En México, las armas se nos han vuelto de uso común. Como en el viejo oeste, andar armado es ahora cosa cotidiana. ¿Lo vemos? No necesariamente, pero lo sabemos por su consecuencia más dolorosa: miles de homicidios año tras año.
Sobre la premisa del derecho a defenderse, Estados Unidos ha defendido su Segunda Enmienda desde 1971, la cual permite a sus ciudadanos el derecho a la posesión y portación de armas.
Pero también desde esa misma enmienda se explican los tiroteos masivos cada vez más continuos y letales. La falacia de culpar siempre a los terroristas ya no convence: en Las Vegas, un americano común se armó hasta los dientes y disparó desde su lujosa suite a los asistentes a un concierto. En Sutherland, Texas, otro americano de 26 años irrumpió en una iglesia bautista y mató a 26 personas.
En México, sin necesidad de enmienda, los mexicanos se están armando con consecuencias desastrosas. De mantener las tendencias, 2017 cerraría con 30 mil homicidios, lo que lo convertiría en el año más violento de la historia reciente. Es decir, el Presidente Peña Nieto entregará muchos más homicidios que Felipe Calderón al final de su sexenio. Y eso ya es decir bastante.
La mayor parte de esos homicidios suceden con armas de fuego. Y cada vez con armas de más grueso calibre o uso exclusivo del ejército. ¿Pero quienes son los poseedores de esas armas y perpetradores de esos homicidios?
Hasta ahora, y con la prudencia de considerar que en este tema los vacíos de información son enormes, parece que no son los mexicanos comunes y corrientes quienes se están armando, sino mayoritariamente los delincuentes relacionados con el crimen organizado.
Aunque es posible, en México nadie tramita un arma legal vía la SEDENA, ¿para qué si una ilegal se puede conseguir en el mercado negro de manera facilísima y hasta más barata? Y lo mejor de todo, sin dejar rastro de su uso. Es decir, dado que nuestra legislación permite adquirir armas solo para tenerlas en casa y que castiga severamente a quienes se atreven a usarla, los mexicanos comunes deciden no hacer uso de ese derecho.
Mientras tanto, entramos en el peor de los mundos: sabedores de su impunidad, los delincuentes sí se arman de manera ilegal y lo hacen en exceso. En Sinaloa he visto una y otra vez detenciones donde un solo individuo porta verdaderos arsenales, desde pistolas “matapolicías”, 9 mm, hasta “cuernos de chivo”, granadas y calibres .50.
Según un reporte del Observatorio Nacional Ciudadano, en México existen cuatro rutas para el tráfico ilegal de armas: el Pacífico, el Golfo, el Centro y el Sur. Y es secreto a voces que el principal origen de esas armas es Estados Unidos. Los cárteles del narcotráfico son los principales clientes e importan camiones enteros de armamento, municiones y equipamiento sin mayor problema.
¿Cómo pueden esos envíos de armas cruzar la frontera sin que ninguna autoridad los intercepte? No subestimo la astucia de los traficantes, pero sobre todo no subestimo su dinero: la respuesta es una buena mezcla de corrupción, ineptitud e ineficacia.
Pero el problema se hace cada vez más complejo. A pesar de que todavía en 2016 la mitad de los mexicanos rechazaba tajantemente la propuesta de poseer y portar armas (Parametría), nadie puede negar que los ciudadanos están hartos de ser víctimas recurrentes de los criminales. En la medida en que los delitos cometidos con armas de fuego (asesinatos, secuestros, asaltos, extorsión, etc.) son cada vez más constantes, más tentador se vuelve el discurso de la necesidad de armarnos para defendernos.
Ese discurso debe preocuparnos porque conlleva de manera intrínseca el fracaso institucional: como el gobierno es incapaz de protegerme, entonces me protejo yo. Es querer solucionar un problema creando otro. Vamos, si no somos capaces de controlar el armamentismo de grupos pequeños del crimen organizado, ¿cómo vamos a hacerlo de manera masiva?
Y más preocupante aún, me parece que ese discurso incluye un fondo más peligroso: la retaliación. La venganza. El que la hace la paga. La ley del Talión. Como el gobierno es incapaz de procurar justicia, entonces que lo hagan los ciudadanos.
Por eso urge apretar en el diseño e implementación de política pública en materia de armamentismo en México. Ernesto Villanueva recién tiró un buscapiés con su libro “El derecho de armarse”, una reflexión interesante sobre este fenómeno y sus aristas jurídicas y prácticas.
Vale tomarle la palabra antes de que algún populista nos venga otra vez con el cuento de que la manera de acabar con la violencia es darle a la gente instrumentos para ejercerla.
Librero.
“El derecho de armarse” (Proceso, 2017) del Dr. Ernesto Villanueva es un libro bien documentado que apunta a un debate imprescindible en estos tiempos para los mexicanos: nuestro derecho, incluido en la Constitución, a poseer armas y usarlas en defensa propia.
Un tema polémico de abordar, pero ineludible en un país donde la violencia se nos hizo costumbre.
