Por Jorge Javier Romero Vadillo
Benito Juárez es, en más de un sentido, el fundador del Estado mexicano; no solo porque fue él quien encabezó a la coalición que finalmente controló todo el territorio nacional, sino, sobre todo, por haber inaugurado la forma de articulación entre las reglas formales e informales que ha sido característica del entramado institucional mexicano. Juárez se hizo con el poder como defensor de la Constitución liberal de 1857, pero solo gobernó, durante los 14 años en que se ostentó como presidente de la República, ya fuera real o meramente virtual, algo así como 180 días sin algún tipo de poder de emergencia que le permitía gobernar por encima de la constitución, y esos días no fueron continuos. Fue él quien institucionalizó el fraude electoral y también fue el Benemérito quien inició la peculiar forma de control de la prensa que acabó arraigándose en el país.
La libertad de prensa era uno de los principios básicos de la ideología liberal en nombre de la cual Juárez había hecho la guerra y, finalmente, se había hecho con el poder efectivo. Su legitimidad simbólica abrevaba de su lealtad a la Constitución de 1857, por lo que no le convenía ejercer el poder de manera abiertamente dictatorial. Sin embargo, la prensa libre era una monserga, pue constantemente criticaba sus excesos: sus intentos por modificar la Constitución con un método –el referéndum– inconstitucional o su reiterada utilización del fraude electoral para hacerse con diputados y gobernadores leales. Pero como no hubiera sido muy liberal cerrar a los periódicos díscolos, buscó un antídoto contra la prensa oposicionista: la prensa subvencionada.
Su sucesor, que era lerdo tan solo por su apellido, continuó la estrategia inaugurada por el prócer, con lo que durante su gobierno fueron favorecidos con recursos públicos los periódicos adictos, mientras que se marchitaban en la inopia los recalcitrantes, en un país donde la población letrada era minúscula. Con todo, la proverbial racanería de Lerdo llevó a que al final de su mandato la mayoría de los periódicos lo convirtieran en blanco de sus ataques y a que contribuyeran a la causa porfirista.
Porfirio Díaz, demasiado buen político para ignorar la eficacia del método, aumentó considerablemente las subvenciones a los periódicos oficiosos y favoreció con empleos y oportunidades a los escritores adictos, al paso que organizaba el vacío oficial en torno a los disidentes. La aparición de la prensa industrial, en 1896 con El Imparcial –contradictorio nombre para un diario abiertamente gobiernista– marco el punto de madurez de un arreglo que acabaría por crear una trayectoria institucional que ha sobrevivido a la Revolución, primero, y al surgimiento de la pluralidad política en tiempos más recientes: recursos y premios a los devotos, hostigamiento y vacío a los críticos, que subsistían en un estado permanente de semiclandestinidad.
Madero quiso revivir a la Constitución de 1857, convertida en mera ficción aceptada por el régimen del caudillo. Así, eliminó las subvenciones a la prensa y dejó plena libertad a los críticos. Pagó caro su ingenuidad, pues fueron los periódicos enardecidos por la sequía de recursos públicos para su subsistencia los principales promotores de la demolición de su gobierno.
Carranza había aprendido la lección, así que en cuanto se consolidó en el poder promovió la creación de un periódico adicto: El Universal, que sin duda ha sido consecuente en su línea editorial durante sus 101 años de vida, como alardeaba en su editorial del martes 26 de diciembre, pues siempre ha sido un periódico al servicio del gobierno en turno, lo que le ha redituado a sus propietarios y a sus directivos pingües beneficios. Y aunque surgieron periódicos críticos y opositores durante los primeros años del nuevo régimen, gradualmente los mecanismos de domesticación ensayados durante el porfiriato se fueron perfeccionando con el tiempo.
Fue Lázaro Cárdenas quien creó el instrumento más efectivo para obtener la disciplina de los periódicos: el monopolio estatal de la producción e importación del papel. No se trataba del ejercicio de una censura abierta, pues las críticas al gobierno subsistían en diarios como Excélsior o Novedades, de orientación católica y empresarial, pero comenzaron a tener límites claros, que los propios directivos establecían. Cárdenas también convirtió a El Nacional, primero vocero del Partido Nacional Revolucionario, en el periódico del gobierno, mientras que la CTM creó El Popular, también dedicado a la exaltación cardenista y, desde luego, financiado con recursos públicos.
Ya en la época clásica del régimen, a partir del pacto de 1946, a pesar de que hubo periódicos con diferentes orientaciones ideológicas –El Popular, hasta 1961, y El Día, a partir de 1962, a la izquierda; Novedades o Excélsior y, sobre todo desde 1965, El Heraldo, como voceros de la derecha católica y empresarial– la relación de subordinación política con el régimen se mantuvo y los límites a la crítica eran precisos: no se cuestionaba ni al presidente ni al ejército.
La relación con la prensa se consolidó con base en incentivos institucionales e intercambios mutuamente provechosos, aunque no escritos. A pesar de las características autoritarias del régimen, la censura abierta generalmente no era necesaria. La naturaleza del vínculo, durante la época de la prensa oficialista, se definió por una complicidad estable que permitía a unos hacer como que informan a cambio de distintas formas de subvención estatal: el costo del proteccionismo se reflejaba en las dificultades de la prensa para desarrollar su independencia económica.
Junto a la reciprocidad no escrita, la opacidad de la relación también provenía de la falta de definición de las normas que fijaban los límites entre la esfera del poder y la de la prensa. La falta de claridad en el marco legal–normativo facilitaba la disuasión cuando la negociación fallaba. La discrecionalidad con la que se manejaba la publicidad estatal, o la amenaza con sanciones fiscales, eran la clave para lograr la docilidad. La política discrecional de subsidios ocultos por medio de la publicidad oficial fue el instrumento de presión privilegiado para una prensa generalmente flaca en tirajes en un país donde nadie lee.
¿Qué cambió de todo esto con la pluralidad democrática? Obviamente, nada.
