Ante los daños causados por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) vigilará que no se condicione la ayuda proveniente de programas sociales.
En un comunicado, la fiscalía fundamentó su advertencia en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cuyo artículo séptimo dice que “se impondrán de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años” a quien “amenace con suspender los beneficios de programas sociales… por no participar en eventos proselitistas o para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención… del voto”.
Asimismo, resaltó que en el artículo 11 se imponen “de 200 a 400 días de multa y prisión de dos a nueve años al servidor público” que “condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales”, así como el otorgamiento de documentación oficial en el ámbito de su competencia, “a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar” por alguno de ellos.
Si lo que se condiciona es un programa social, se aumentará hasta un tercio de esta pena.
La FEPADE también alertó que sancionará con las penas previstas a quien “destine, utilice o permita la utilización ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio” de un aspirante o partido, “sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado”.
Lo mismo aplica para quien “proporcione apoyo o preste algún servicio” a un actor electoral, “sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores”.
LA REDACCIÓN
