Por: Jesusa Cervantes (Apro)
Inesperadamente, el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, propuso formar una “Comisión Especial que investigue el presunto enriquecimiento inexplicable del presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya”. Eso bastó para desatar la contrapropuesta panista, que incluye al presidente del PRI, Enrique Ochoa, y a Enrique Peña Nieto. Así, la guerra sucia preelectoral entre el PRI y el Frente Ciudadano por México tomó la Cámara de Diputados.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ante la imposibilidad de hacer precampaña electoral antes del 14 de diciembre, PRI y PAN decidieron convertir San Lázaro en escenario de sus acusaciones de corrupción, con miras a los comicios federales del próximo año.
A diferencia de los últimos periodos de sesiones, en que se discutía sobre el presupuesto y cuánto dinero lograban agenciarse los partidos después ejercerlo como obra pública en plena campaña, las nuevas reglas electorales y la formación de un frente que agrupa a PAN, PRD y MC cambió las prioridades.
Desde sus posiciones claves, como las presidencias de las comisiones de Gobernación, Justicia y la Sección Instructora, el PRI ha logrado evitar que sus correligionarios sean castigados por señalamientos de la oposición o de organizaciones ciudadanas.
Los partidos del frente acusan al PRI de utilizar la Cámara de Diputados como escudo y denuncian que viola la ley, aplica argucias legales o recurre a la dilación para evitar que sus exgobernadores, secretarios de Estado o legisladores pisen la cárcel o sean sometidos a juicio político.
Las demoras a las que han recurrido los priistas como táctica jurídica llevaron a la oposición a exigir que el Poder Judicial ordenara al Poder Legislativo cumplir con su función de sesionar y determinar cuáles de los políticos denunciados debe ser llevado a juicio político.
De acuerdo con las nuevas reglas del Instituto Nacional Electoral, el proceso federal de 2018 arrancó el 8 de septiembre y el inicio de las precampañas se fijó el 14 de diciembre, para finalizar el 22 de febrero. Después viene propiamente la campaña y el 1 de julio la elección presidencial.
El INE prohibió a los presidentes de los partidos promoverse mediante spots de sus partidos, pero ello no impidió que el PAN encontrara un set para mantenerse en el centro de la atención del electorado sin violentar la ley: la Cámara de Diputados.
El 31 de agosto, al arranque del periodo ordinario de sesiones que concluye justo el 14 de diciembre, el PAN se llevó los reflectores al impedir la instalación de la Mesa Directiva. Exigió que el PRI no designara al procurador general Raúl Cervantes como fiscal general de la nación.
El siguiente golpe lo dio el 4 de septiembre, cuando Anaya, la presidenta del PRD Alejandra Barrales y el líder de MC, Dante Delgado, anunciaron la conformación del Frente Ciudadano por México. Dejarían para el día siguiente su registro formal ante el INE.
La visita frecuente a San Lázaro de los líderes nacionales del frente obligó al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, a asumir que la cámara era la nueva arena política. El 25 de septiembre, acompañado de los líderes parlamentarios de su partido, acudió a ese recinto para proclamar que el PRI renunciaba a 100% del dinero público que el INE entregaría para el último trimestre de este año.
Y el 12 de octubre, tomando la delantera, el PRI lanzó su propuesta de crear una comisión especial que indague el presunto enriquecimiento del líder del PAN, Ricardo Anaya.
El coordinador priista, César Camacho Quiroz, argumentó: “Es menester que el Poder Legislativo, en sus funciones fiscalizadoras y de control de uso, destino y posible mal uso de los recursos públicos, pueda coadyuvar a indagar sobre actos de corrupción y enriquecimiento ilícito que señalan la impunidad de un dirigente partidario a nivel nacional.”
Añade “que el interés de la Cámara por abordar esta investigación resulta de valorar que no existe precedente alguno de denuncias relacionadas con el enriquecimiento inexplicable del presidente de un partido político nacional, que no siendo servidor público no puede ser investigado conforme a las normas aplicables a la función pública, lo que exige y amerita la acción de esta soberanía”.
Pero también justifica la intervención “en el interés de diversos legisladores ante una situación que puede ser inédita y que requiere el concurso y participación de todos los grupos parlamentarios y la coordinación de los poderes públicos”.
En el documento que fue entregado a la Mesa Directiva a las 10:27 horas del jueves 12, el PRI propone que la comisión investigadora la encabece el partido mayoritario de San Lázaro, es decir, el PRI.
El PAN respondió de inmediato que votará a favor de la comisión, pero adelantó que exigirán el que se indague también al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, a fin de saber de dónde obtuvo el dinero para comprar en efectivo sus concesiones de servicio de taxi y el origen de los recursos de sus cuentas en el extranjero.
“Que se investigue también cómo es que forma parte de una empresa de laboratorios farmacéuticos”, añadió el PAN, y de paso pidió que se indague cómo el presidente Enrique Peña Nieto compró la “casa blanca” y a Emilio Lozoya, quien deberá aclarar todo lo referente a la firma Odebrecht, “porque en la información con la que contamos se habla de que con ese recurso se financió una parte de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto”.
El PRI pide presidir la comisión, el PAN propone que lo haga Morena y este partido rechazará la posición. Corresponderá al presidente de la Mesa Directiva dirimir el asunto.
Chicanadas jurídicas
En la carrera presidencial se han sumado las peticiones de desafuero y solicitudes de juicio político contra priistas.
PAN, PRD y MC, quienes forman parte de las comisiones encargadas de concretar dichas peticiones, coinciden en que el PRI ha utilizado sus posiciones para mantener la impunidad de sus militantes.
“El Poder Legislativo ha sido usado por el PRI para encubrir a exgobernadores, diputados federales de su partido y, ahora, PAN y PRI, se inventan una comisión investigadora como parte de su cotilleo. Todo es parte de la pugna por el 2018 y eso se va a multiplicar de aquí a las elecciones”, sentencia Macedonio Tamez Guajardo, diputado federal por Movimiento Ciudadano, integrante de la Subcomisión de Examen Previo encargada de analizar las solicitudes de juicio político y director de área en el Cisen durante el último tramo de la administración de Felipe Calderón.
A su vez, el perredista Rafael Hernández Soriano, secretario de esa subcomisión, sostiene que el PRI ha recurrido a interpretaciones jurídicas “mañosas”, a “chicanadas jurídicas” y “dilaciones” para exonerar a sus compañeros de partido. Incluso, él mismo hubo de recurrir al Poder Judicial para que le ordenara a la Cámara de Diputados cumplir su función.
En tanto que el panista Juan Pablo Piña acusa al PRI de utilizar los órganos legislativos para evitar que sus integrantes sean llevados ante las instancias judiciales. Específicamente se refiere a la determinación del tricolor de no retirar el fuero constitucional a los diputados federales Antonio Tarek Abdalá y Alberto Silva, respectivamente extesorero y exdirector de comunicación en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz.
La Cámara de Diputados es la encargada de verificar si procede o no la demanda de un juicio de desafuero. Para ello se crea la Subcomisión de Examen Previo, la cual está conformada por las comisiones de Justicia y de Gobernación, presididas por los priistas Álvaro Ibarra Hinojosa y Mercedes del Carmen Guillén.
También, cuando así lo amerita, se conforma la Sección Instructora, encabezada por el priista Ricardo Ramírez Nieto.
Los entrevistados acusan al PRI de haberse apoderado de las presidencias de dichas instancias para acallar desde ahí los escándalos mediáticos contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, los exgobernadores Rodrigo Medina de Nuevo León, Javier Duarte de Veracruz y Roberto Borge de Quintana Roo, así como los diputados Tarek y Silva, entre otros.
En el caso de la Subcomisión de Examen Previo, el PRI se negó reiteradamente a sesionar e instaló la comisión hasta el 25 de abril de 2016. A partir de ahí, tanto el perredista Hernández Soriano como Tamez Guajardo y el panista Jorge Triana Tena han enviado por lo menos 10 oficios en diversas fechas solicitándoles a los presidentes de Justicia y Gobernación que se hagan reuniones para analizar cuáles juicios políticos proceden.
Ni Guillén ni Ibarra atendieron las peticiones, lo que llevó al perredista Hernández Soriano a denunciarlos el 26 de septiembre de 2016 ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa, para que los obligara a sesionar. Pero tampoco atendieron.
No fue sino hasta el 1 y 22 de marzo de 2017 que la Subcomisión de Examen Previo sesionó, “desechando” 109 casos “por transcurso de tiempo”, 49 “por no ser sujetos” y nueve más por muerte de los denunciados.
Hernández Soriano acusa a los priistas de haber dejado pasar el tiempo para que los asuntos prescribieran, y como ejemplo más emblemático está la demanda de juicio político contra Lozoya Austin por su presunta participación en una red de corrupción con la empresa española OHL.
La solicitud se presentó el 1 de marzo de 2016, sin embargo se sesionó hasta el 1 de marzo de 2017 para sostener que el asunto había prescrito, pues la ley establece el plazo de un año después de dejar un cargo para ser sujeto de juicio político. Lozoya Austin dejó la dirección el 8 de febrero de 2016, por lo que el señalamiento prescribió el 8 de febrero de 2017.
Los priistas hicieron trampa, no cumplieron ni sus propios acuerdos, señala Hernández Soriano, quien los acusa de haber puerto como regla analizar los casos cronológicamente. “Teníamos 378 casos, por lo que con esa regla era casi imposible mantener vivos los de esta administración”.
Además, acusa, una de las últimas peticiones de juicio fue contra el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, pero como el presidente de la Comisión de Justicia, Ibarra, fue su secretario general, lo incluyó en la lista de los que no procedía.
Hernández Soriano recuerda que le preguntó a un priista por qué no convocaban a sesión. Su respuesta fue: “Ve a tu alrededor. Muchos de los diputados vienen de la administración pública, donde hay acusados, pues hay temor de que también se les investigue”.
Otro caso que puede llevar al enfrentamiento es la demanda de desafuero de Tarek Abdalá y Alberto Silva, quienes como funcionarios de Javier Duarte son señalados del desvío de un total de 4 mil millones de pesos.
El diputado panista Juan Pablo Piña, integrante de la Sección Instructora, encargada de dictaminar las solicitudes de desafuero, acusa al PRI de mantener en la impunidad a sus militantes ilegalmente.
Recuerda que, por ley, el dictamen sobre el desafuero de Tarek debió estar listo el 27 de abril pasado. “Ahí se violó la ley”, señala, pero además el presidente de la Sección presentó un argumento rebatible al negarse a procesar el documento: que Tarek contaba con un amparo. Sin embargo, dicho amparo no tenía nada que ver con la Sección Instructora.
Luego, “presenta un dictamen en donde dice que no procede el desafuero porque el fiscal de Veracruz aún está elaborando las carpetas de investigación”. No obstante, recuerda que el propio fiscal, en un oficio fechado el 5 de octubre, dice que ya está listo para solicitar la acción penal.
Ahora, en atención al artículo 111 de la Constitución y el 45 de la Ley del Congreso, el presidente de la Mesa Directiva debe someter al pleno en la sesión, este martes 17, la opción de mantener o no el fuero a los diputados federales priistas.
No hacerlo sería violar la Constitución, afirma el diputado Piña. Las operaciones del PRI, sostiene el panista, tienen el fin de mantener la impunidad y tratar de ocultar la corrupción que sus militantes trajeron a la cámara desde que ganaron la elección de 2012.
Este reportaje se publicó el 15 de octubre de 2017 en la edición 2137 de la revista Proceso
