La organización Artículo 19 dio a conocer hoy un reporte sobre la actuación de los gobiernos federal y capitalino luego del sismo del martes 19, en el que concluye que incumplieron con los estándares internacionales en contextos de desastres naturales.
La actuación de las administraciones de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera ante la tragedia, sostuvo, redundó en perjuicio de garantías fundamentales, lo que se tradujo en un “vacío informativo” en diversos aspectos que, en mayor o menor grado, impactaron derechos humanos de la sociedad, como la vida, la integridad y la seguridad personales.
Ese vacío informativo –dice– ya ha sido motivo de denuncias públicas por parte de vecinos, familiares de personas atrapadas entre los escombros y damnificados en edificios ubicados en Álvaro Obregón 286 y en el Multifamiliar Tlalpan, entre otros.
Incluso, refiere que la falta de información clara y precisa provocó, tres días después del terremoto, tensiones y conflictos en puntos como Chimalpopoca y Bolívar, donde se desplomó una fábrica textil.
En su reporte, Artículo 19 consigna que logró documentar que las autoridades federales y locales aplicaron un férreo bloqueo informativo a los periodistas, cuya labor, dice, resulta fundamental en el contexto de desastres naturales.
“No hay justificación sobre esta respuesta limitada y restringida en materia de comunicación, cuando se cuenta con vastos recursos para informar a la sociedad. Por el contrario, la comunicación gubernamental se ha enfocado, una vez más, en promover la imagen del presidente de la República, otros altos funcionarios e instituciones en los lugares de desastre, en lugar de brindar información adecuada, pertinente, idónea y necesaria en este contexto”, consigna.
Y destaca que tampoco se explica por qué no se ha concentrado la vocería en una persona que informe de manera constante y periódica a la población.
En los lugares de colapsos o daños severos, indica, se reproduce el mismo esquema: no hay quien concentre la información, o quien la concentra la brinda de manera limitada. Incluso, como en el caso “Frida Sofía”, la información provista por fuentes oficiales ha distorsionado la realidad de los hechos.
El organismo señala que tampoco se cuenta con cifras oficiales aproximadas de personas desparecidas, o con un listado que recupere en su totalidad los datos de personas hospitalizadas.
Durante los momentos más apremiantes de búsqueda y rescate, y hasta la fecha –acota–, no ha fluido información oficial adecuada sobre las necesidades en lugares de colapso, centros de acopio y albergues.
“Lejos de informar, la estrategia gubernamental en los niveles federal y local ha tenido como objetivo controlar y administrar la información. No es casual que ante la falta de coordinación interinstitucional que redunda en el vacío informativo, diversas iniciativas ciudadanas –como #Verificado19S– hayan suplido la ausencia del Estado en este rubro”, subraya.
Para documentar lo anterior, Artículo 19 realizó encuestas en 11 puntos distintos de la capital del país donde cayeron edificaciones o los inmuebles sufrieron daños severos.
De los resultados obtenidos se desprende que, ante la inexistencia de información oficial sobre personas desaparecidas, las acciones provinieron fundamentalmente de la sociedad civil, la cual creó listas colaborativas con procedimientos de verificación.
En el caso de las personas ingresadas en los hospitales, la información oficial, dice, se difundió a través de Locatel, pero, ante las deficiencias ya planteadas, la población generó un registro más efectivo a través de cuentas en Twitter y Facebook que se sistematizó en listas colaborativas.
Además, subraya que el gobierno mexicano ha utilizado los espacios de publicidad oficial en medios de comunicación masiva, como la radio y la televisión, para difundir spots, con el formato característico de este gobierno federal, en los que, en vez de proporcionar información de interés público para la ciudadanía, pretende resaltar que las instituciones gubernamentales están cumpliendo con sus obligaciones, lo que, con base en esta documentación, es medianamente cierto.
A su juicio, lejos de incentivar mecanismos efectivos para evitar la propagación de mensajes inciertos, las autoridades federales y locales emprendieron los días 22, 23 y 24 de septiembre una campaña de mensajes contradictorios –a través de cuenta oficiales como @segobmx o del propio Osorio Chong, @osoriochong– para que las personas hicieran caso omiso a los rumores e invitaron a consultar sólo información de cuentas oficiales.
Ello intentó desacreditar en un primer momento –acusa la ONG– el esfuerzo que desde la población se articuló para garantizar la fiabilidad de la información.
A partir de la información recabada, Artículo 19 concluye que hay una ausencia total de protocolos para mantener informadas a las personas que se ubican en las zonas de derrumbe o de riesgo, ya sea porque fueron afectadas por el sismo o bien porque se han acercado para brindar ayuda.
En ninguno de los 11 sitios en los que se recabó la información, señala, se implementó una estrategia para brindar actualizaciones sobre el estado de las cosas y/o insumos que facilitaran la toma de decisiones de manera periódica, lo cual generó mucha incertidumbre.
En suma, las autoridades han incumplido los mínimos estándares para explicar a la población de qué manera se están articulando para afrontar la situación, quiénes son los responsables, bajo qué principios se rige su actuar, cuál es la función de cada una de las autoridades presentes y, en el caso particular de las fuerzas armadas, cuál es el comportamiento que se espera de ellas y las obligaciones a cumplir que justifiquen tanto su presencia como el cerco que han establecido para limitar la actuación de la sociedad civil.
En su reporte, la organización documenta también denuncias de servidores públicos a quienes sus superiores les han solicitado que retiren de sus redes sociales los videos o fotografías con las que buscaban dar cuenta del deterioro y posible riesgo en sus lugares de trabajo, con el argumento de “no generar mayor confusión”, como sucedió por parte de las autoridades del Centro Nacional de las Artes (Cenart).
Con base en lo anterior, la agrupación no gubernamental sostiene que el Estado mexicano ha desplegado durante y después de la crisis una política de ocultamiento y censura.
“La actual estrategia de comunicación gubernamental no ha sido proactiva ni eficiente para difundir las medidas de respuesta adoptadas por las autoridades. Tampoco garantiza, hasta el momento, las acciones de búsqueda de justicia para fincar responsabilidades institucionales y de actores privados por los daños a la vida, a la integridad y al patrimonio de las personas producto de posibles actos de corrupción”.
En opinión de Artículo 19, los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación también se encuentran condicionados por el actual proceder de las autoridades federales y capitalinas. “De esta manera es poco viable que se garantice la no repetición de daños tan graves en caso de una nueva catástrofe”, concluye.
LA REDACCIÓN
