La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó de manera cautelar al gobierno de Guatemala adoptar medidas para proteger el derecho a la vida, integridad física y salud de los desplazados de Laguna Larga, en El Petén, que sobreviven en un campamento en la frontera con México, e instó a ofrecerles una solución duradera a su situación.
El Equipo Indignación, que junto con otras asociaciones civiles defensoras de los derechos humanos acompaña a los desplazados, informó que en la resolución 36/2017 que dio a conocer el lunes 25, la CIDH respondió así a la solicitud de medidas de protección a esas familias guatemaltecas que presentaron el pasado 10 de junio.
Igual recordó que la comunidad de Laguna Larga fue desalojada por unos mil 500 elementos del Ejército y de la policía de Guatemala el 2 de junio y, desde entonces, se estableció en la franja fronteriza entre México y Guatemala, muy cerca del ejido El Desengaño en Candelaria, Campeche.
También destacó que la comunidad se encuentra en situación de desplazamiento y en condiciones precarias que ponen en riesgo la vida, la salud y la integridad de 450 personas, en su mayoría niños.
Indignación explicó que la CIDH también urgió al Estado de Guatemala a investigar los hechos que dieron origen a la adopción de esta resolución, pues “este caso reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad que lo llevan a dictar la medida cautelar 412-17 para evitar violaciones irreparables a los derechos de las personas desplazadas”.
Luego señaló que antes de emitir estas medidas cautelares, la CIDH realizó una visita in loco a Guatemala que incluyó a la comunidad de Laguna Larga, el pasado 1 de agosto.
Sobre la misma señala que, “de acuerdo con la información recabada durante la visita, detrás de la ejecución de los desalojos suelen haber intereses de diversos proyectos de inversión de monocultivos, mineros, hidroeléctricos, petroleros o de turismo, entre otros”.
Incluso añadió que, al concluir esa visita, la CIDH expresó su preocupación por las condiciones en las que se encontraba la comunidad desplazada, “en un campamento construido por ellos mismos en condiciones inhumanas y degradantes, sobre todo por la falta de agua potable, energía y servicios sanitarios básicos”.
Los visitadores también constataron que las viviendas de la comunidad de Laguna Larga fueron destruidas y quemadas junto con sus animales, y la escuela primaria fue ocupada por el Ejército después del desalojo.
El Grupo Indignación comentó que en esa ocasión otras comunidades en riesgo de ser desalojadas –cerca de 60 provenientes de los parques naturales Sierra Lacandón y Laguna del Tigre– también acudieron a Laguna Larga y expusieron sus preocupaciones ante la CIDH.
Además, resaltó que la resolución 36/2017 refirió algunas de las respuestas por parte del Estado guatemalteco, entre las que pedía a la CIDH que la solicitud de medidas cautelares se mantuviera en “suspenso”, argumentando que las cerca de 110 familias se “movilizaron voluntariamente” antes de la llegada del operativo, e igual se niega a reconocer la destrucción, quema y ocupación de las viviendas, iglesias y escuela por parte del Ejército.
Los activistas detallaron que, no obstante, la CIDH consideró necesario emitir varias medidas cautelares.
La primera es para que el gobierno guatemalteco adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de todas las personas desplazadas, en especial de la infancia, lo que incluye: acceso a alimentación adecuada, salud, agua potable, alojamiento en condiciones adecuadas, acceso seguro a la zona que antes habitaban para recoger cosechas y pertenencias, educación y tratamiento médico.
También adoptar las medidas necesarias para proteger a la población desplazada ante posibles actos de violencia de terceros o del Estado; y para continuar con los diálogos y consultas con las personas desalojadas para llegar a una solución duradera para la situación de las personas afectadas.
Además, solicitó al gobierno centroamericano concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la emisión de la medida cautelar y así prevenir su repetición.
La solicitud de medidas cautelares fue presentada ante la CIDH en junio pasado por “La 72” Hogar Refugio para personas Migrantes, de Tenosique, Tabasco; Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, de San Cristóbal, Chiapas; Resistencia Civil de Candelaria, Campeche, y el equipo Indignación, de Yucatán.
Dichas organizaciones también han urgido al gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de asistencia humanitaria ante esta emergencia, así como de los niños de Laguna Larga nacidos en México.
ROSA SANTANA
