INTRIORES
Carlos Lòpez Arriaga
Desde el momento mismo de su arresto, el caso de EUGENIO HERNÁNDEZ ha estado sujeto a una y mil especulaciones en torno a su viabilidad como causa penal.
Por principio se dice que faltan elementos para ligar plenamente a HERNÁNDEZ con el asunto de las salineras en Altamira, donde son otros los nombres y distintos los tiempos involucrados en el negocio.
Y aunque sin duda es voluminoso y más sustantivo el expediente norteamericano, igual es cierto que el recurso de amparo sirvió de resguardo (antes) y está permitiendo (hoy) a sus abogados suspender de manera provisional cualquier acuerdo de cancillería que incluya la extradición.
Para fines de opinión pública, por aquí muy cerquita, en el vecino estado de Nuevo León, hay un ejemplo similar con (1) gran expectativa en la víspera, (2) mucho ruido durante el arresto, pero (3) resultados pobres.
La promesa de encarcelar al priísta RODRIGO MEDINA (con buena parte de su familia) fue bandera ostensible, aparatosa, del independiente JAIME RODRÍGUEZ en días de campaña.
Tanto que la gente más sencilla de dicha entidad llegó a imaginar acciones inmediatas y contundentes al siguiente día de consumarse el relevo.
Como si la voluntad pura del “Bronco” pudiera abreviar los tiempos legales, acortar los procedimientos y fuera suficiente chasquear los dedos para que los acusados aparecieran tras las rejas.
O que las fortunas mal habidas volvieran en automático al erario, sin pérdida de tiempo, ni deterioro alguno en su valor, intactas, completitas.
Lo cual se escuchaba emocionante como promesa de campaña. Muy eficaz para ganchar el voto inconforme y capitalizar el hartazgo de la gente ante el derroche y la corrupción gubernamentales.
Aunque en la práctica tal propósito se atasque en papeleos legales. Rutas que es forzoso recorrer antes de ver al adversario político y su parentela cumpliendo condenas.
Se diría que con dicha misión llegaron los abogados de la defensa. Para meter zancadilla a las mejores intenciones del “Bronco”.
Quien, mire usted, tomó posesión del cargo el 4 de octubre de 2015, pero logró el arresto de RODRIGO hasta el 26 de enero de 2017. Esto es, 15 meses y 22 días después de iniciar su mandato.
Peor todavía, la detención de MEDINA se verificó en cumplimiento de una orden muy limitada (más bien mediocre) que disponía prisión preventiva de 30 días.
La cuál, con la mano en la cintura, se la sacudió el exgobernador neoleonés haciendo valer un amparo y saliendo a las pocas horas, junto al equipo de abogados que capitanea ALONSO AGUILAR ZÍNZER.
Hoy JAIME RODRÍGUEZ ha dejado temporalmente de fungir como gobernador de Nuevo León. Anda muy ocupado buscando firmas para que el Instituto Nacional Electoral (INE) le autorice su candidatura independiente a la primera magistratura del país.
Mientras tanto, el señor MEDINA sigue en libertad, el proceso se alarga, se pierde en minucias, retardos, en toda esa parsimonia jurídica, deliberada y cansina.
Algún paralelismo habrá con el caso de EUGENIO en los asuntos del fuero común que inicialmente justificaron la captura de RODRIGO. Desvío de fondos públicos, peculado, daño patrimonial.
Aunque justo es decir que el regiomontano no tiene al norte del río Bravo un maxiproceso como el que apunta hacia los exgobernadores tamaulipecos, con propiedades cuantiosas decomisadas, cuentas de banco congeladas y gente cercana dispuesta a declarar.
Tampoco aparece en el caso de MEDINA la sombra (comprobable o presunta) del narcotráfico, la pretendida colusión con la delincuencia organizada en ambos lados de la frontera.
Duelo de inteligencias, tiempo de esgrima legal en ambas trincheras. Veremos quien muestra los mejores lances y, sobre todo, en qué bando surge el punterazo final.
