que haya tanta violencia contra el gremio periodístico en Veracruz, pero les asombra más el grado de impunidad.
Prosigue: “La gente no puede creer lo que les digo: tanta impunidad, tantos tipos de agresiones diferentes hacia los periodistas, la magnitud del cohecho, el clima ominoso y las restricciones a la libertad de expresión. Se sorprenden cuando muestro las portadas de los diarios que circularon en el sexenio duartista con la misma nota, las mismas palabras (que en el de Yunes).
“No pueden creer tampoco que la sociedad civil no proteste con energía, que no se haya levantado en defensa de los periodistas. Eso es quizá lo más triste cuando me preguntan qué estamos haciendo los lectores de periódicos, los intelectuales, la sociedad, todos nosotros. La respuesta es devastadora: no lo suficiente.”
De acuerdo con la investigadora, en Veracruz hay una cultura periodística de colusión con el poder, con empresarios de medios muy cercanos al gobierno y muy pocos actores sociales realmente críticos.
“Estos factores no desaparecen por arte de magia cuando un gobierno llega a su fin. ¡Ojalá hubiera posibilidad de que, con solo cambiar a un gobierno, cambiara todo lo demás!”
La diputada panista Marioso Gamboa Torales asegura que “sí hay un cambio”, pues hoy se combate de manera frontal al crimen organizado. En el sexenio de Duarte, dice, se maquillaban cifras de violencia y a los muertos se les “echaba tierrita” (en alusión a las fosas); hoy los medios de comunicación son muy críticos porque, insiste, extrañan los 13 mil millones de pesos que recibieron en la administración anterior vía publicidad, para comprar las conciencias de reporteros y directivos.
Con Duarte, señala, hubo delitos de lesa humanidad, como los levantones masivos de jóvenes en Xalapa, Puerto de Veracruz, Úrsulo Galván y Coatzacoalcos
Y añade: a muchos se les olvida que el priista Javier Duarte, su jefe policiaco Arturo Bermúdez, su vocera Gina Domínguez, su tesorero Mauricio Audita y el de Obras Públicas, Francisco Valencia, están en la cárcel por las investigaciones del propio Yunes Linares, iniciadas desde antes de llegar al gobierno.
El senador priista Héctor Yunes Landa, primo hermano de Yunes Linares, suele afirmar que Miguel Ángel salió peor que Duarte: “Los números son fríos, no están sujetos a los debates que tanto gustan al gobernador; Miguel Ángel nos está saliendo peor que Duarte, que ya es un decir”.
Tejiendo futuro
El diputado Cuitláhuac García, de Morena, habla de Miguel Ángel Yunes Márquez, el delfín del gobernador que está al frente del ayuntamiento de Boca del Río y ya se siente el próximo gobernador.
Hoy, dice, los secretarios de despacho del gobierno estatal tienen que “pedir permiso” al hijo del mandatario para hablar y moverse.
Afirma que en las secretarías de Desarrollo Social, de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, en la de Seguridad Pública, en el DIF y demás dependencias ya se puso en movimiento la maquinaria política-electoral para encumbrar a Yunes Márquez como el sucesor de su padre.
Si bien Veracruz tiene a 2 millones de personas con “precariedad alimenticia, no hay un programa real de apoyo al campo. El dinero se prioriza para las elecciones o para contratar en la Sedesol a 2 mil 400 operadores panistas enfocados a repartir despensas para captar votos”, refiere el diputado de Morena.
El reportero telefoneó al gobernador Yunes Linares para conocer su punto de vista sobre las opiniones aquí expresadas, pero no respondió. También buscó a su vocero, Elías Assad, quien tampoco contestó la llamada.
