Ricardo Ravelo
Desde 1997, cuando se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), equipado con una base de datos basada en criminales, ninguno de los gobiernos que sucedieron al de Ernesto Zedillo ha podido frenar la inseguridad pública. Desde entonces, cuando las tecnologías fueron incorporadas con mayor optimismo en las tareas de seguridad, el país ha venido colapsando en ese rubro hasta convertirse un territorio parecido a Afganistán –y a su capital, Kabul — en su mayor etapa de terror.
Y cuando se afirma que México se parece cada vez más al país asiático es porque los niveles de criminalidad y desgobierno están totalmente desbordados: por ningún lado se observa que el gobierno de Enrique Peña Nieto –en cuya gestión se contabilizan más de 20 mil muertos, cifra que ya rebasa el estupor –logre enderezar el mal rumbo que lleva el país en materia de combate a la criminalidad.
Se puede entender –más no aceptar –que el sexenio sea un fracaso en cuanto a concretar un proyecto policiaco nacional. Hay realidades insoslayables: El mando único ha sido un fiasco. Las policías municipales son brazos armados de la delincuencia. Decenas de alcaldes son capos que se entronizaron en el poder pagados por el crimen organizado. Y frente a este escenario de extrema violencia ni Ejército ni la Marina –últimos eslabones de la cadena de seguridad –tienen ya la capacidad de contener la violencia.
Como si el país estuviera en Guerra –es inevitable citar a los territorios de Afganistán –por todas partes se asesinan o desaparecen personas y nadie investiga. Los responsables de las fiscalías de los estados y de la Procuraduría General de la República (PGR) se cruzan de brazos y se paralizan ante su propia impotencia: no disponen los recursos económicos ni humanos para procurar justicia, aunque los gobernadores priistas y no priistas agiten la bandera de la razón y la honestidad.
El crimen organizado hace de las suyas ante los ojos de los gobernantes. Descuartiza a sus víctimas, desaparece a sus rivales, sepulta a sus enemigos, ejecuta tanto de día como de noche y las policías, prestas para brindar la protección, omiten realizar detenciones porque desde la cúpula del poder existen pactos con la mafia que impiden a gobernadores y alcaldes actuar.
Resulta impresionante, tanto como si se tratara de escenas de una película de terror, mirar lo que ocurre en Guerrero, donde el gobierno de Héctor Astudillo ya quedó reducido a una mera figura decorativa frente al molino triturador de la delincuencia
En Guerrero operan varios cárteles, entre otros, el de Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos –cuya expansión, según la DEA, ya amenaza la seguridad interna de Estados Unidos. Sinaloa opera en el estado con todo la protección oficial, lo mismo que un reducto en crecimiento de los hermanos Beltrán Leyva. También tienen su coto de poder y está en ascenso el Cártel de Acapulco.
De acuerdo con informes de la PGR, Guerrero es uno de los estados que más organizaciones criminales tiene: más de 600 grupos dedicados a la delincuencia común y organizada se disputan ese territorio. De igual forma, más de mil comunidades de la sierra viven del cultivo de la amapola, de donde sale la goma de opio, y los campesinos no piensan abandonar este negocio porque, según aseguran, es el único que les permite vivir.
Y es que los cárteles pagan por adelantado la cosecha de goma de opio. Alquilan las tierras y de esa forma aseguran que la producción se entregue con seguridad para, posteriormente, producir la heroína que en cuestión de días cruzará la frontera con la protección oficial. Se sabe desde hace muchas décadas que el cultivo de la amapola es un negocio que tiene protección incluso del propio Ejército.
Guerrero, históricamente, ha sido un estado exportador de violencia a inseguridad. En su geografía privilegiada han crecido importantes grupos caciquiles ligados al narcotráfico. Y desde el poder del gobierno del estado se les brinda todo tipo de protección. Por eso la policía de esa entidad está ubicada entre las más corruptas del país.
