Marineros de Oceanografía denunciaron a la naviera de Amado Yáñez Osuna por retenerlos en sus barcos en una situación de explotación laboral, casi equiparable a lo que las leyes internacionales contra la trata de personas reconocen como esclavitud.
Así lo denunció Alfredo Salazar López, abogado de un grupo de los afectados, quien agregó que “no es que tengan grilletes”, pero a sabiendas de que la ley de Navegación y Comercio Marítimo les impide abandonar los navíos, la empresa les adeuda ya hasta cinco meses de salarios y los mantiene a bordo sobreviviendo en condiciones inhumanas: sin agua, sin alimentos, sin combustible y sin energía.
Son aproximadamente 450 los marineros que están atrapados en estas circunstancias en 21 de los barcos que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) administró durante los tres años que duró el aseguramiento de Oceanografía, y que hace unas semanas devolvió a sus dueños, pero la mayoría ya casi en calidad de chatarra.
No obstante, apenas medio centenar de los afectados se ha decidido a emprender acciones legales para aliviar su situación.
Son dos guardias por cada barco. Cada guardia trabaja “28 x 28”, es decir, 28 días de labores por 28 de descanso. La mayoría de los tripulantes son varones, pero también hay algunas mujeres, asignadas básicamente a la cocina. También hay marineros de la tercera edad.
Son barcos multifunción, que sirvieron como abastecedores, de tendido de líneas, de transporte de personal. Ninguno está en operación ni tiene de momento certificación. Unos están fondeados en el puerto industrial Laguna Azul, otros en la bahía. Todos los barcos y sus tripulantes en peligro, pues sin combustible ni energía no pueden operar sus máquinas, ni sus equipos de radiocomunicación ni sus luces.
En días pasados uno de esas naves, el Caballo Azteca, quedó a la deriva y encallado frente a las playas de Sabancuy.
Salazar López, abogado especialista en derecho marítimo, detalla que al momento ya se iniciaron los procedimientos legales en contra de Oceanografía ante la Capitanía de Puerto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y se promovió un juicio de amparo ante el Juzgado de Distrito con sede en Campeche.
El pasado 5 de septiembre, marineros de la embarcación Caballo de Mar, Barcaza DLB 801 y Lancha de Pasaje Doris presentaron formal denuncia ante el capitán de Puerto de Ciudad del Carmen, Ildefonso Carrillo Mora, quien según la ley marítima puede fungir como auxiliar del Ministerio Público.
Expusieron el incumplimiento de la empresa en el pago de sus salarios y prestaciones sociales, las condiciones inhumanas, denigrantes e insalubres en que los mantiene a bordo de los barcos, así como su impedimento legal para abandonarlos, y solicitaron se certifique la incosteabilidad de la operación de esos barcos para que se les libere de cualquier responsabilidad propia de la operación y carga, se les dé fecha para determinar la recisión laboral por causas atribuibles al patrón y se les paguen de inmediato salarios vencidos e indemnizaciones.
Pidieron también al funcionario dar parte a la STPS, la CNDH, y a la Secretaría de Marina (Semar) para que acudan a los barcos a certificar las violaciones sistemáticas en agravio de los marineros.
El 13 de septiembre llevaron su queja ante la CNDH contra la STPS, Capitanía de Puerto, IMSS, Infonavit y el SAE por omisión ante las sistemáticas violaciones a sus derechos laborales y humanos.
El 19 de septiembre solicitaron un amparo directo ante el Juzgado de Distrito.
El sábado, visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en apoyo a la CNDH acudió a constatar y certificar las condiciones en que se encuentran los marineros de Oceanografía.
El domingo, presentaron su denuncia ante la PGR.
Mientras esperan la intervención de las autoridades, sobreviven comiendo “coditos con frijoles, frijoles con coditos”.
ROSA SANTANA
