Plagado de cárteles del narcotráfico y funcionarios corruptos que suelen ser cómplices de las bandas, México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo entre las naciones donde no hay una guerra abierta. En lo que va de año, nueve reporteros han sido asesinados, y el grupo activista Artículo 19 documentó más de 100 decesos desde 2000 en lo que los observadores califican de crisis total para la libertad de expresión.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se creó para intentar frenar el derramamiento de sangre. Evalúa las amenazas a los periodistas y les ofrece ayuda en forma de botones de pánico y protección del hogar y, en casos excepcionales, guardaespaldas. Como última opción, ayuda a los afectados y a sus familias a reubicarse.
Pero, como dice este reportaje de Associated Press, de poco ha servido…
Ciudad de México, 22 de noviembre (AP).- Tras años de amenazas y ataques que Cándido Ríos achacó a un alcalde local enojado por sus informaciones, la casa del periodista, en el estado mexicano con más reporteros asesinados, estaba rodeada por una cerca coronada por rollos de alambre de espino y rodeada por media docena de cámaras de seguridad que controlaba desde las pantallas de su sala de estar.
Nada de eso importó la tarde que se detuvo, como cualquier otro día de regreso a su casa tras una jornada de trabajo, en la tienda de una gasolinera de carretera que es también un punto de reunión de la comunidad. Mientras Ríos hablaba con un ranchero de la zona, hombres armados llegaron de improvisto y abrieron fuego matando a los dos hombres y a un ex inspector de la policía que se acercó a la escena.
Ríos, un veterano reportero de sucesos del Diario de Acayucan, estaba en el programa del Gobierno de México para la protección de periodistas desde 2013, su primer año completo. El 22 de agosto, en la gasolinera de la localidad de Covarrubias, en el estado de Veracruz, se convirtió en el primer reportero del plan en ser asesinado, enviado un estremecedor mensaje a los que confían en la iniciativa federal para seguir a salvo.
Periodistas y activistas señalaron que el asesinato dejó muy claro que el programa, con sede en la Ciudad de México y conocido como “el Mecanismo”, es incapaz de proteger a los casi 600 inscritos en todos el país. Cuenta con apenas 30 empleados y no tiene fuerzas de seguridad propias.
Las medidas de protección se limitan a la seguridad en domicilios y botones de pánico en celulares, y los reporteros apuntaron que con estas medidas continúan peligrosamente expuestos si siguen trabajando. Exiliarse o esconderse en lugares seguros no es una forma de ejercer el periodismo.
“Las medidas que le proporcionaron sí fueron efectivas en su momento, pero dentro del domicilio”, dijo Cristina Ríos Nieves, hija del periodista. “Mi padre no trabajaba en su casa. Su profesión era estar fuera del domicilio trabajando, caminando, buscando notas”.
Plagado de cárteles del narcotráfico y funcionarios corruptos que suelen estar compinchados con las bandas, México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo entre las naciones donde no hay una guerra abierta. En lo que va de año, nueve reporteros han sido asesinados, y el grupo activista Artículo 19 documentó más de 100 decesos desde 2000 en lo que los observadores califican de crisis total para la libertad de expresión.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se creó para intentar frenar el derramamiento de sangre. Evalúa las amenazas a los periodistas y les ofrece ayuda en forma de botones de pánico y protección del hogar y, en casos excepcionales, guardaespaldas. Como última opción, ayuda a los afectados y a sus familias a reubicarse.
Ríos, que informaba de sucesos como la mayoría de los periodistas mexicanos que terminan abatidos, había estado bajo la protección del Mecanismo durante casi más tiempo que ningún otro de los participantes. Asentado en una zona rural del este de Veracruz dominada por la ganadería y el cultivo de caña de azúcar, entró en conflicto con un alcalde local en 2001 por un reporte sobre la desaparición de un concejal de la municipalía y su conclusión de que el regidor era el responsable del suceso.
Esto dio inicio a lo que Ríos describió como años de acoso, golpizas y detenciones que aseguraba que estaban orquestadas por el exalcalde de Hueyapán, Gaspar Gómez. En uno de los ataques le rompieron las costillas y caminaba con un bastón.
Días antes de su asesinato, Ríos publicó un video en el que llamaba “psicópata” a Gómez. Él le respondió con otra grabación en la que prometía pegarle si lo veía. Gómez dijo también que no era su intención matar a Ríos, pero sugirió que si el reportero era abatido, él podría ser el responsable. Los llamados a dos números de teléfono obtenidos para González no fueron atendidos esta semana.
Las autoridades señalaron que creen que el objetivo real del ataque era el ex inspector de policía, de quien se dijo que tendría vínculos con el crimen organizado. En el momento de su muerte era candidato en una elección a un cargo público local, fue baleado mientras intentaba huir y el guardaespaldas que le había sido asignado
Investigadores estatales no respondieron a las peticiones para comentar el caso.
Cecilio Pérez Cortés, el editor de Ríos, y sus familiares dicen que desconocen si el reportero era el objetivo del ataque, pero critican a los funcionarios gubernamentales por descartar esa posibilidad en menos de 24 horas. Según Pérez, la escena del crimen fue una simple balacera sino que a Ríos le apuntaron y dispararon.
Con independencia de esto, Patricia Colchero, directora del Mecanismo, señaló que el asesinato ilustró como la violencia de bandas de México limita la efectividad de la iniciativa, especialmente en lugares como Veracruz.
“Una medida de protección frente la violencia que hay no es suficiente”, señaló Colchero. “Por eso decimos que lo que tenemos que lograr son medidas de prevención. Porque la protección, va a llegar el momento que no va a ser suficiente”.
En agosto de 2016, el estado de Chihuahua, en la frontera norte del país, se convirtió en la primera región donde el Mecanismo adoptó un enfoque diferente que va más allá de la mera protección a periodistas y trabajadores de derechos humanos. El plan busca medidas “que permitan reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones”, con más de 50 propuestas de acciones, desde un grupo de trabajo para la resolución pacífica de disputas territoriales a talleres de autodefensa.
Pero es un programa excepcional en un único estado, y podría tardar algún tiempo hasta tener efectos significativos.
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Los críticos alegan también que un programa federal con sede en la capital no es el instrumento adecuado para proteger a gente que podría estar a más de 1 mil 600 kilómetros (mil millas) de distancia. Sin embargo, la propuesta para convertirlo en un plan estatal es considerada problemática por muchos, ya que alrededor de la mitad de los casos donde se identificó al agresor de un periodista, este era un funcionario público.
Reconociendo la ola de asesinatos de reporteros, México creó una fiscalía especial para abordar estos casos, pero todavía no hay condenas.
“El contexto generalizado de impunidad que permite que ocurra gran parte de la violencia, es algo sobre lo que el Mecanismo tiene muy poco control”, dijo Jan-Albert Hootsen, corresponsal en México del Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York. “Responden a emergencias. No aplican la ley por sí mismos”.
Miguel Ángel Díaz, fundador del cibersitio de noticias Plumas Libres, entró en el Mecanismo en agosto de 2015 después de que otro periodista de Veracruz, el fotógrafo Rubén Espinoza, fuese abatido en la Ciudad de México.
Díaz había sufrido acoso y amenazas del ex jefe de seguridad pública del estado. Recibió un botón del pánico y el número de teléfono de un agente de la policía federal, pero sintió que la gente que gestionaba el programa no entendía las demandas de un periodista en activo y huyó a Argentina ese octubre.
Regresó unos meses después, cuando pareció que la situación se había calmado.
Ya no está inscrito en el programa y confía en su formación en autodefensa para protegerse y en la meditación y el tai chi para aliviar el estrés.
“Solo uno puede defenderse, puede sobrevivir a esta masacre que está pasando”, apuntó Días. “Nosotros tenemos que inventar la forma de protegernos y la forma de hacer periodismo sobreviviendo.”
Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México, dijo que su organización recomienda a los periodistas que se enrolen en el Mecanismo a pesar de sus fallos, y que el objetivo del grupo es presionar para que se realicen mejoras en lugar de que la gente lo abandone.
“Es la única instancia que se tiene de protección del Estado y el Estado tiene que asumir esta responsabilidad”, declaró.
En los siete primeros meses de 2017, 63 periodistas más se unieron al programa, un incremento atribuido en parte a asesinatos de alto perfil como el de Javier Valdez, cofundador del diario Riodoce y legendario cronista del narcotráfico en el estado de Sinaloa.
Ríos, de 59 años, documentó meticulosamente las agresiones que sufrió y las reportó a las autoridades.
Analistas del Mecanismo revisaban su caso con regularidad, incluyendo el pasado febrero, cuando viajó a la Ciudad de México. La amenaza en su contra no registró cambios en cuatro años y temía un ataque contra su domicilio, donde se centraron las medidas de protección, explicó Pilar Tavera, una de las nueve asesoras del programa.
Lo que no pudieron analizar, sin embargo, fue ningún reporte de las autoridades estatales de Veracruz sobre las denuncias de Ríos contra el alcalde, que estuvieron pendientes durante años.
“En ese análisis de riesgo no había elementos para decir que la persona estaba en esta situación de riesgo inminente”, agregó Tavera.
El asesinato el pasado marzo de Cecilio Pineda, fundador de La Voz de Tierra Caliente, que informaba sobre la delincuencia organizada y la corrupción en el estado sureño de Guerrero, fue otro de los casos en los que las autoridades estatales fueron de poca ayuda.
Pineda había escapado de un atentado en 2015 y las autoridades sabían desde entonces quién estaba detrás de él. Fue baleado mientras estaba tumbado en una hamaca en un lavado de autos en Ciudad Altamirano.
El Mecanismo se ofreció a reubicar a Pineda en 2015 y 2016, pero el reportero se había negado porque no podría mantener a su familia y se suspendió su caso.
Funcionarios del programa reconocieron que no habían encontrado un modo de proteger a Pineda sin trasladarlo.
“Entiendes perfectamente al periodista cuando está frente a ti y te dice ‘yo no puedo aceptar la extracción porque esto significa mi muerte profesional’”, dijo Tavera. “Entonces, a un periodista le creas una burbuja y sigue vivo, pero deja de ser periodista”.
El Presidente debe dar la cara por el asesinato de periodistas: CPJ; que el Congreso lo cite: RSF
