El número de desaparecidos en México llegó a niveles sin precedente. Al corte estadístico histórico de julio pasado, 33 mil 482 personas estaban en condición de no localizadas
, según el reporte de autoridades locales y federales, entregado a la Secretaría de Gobernación. Por número, las principales víctimas son los jóvenes.
La mayoría de este acumulado histórico (32 mil 277 expedientes) son del fuero común (la investigación y responsabilidad corresponde a las procuradurías y fiscalías estatales), mientras que mil 205 están a cargo de la Procuraduría General de la República.
Los casos corresponden básicamente a reportes de personas desaparecidas o no localizadas en una década (de 2007 a julio de 2017); aunque hay 311 archivos de sucesos denunciados antes de 2007
, y 329 de los que se desconoce el año de la desaparición de la persona.
El aumento de expedientes durante el lustro más reciente es de al menos 30 por ciento si se considera que en 2014 el gobierno federal dio a conocer la existencia de un banco de datos, en ese momento, de 22 mil 322 nombres de personas en condición de no localizadas.
La entonces subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón, y la subprocuradora Jurídica de la Procuraduría General de la República, Mariana Benítez, dijeron que tras una actualización documental, el saldo era de poco más de 22 mil 322 expedientes, de los cuales 12 mil 532 fueron abiertos durante el sexenio de Felipe Calderón y el resto, casi 10 mil, durante los primeros dos años de la administración actual.
La entonces subprocuradora enumeró las acciones para la construcción de una política pública para atender esta problemática.
El primer paso era la depuración del banco de datos y la profundización de diligencias ministeriales para la ubicación de las personas. Desde entonces se habló de la construcción de un plan nacional de búsqueda sistematizado, así como de la creación de una red nacional de procuración de justicia para la búsqueda de personas.
Sin embargo, hasta ahora los datos estadísticos disponibles siguen siendo tan escasos como el sexenio pasado y la ley en la materia se encuentra en la Cámara de Diputados, para su eventual ratificación.
Por lo pronto, en el fuero común los aumentos más significativos continúan en las entidades con el mayor número de expedientes sin resolver: Tamaulipas (5 mil 943), estado de México (3 mil 832), Sinaloa (2 mil 852), Jalisco (2 mil 782), Nuevo León (2 mil 567) y Chihuahua (2 mil 2). Es decir, seis entidades concentran 60 por ciento del problema.
Fabiola Martínez
