El mal ejercicio de los recursos públicos destinados a mejorar las policías no debe ser usado como justificación para militarizar la seguridad pública, coincidieron organizaciones civiles.
La corrupción de los tres niveles de gobierno en el uso del dinero para mejorar a las policías del país, explica la incapacidad de las fuerzas civiles para combatir al crimen organizado, lo cual no puede ser utilizado como argumento para justificar la militarización de la seguridad pública, denunciaron organizaciones civiles.
Lo anterior se desprende de un análisis realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), basado en el último informe de la cuenta pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el cual se documenta cómo el mal ejercicio de dinero público dirigido a fortalecer a las policías no ha contribuido a mejorar a las corporaciones encargadas de la seguridad pública.
La corrupción de los tres niveles de gobierno en el uso del dinero para mejorar a las policías del país, explica la incapacidad de las fuerzas civiles para combatir al crimen organizado, lo cual no puede ser utilizado como argumento para justificar la militarización de la seguridad pública, denunciaron organizaciones civiles.
Lo anterior se desprende de un análisis realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), basado en el último informe de la cuenta pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el cual se documenta cómo el mal ejercicio de dinero público dirigido a fortalecer a las policías no ha contribuido a mejorar a las corporaciones encargadas de la seguridad pública.
«La ASF determinó que el número de operativos para la persecución de los delitos decreció en 71.2%, ya que pasó de 404 en 2012 a 116 en 2015, y en ese año significaron el 0.3% del total de operativos; comportamiento similar mostraron los operativos de carácter preventivo, al disminuir en 74.3%, de 608 en 2012 a 156 en 2015», señala el informe de auditoría realizado a la PF.
Un caso preocupante dentro de la PF, de acuerdo con el IMCO, es el caso de la Gendarmería Nacional, cuerpo de seguridad que ejerció 2 mil 842 millones de pesos de los 4 mil 591 millones previstos (61% de lo presupuestados originalmente), pues apenas cumplió con el 0.8% de los operativos previstos en sus metas anuales. Esto, debido a que de los 10 mil operativos de disuasión, reacción, contención y restablecimiento del orden público previstos, la ASF sólo pudo acreditar la implementación de 75.
El órgano fiscalizador constató también que dicha división no tuvo incidencia en la reducción del 9.3% de delitos de alto impacto, registrada entre 2014-2015, pues «se evidenció que ésta no fue atribuible al despliegue operativo de la División de Gendarmería, ya que se demostró que el número de delitos registrados en las entidades federativas disminuyó o aumentó invariablemente con o sin la participación de la Gendarmería».
A la Gendarmería se le han destinado 10 mil 591 millones de pesos de presupuesto en lo que va del sexenio de Peña (1 mil 500 millones en 2013; 4 mil 500 millones en 2014 y 4 mil 591 millones en 2015).
Las deficiencias no sólo ocurren en la Policía, sino en toda la Comisión Nacional de Seguridad, órgano encargado de desarrollar las estrategias de seguridad pública; en 2015, «no presentó avances significativos en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de prevenir y combatir la comisión de delitos», según la ASF.
Cuartoscuro
LA CORRUPCIÓN EN EL GASTO POLICIAL, LA REGLA
El estudio del IMCO también cita casos de corrupción y opacidad en el gasto a las policías estatales y municipales.
Uno de estos casos ocurrió en Sonora, donde el gobierno estatal presentó irregularidades por 108 millones de pesos de los 317 millones destinados a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP). Un monto que representa la tercera parte del presupuesto destinado a mejorar la policía estatal.
En dicho caso, la ASF reportó gastos no comprobables en equipo de cómputo y comunicación, chalecos antibalas, vehículos y armamento, así como la simulación de obras de ampliación y remodelación.
Otro caso a nivel local ocurrió en un municipio de Veracruz, que recibió 29.4 millones de pesos por parte del Subsidio para la Seguridad de los Municipios 2015, de los cuales destino 5 millones (20% del presupuesto) en la compra de material escolar como computadoras, pizarrones, pupitres y videoproyectores, situación que evidencia la manera en que el gasto para seguridad se utiliza en otras cosas.
#SeguridadSinGuerra
CORRUPCIÓN NO ES JUSTIFICACIÓN PARA MILITARIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA
De acuerdo con integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra, el mal ejercicio de recursos públicos para reforzar a las policías ha sido utilizado como justificación para aprobar la Ley de Seguridad Interior que pretende legalizar y otorgar facultades especiales al Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública.
Por ello, cuestionaron que la omisión de la Secretaría de Gobernación y del Sistema Nacional de Seguridad Pública para auditar correctamente los recursos utilizados para profesionalizar a las policías.
«Hay una especie de mentira que se retroalimenta a sí misma. Y la mentira es: como las policías no son capaces de mantener la seguridad pública, necesitamos mantener a las fuerzas armadas como se hizo hace más de 10 años. Pero las cifras del IMCO explican en gran medida cómo se sostiene esa medida. Y el común denominador, como sucede con los grandes problemas que enfrenta el país es corrupción con C mayúscula», señaló Juan Francisco Torres Landa, secretario de la organización México Unido Contra la Delincuencia.
«El panorama de la seguridad pública es desastroso, como no teníamos memoria. Pero ya sabemos que las promesas de los funcionarios públicos no solamente son falsas, sino que los recursos que los ciudadanos pagamos a través de nuestras contribuciones ni siquiera están llegando a esos propósitos. ¿Cuándo va a estar lista la policía para regresar y asumir la responsabilidad que hoy en día, anticonstitucionalmente está manejando el Ejército? Bajo este panorama nunca», agregó.
Una opinión con la cual coincide María Elena Morera, directora de la organización Causa en Común.
«El sexenio pasado nos dijeron que la Policía Federal iba a crecer con 5 mil hombres al año. Si esto hubiera sucedido, en muchos de los estados no necesitaríamos a las fuerzas armadas porque estaría la Policía Federal. Aquí hay de dos sopas: o la Secretaría de Hacienda no da suficientes recursos o alguien se roba los recursos de la Policía Federal. Yo diría que son las dos», señaló Morera.
«El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública está en Gobernación, y es el encargado de revisar en qué gastan los recursos, cómo los gastan, cómo se hacen los acuerdos. Y se supone que auditan lo que hacen con ese dinero y se supone que no deberían dar (dinero) a la siguiente administración si hubo faltas. Esto no lo están haciendo», agregó.
En este sentido, Morera manifestó que de acuerdo con testimonios de policías federales, muchos de los elementos se han visto obligados a pagar por sus propios uniformes e incluso, muchos de los vehículos de la corporación quedan inhabilitados por falta de dinero para pagar gasolina.
