Crece la “xenofobia social e institucional” contra migrantes en México: Informe de la ONU
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México, los migrantes indocumentados sufren de desaparición forzada, son víctimas de crímenes –perpetrados con impunidad–, están privados de su libertad de manera “automática” y “arbitraria” –en las estaciones migratorias, las condiciones de detención son deplorables–, y padecen además de discriminación.
Éstas fueron algunas de las observaciones que extendió el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, un organismo de la ONU, en su tercer informe periódico sobre la aplicación de la convención internacional en la materia por el gobierno mexicano.
El Comité se alarmó ante las “graves irregularidades” que detectó en las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) para identificar a los responsables de las masacres de migrantes en Tamaulipas –entre ellos la masacre de 72 personas en San Fernando, en agosto de 2010—y en Nuevo León.
De manera más general, el Comité repudió las desapariciones forzadas de migrantes en México y los “altos niveles de violencia basada en género” en los estados del Sur, especialmente cuando esté perpetrada por “policías federales, estatales y municipales”. Urgió al gobierno mexicano a investigar y desmantelar las redes de agentes estatales coludidas con grupos criminales y poner fin a la impunidad sobre las agresiones contra migrantes.
El informe planteó que, si bien las condiciones laborales de los migrantes indocumentados en México son deplorables –en general no tienen contrato laboral ni pagos regulares–, el caso resulta más dramático para las trabajadoras migrantes –entre ellas las trabajadoras domésticas–, quiénes se enfrentan a mayores discriminaciones y vulnerabilidad.
El Comité se preocupó del carácter de “instancia de seguridad nacional” que tiene el Instituto Nacional de Migración (INM), sobre todo porque este organismo es central en la gestión de la migración irregular y urgió al gobierno a reforzar la perspectiva de derechos humanos en materia migratoria.
De acuerdo con el informe, el mismo INM se niega a calificar de “privación de la libertad” las detenciones de personas –entre ellos niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de trata o solicitantes de refugio– en las 58 “estaciones migratorias” existentes en México, donde en ocasiones se trata a los migrantes de manera “cruel, inhumana y degradante”.
Denunció, entre otros, la situación de sobrepoblación y hacinamiento, la utilización de “celdas de castigo” o los abusos de los agentes migratorios contra las personas detenidas, y recordó que las detenciones son llevadas a cabo de manera “automática” y muchas veces “arbitraria”.
El Comité se alarmó de que el número de niños retenidos en estos centros de detención se disparó en un 900% entre 2011 y 2016, y pidió al INM que ponga un “fin inmediato” a la privación de libertad de los niños.
Deploró además la expulsión sistemática de los migrantes detenidos –sobre todo los migrantes provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras–, bajo el eufemismo de “retorno voluntario y asistido”, pues subrayó que esta modalidad de deportación se aplica “mientras las personas están privadas de libertad, sin asistencia jurídica e información adecuada y sin alternativa para su regularización”.
La instancia de la ONU también expresó su preocupación sobre la impunidad que prevalece en los casos de corrupción y abusos perpetrados por funcionarios contra migrantes, entre ellos los actos de extorsión.
De acuerdo con el informe, la xenofobia “social e institucional” contra los migrantes creció en México –observó que las revisiones migratorias se realizan con base en el perfil étnico de las personas–, y señaló la mala práctica de los medios de comunicación que consiste en “crear y mantener estereotipos en contra de los migrantes”.
MATHIEU TOURLIERE
