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ONG anticorrupción exigen canalizar dinero público a reconstrucción de viviendas

La Red de Rendición de Cuentas y el Centro de Análisis e Investigación Fundar exigieron que el gobierno federal canalice el dinero público a la reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos del 7 y el 19 de septiembre, y demandaron un recorte del 20% en el presupuesto de 2018 para los gastos destinados a publicidad oficial.

“Si sumamos los cuatro primeros años del actual gobierno y el primer semestre de 2017, la cifra asciende a 37 mil 725 millones de pesos. Este dinero equivale a lo que gastó el gobierno federal para la atención y prevención de desastres naturales en 2015 y 2016”, destacaron las organizaciones comprometidas en la lucha contra la corrupción y la transparencia en la administración pública.

De igual manera, manifestaron que en un contexto de crisis y emergencia es necesario no caer en los oportunismos políticos, ante las propuestas que han surgido para que el dinero público se destine a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos.

“Nos parece necesario que más allá de oportunismos políticos, se diseñen estrategias que contribuyan de manera efectiva a la reducción de algunos gastos para que esos recursos puedan aprovecharse en atender las necesidades de la población afectada”, señalaron.

En cuanto a los gastos en publicidad oficial, recordaron que años atrás organizaciones civiles e instituciones académicas realizaron propuestas para que en todos los ámbitos de gobierno se limite, transparente y regule. La propuesta de contar con una regulación al respecto, agregaron, continúa siendo una promesa incumplida de la actual administración.

Indicaron que en fase de reconstrucción y ante la fuerte desconfianza entre la ciudadanía y el gobierno, la publicidad oficial debe ser no solamente regulada y limitada, sino también servir para informar a la población afectada en particular, y a todas las y los mexicanos sobre la existencia y los avances de planes y programas de reconstrucción.

Destacaron que en su artículo 254, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión resalta que los concesionarios de uso comercial, público y social de radio y televisión “están obligados a transmitir gratuitamente y de manera preferente (las) medidas encaminadas a prever o remediar cualquier emergencia pública”. Dichas medidas impiden que el gasto en publicidad oficial aumente en casos de emergencia.

En días recientes Fundar publicó el informe “Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal 2013 a 2016”, en el que documenta cómo en 2016 se ejercieron más de 10 mil 698 millones de pesos en este tipo de gasto.

Señaló que además de las cuantiosas cantidades gastadas en materia de publicidad oficial, el actual gobierno se ha caracterizado por sobre ejercicios que alcanzan, en lo que va del sexenio, 71.86% más de lo aprobado por la Cámara de Diputados. Esto es, pasó de 21 mil 099 mil millones de pesos a 36 mil 261 millones de pesos.

“El monto sobre ejercido equivale a más de 15 mil millones de pesos adicionales, en un periodo donde han existido recortes al presupuesto en sectores como salud, desarrollo social y medio ambiente. Mientras no exista una regulación clara respecto de estos gastos, seguirán siendo un elemento de desconfianza e indignación ciudadana, particularmente en año electoral y en un contexto de emergencia como éste”, destacó el Centro de Investigación y Análisis.

En ese sentido, Fundar y el Consejo Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas hicieron un llamado a los gobiernos federal y estatales para avanzar en la transparencia y regulación de su gasto en publicidad oficial, y ante la necesidad de canalizar dinero público hacia la reconstrucción exigieron no caer en el sobre ejercicio para 2018.

Además, contar con información útil y oportuna; que la publicidad oficial se use para informar sobre los avances en planes y programas para la reconstrucción; impedir la promoción personalizada; que haya transparencia y rendición de cuentas, y que se regule la publicidad oficial en todos los niveles de gobierno.

JOSÉ GIL OLMOS

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