La Ley de Seguridad Interior (LSI) fue aprobada por el congreso a pesar de las críticas de sociedad civil, expertos y organismos internacionales como la ONU y la CIDH. Como les dijera en su cara el académico Alejandro Madrazo: nuestros legisladores siguen creyendo que somos tontos y no entendemos lo que sucede.
El argumento de parte de los promotores de la ley es que era necesario regular lo que ya sucede. Necesario tal vez, pero no así. Quienes hemos sido críticos de la LSI creemos que con ella dimos un paso más hacia la militarización y que las consecuencias serán graves y difíciles de revertir en el futuro.
La pregunta de mucha gente es qué pasará ahora. ¿Cómo será México cuando la nueva LSI se instale? Yo le puedo decir cómo: en materia de seguridad, México será como Sinaloa. O al menos algo parecido. Y tristemente no lo digo como algo bueno.
¿Por qué? Bien sencillo, aquí en Sinaloa el modelo que propone la LSI se viene construyendo desde hace muchos años. Pero con el gobierno de Quirino Ordaz dio pasos acelerados.
Me explico. De acuerdo con el colectivo #SeguridadSinGuerra, la nueva LSI ofrece graves amenazas, enumeraré y explicaré las más relevantes para el “Caso Sinaloa”:
1. Da a las fuerzas armadas facultades de policía.
En Sinaloa usted puede ver militares arriba de las patrullas de la policía: patrullan, arrestan, ponen retenes. Desde el arranque del este gobierno, cerca de dos mil efectivos militares se encargan de las tareas de seguridad. Y tan solo en 2017 ya tenemos más muertos que en 2016.
2. No genera controles para verificar el respeto a los derechos humanos.
De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, desde que el ejército se apropió de las calles en Sinaloa, es la institución que concentra la mayor parte de las quejas principalmente por abusos de autoridad, ingresos a domicilios sin órdenes de cateo, y maltrato. Si ya cojeaban de esa pata, ahora les damos permiso.
3. Permite a fuerzas federales (y militares) intervenir en protestas sociales.
En 2014 se realizaron en Culiacán marchas para protestar contra el arresto y la extradición de Joaquín Guzmán, entonces el gobernador Mario López Valdez envió a la policía ministerial a disolver la segunda marcha: dispararon al aire en medio del caos absoluto, golpearon a un reportero nuestro e hicieron arrestos masivos e ilegales. De milagro no pasó a mayores. Ahora esa tarea le tocará al ejército.
4. Toda la información sobre seguridad interior será confidencial.
También en 2014, el Congreso Local aprobó en unanimidad el artículo 51 Bis, en lo que se llamó coloquialmente la “Ley Mordaza”. El artículo prohibía tratar asuntos de seguridad. A punta de protesta, pudimos derogarlo, pero la tentación del silencio ahora se materializa: no vamos a saber nada sobre acciones, recursos y decisiones. El argumento será impecable: “confidencial por seguridad interior”.
5. No impone límites de tiempo a afectaciones de seguridad interior.
¿Cuánto debe durar el ejército en una región o estado? Lo que sea necesario. En Sinaloa el ejército asumió las tareas de seguridad civil desde 40 años en la zona serrana y ahora lo hace también en zonas urbanas. No es porque van ganando, sino porque cada vez la policía puede menos y los criminales más.
6. No obliga a que estados y municipios fortalezcan policías.
Sinaloa tiene un gran déficit de policías y de la que existe, más de la mitad está reprobada. Tanto el gobernador como el Secretario de Seguridad, Genaro Robles, han insistido en que la presencia militar es temporal, pero todo indica lo contrario: el proyecto de reconstrucción policial no se ve y se planea instalar una base militar enorme y permanente en el centro del estado.
7. Fomenta intervención militar en inteligencia civil.
En Sinaloa todos los mandos importantes en materia de seguridad son ocupados por militares. Y otra de las grandes acciones promovidas por el gobernador Ordaz Coppel es la inversión en tecnología, en ella destaca la compra de dos drones para patrullaje y vigilancia con valor de 3.5 MDD. ¿Adivine quien los operará?
8. Definiciones imprecisas permiten que todo quepa en “seguridad interior”.
Dado que Sinaloa carga con el estigma narco y todo delito de alto impacto es etiquetado de inmediato como “crimen organizado”, el nuevo concepto de “seguridad interior” nos viene perfecto: acá prácticamente la “seguridad civil” no existe, todo será materia de las Fuerzas Armadas porque “todo es crimen organizado”.
¿Pero entonces que hacemos con el argumento del “último recurso”? Porque tampoco podemos ser románticos cuando sabemos que en amplias zonas del país, solo el ejército puede contener a ciertos grupos criminales.
De acuerdo, pero el error está en confundir lo último con lo único. Como señala Michael Ignatieff: la decisión ética debe ser prudencial; tomarse sobre la base de demostrar que las fuerzas armadas son la última opción; y siempre con un enfoque temporal.
Por favor señores diputados y senadores, volteen a Sinaloa para que vean que 40 años de usar al ejército como único recurso termina mal.
40 años de ejército no han impedido que seamos unos de los estados más violentos del país y que la marca “Sinaloa” no se entienda sin el prefijo “cártel”. Acumulamos 30 mil homicidios desde la Operación Cóndor y el Gobierno de los Estados Unidos recomienda no viajar a nuestro estado. Esos son los saldos de la “guerra” que ahora perpetuamos. No somos los únicos, Tamaulipas y Chihuahua pueden incluirse también. Lleve eso a escala nacional.
En fin, la nueva LSI es peligrosa por muchas razones, pero sobre todo por una: nos dice que no hay de otra. Que el ejército es el ÚNICO CAMINO. Aún cuando la experiencia internacional nos enseña que no es así. Una experiencia que nuestra clase política no ha querido escuchar.
¿Exagero? No. Si no me cree, venga a Sinaloa. Verá al ejército en las calles, y aún así notará que vivimos con miedo.
