CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 1 de diciembre de 2012, rendidas ante él las cúpulas de PAN y de PRD por el Pacto por México, Enrique Peña Nieto ofreció que su primera obligación como presidente de la República sería cumplir y hacer cumplir la ley.
“Éste será un gobierno al servicio de los derechos de todos los mexicanos. El bien mayor y el bien último es la vida humana. Por eso el primer eje de mi gobierno era lograr un México en paz. Pondremos al ciudadano y a su familia en el centro de las políticas de seguridad”, ofreció
Pero como en tantas cosas, Peña mintió: México es, a casi cinco años de gobierno, un país con un reguero inmenso de cadáveres y con amplias comarcas con ausencia de Estado, patrimonio de los criminales que se saben impunes.
Cuando falta un año de su sexenio, Peña ha logrado lo que se pensaba imposible: Que homicidios producto de la violencia criminal rebasen al gobierno de Felipe Calderón, el iniciador –en 2006– de una estrategia de fallido combate a los grupos criminales con el Ejército y la Marina como columna vertebral.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que, entre 2013 y 2016, se acumularon 87 mil 778 defunciones por homicidio, lo que significa que son 19 mil 355 personas más que en el mismo periodo de Calderón.
Este 2017 apunta a ser el más violento de las más recientes dos décadas, como ya lo fue el año pasado.
La organización civil Semáforo Delictivo anticipó que, por la tendencia observada en el año, el 2017 terminará con más de 24 mil homicidios. Sólo en el primer semestre, la cifra de este delito es un 16% mayor a la que se presentó en el mismo periodo de 2011, año en el que se registró la cifra más alta durante la administración de Calderón.
Estos datos revelan que el “México en paz” prometido por Peña, en su toma de posesión, resultó una falacia, pero la percepción de los mexicanos en todas sus regiones es de indefensión, aun en aquellos lugares donde no hace muchos años parecían blindados como Querétaro, Guanajuato y la propia Ciudad de México.
En su toma de posesión, Peña prometió que cambiaría la estrategia militarista de Calderón: “Para lograr resultados, trabajaremos con estrategia, con una real y eficaz coordinación entre los órdenes de gobierno, a fin de combatir la impunidad y hacer que prevalezca la justicia y la paz”.
Inclusive, detalló: “Debemos cambiar de paradigma, entender que no habrá seguridad mientras no haya justicia. En el México que vislumbro hay justicia e inclusión, que serán las bases del pacto social. De ahí que el segundo eje de mi Gobierno sea lograr un México incluyente. Debemos combatir la pobreza y cerrar la brecha de la desigualdad, que aún, lamentablemente, divide a los mexicanos”.
No fue así y los costos de la estrategia militarista iniciada por Calderón y seguida por Peña no ha sido sólo en la pérdida de vidas humanas, sino en desaparecidos, desplazados y vejados por las bandas criminales o los cuerpos del Estado, en una crisis de derechos humanos que cruza dos sexenios.
Las cifras son también elocuentes en este ámbito: Durante el sexenio de Vicente Fox se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas y se emitieron 11 recomendaciones, según informe del Centro de Derechos Humanos José Agustín Pro Juárez.
Y en 10 años que van del sexenio de Calderón y los primeros cuatro de Peña –sin cuantificar aún el actual– se presentaron más de 10 mil 751 quejas y se han emitido 146 recomendaciones.
Así como en la economía, con un mísero crecimiento menos de dos puntos y con una inflación de casi 7% anual, el “México en paz” de Peña es otro fracaso, que quiere prolongar otro sexenio con José Antonio Meade, el taimado tecnócrata que sólo ha sido custodio de los peores intereses del país con el PRI y el PAN.
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