Por espacio de una hora, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón estuvo en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en donde declaró sobre el asunto del presunto lavado de 100 millones de pesos, que supuestamente implica al PT.
Se presentó de manera voluntaria porque no había sido llamado a declarar en torno al caso.
La PGR anunció en días pasados que abrió una investigación por la presunta transferencia del montó señalado a cuentas personales de Guadalupe Rodríguez de Anaya, esposa del líder nacional Alberto Anaya.
La transferencia la habría hecho supuestamente el gobierno de Nuevo León a las mencionadas cuentas, que pertenecen a Rodríguez de Anaya y otras personas allegadas a la administración de los Cendis.
En su oportunidad, Asael Sepúlveda, miembro del PT señaló que los recursos para los Cendis, los Centros de Desarrollo Infantil, provienen de la federación, pero se canalizan por medio del gobierno estatal.
Por otra parte, el gobierno del estado acordó regularizar la situación del personal de los Cendis.
Lo anterior lo dio a conocer el propio Anaya, tras una reunión con Manuel González, secretario General de Gobierno.
Llagamos a un acuerdo con relación al pago pendiente de 700 maestras y educadoras de los Cendis. Estuvimos de acuerdo en que ellos hicieran los pagos directamente», compartió y agregó que desde hace 17 años buscan regularizar la situación laboral del personal de esos centros.
Confesó que se esperó tanto tiempo porque había una visión diferente del gobierno estatal y hoy sí están en disposición de entregar la administración al estado.
Insistió en que la investigación de la PGR por el presunto lavado de dinero es una «persecución política».
