Un caso más de pederastia sacude a la Iglesia católica mexicana: un seminarista de Piedras Negras, Coahuila, sufrió abusos sexuales del rector del seminario local. Y pese a que la víctima denunció ante las autoridades eclesiásticas, nada se hizo para castigar al abusador. Para cuando el joven acudió a las autoridades judiciales, su victimario ya estaba prófugo, aparentemente ayudado por el arzobispo de Monterrey y el nuncio apostólico en México.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 2015, aún como rector del Seminario Menor de la diócesis de Piedras Negras, Coahuila, Juan Manuel Riojas Martínez abusaba sexualmente de su estudiante Javier Calzada Tamez, entonces de 16 años y quien denunció ese abuso ante las autoridades eclesiásticas. Al comprobar que éstas protegían al sacerdote, el joven acudió este año a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, donde denunció penalmente tanto al pederasta como al obispo de Piedras Negras, Alonso Gerardo Garza Treviño, por considerarlo encubridor
Estos hechos ocurren en un entramado de encubrimiento eclesiástico de muy alto nivel, en el que participan el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera; el nuncio apostólico en México, Franco Coppola; y algunos sacerdotes subalternos. Todos conocían los atropellos de Riojas Martínez, conocido como el padre Meño, y aun así permitieron que se fugara.
En entrevista, Calzada Tamez, ya de 18 años y quien acaba de abandonar sus estudios en el seminario, relata paso a paso los atropellos que sufrió, así como las artimañas y presiones de la Iglesia con que intentaron acallarlo. De entrada, detalla que entre marzo y julio de 2015 el padre Meño lo obligaba a entrar a su habitación para cometer ahí sus abusos sexuales, valiéndose de su autoridad como rector del seminario.
Cuenta el hoy exseminarista: “La primera vez que el padre Meño abusó de mí fue el 23 de marzo de ese año, día de su aniversario sacerdotal. Me ordenó que le llevara a su cuarto una casulla. Él estaba ya ahí… esperándome… y andaba tomado.
“A partir de entonces usó varios pretextos para jalarme a su recámara; en una ocasión me pidió que le llevara su teléfono celular; en otra, un jarro de agua… Llegó el momento en que me asignó un cuarto al lado del suyo para tenerme cerca. Ahí también abusó de mí.”
–¿Y mientras estudiabas ahí, nunca le informaste al obispo?
–No. Tenía mucho miedo de que el padre me corriera del seminario. También pensaba que quedaría como un mentiroso que sólo le levantaba falsos al rector y que más bien él me culparía a mí.
“Al único a quien entonces llegué a confesarle estos abusos fue a mi director espiritual, el padre Jesús Martínez Compeán. Pero él me decía que lamentablemente el seminario no tenía una estructura para afrontar este tipo de situaciones.”
Del Seminario Menor de Piedras Negras el adolescente pasó a estudiar al Seminario Mayor de la arquidiócesis de Monterrey. Fue ahí donde, a mediados de diciembre de 2016 –más de un año después de los hechos–, se atrevió a denunciar al sacerdote ante las autoridades eclesiásticas.
Les comentó el caso al prefecto académico y al coordinador del curso introductorio del Seminario Mayor, los sacerdotes Arturo Garza y Anuar Canavati, respectivamente. Éstos consideraron que la denuncia debía hacerse ante el obispo de Piedras Negras, Garza Treviño, por tratarse del superior jerárquico del pederasta.
Para debatir el espinoso asunto, el 19 de diciembre Garza Treviño y Canavati tuvieron una reunión en Monterrey en la que también participaron Pedro Pablo González, promotor de justicia de la arquidiócesis de Monterrey, y Juan Carlos Arcq Guzmán, rector del seminario de esa arquidiócesis.
Ahí elaboraron una constancia –copia de la cual tiene Proceso– donde asientan haber “recibido información de un posible acto de pederastia por parte del pbro. Juan Manuel Riojas Martínez”.
El documento agrega que, junto con el arzobispo de Monterrey, todos acuerdan “actuar de manera apropiada cumpliendo con el artículo 12 bis de la Ley de Asociaciones Religiosas”, que exige denunciar estos ilícitos ante las autoridades civiles. También acordaron juzgar internamente al sacerdote según la “legislación canónica”, en concreto a “las normas de los delitos reservados a la Congregación de la Doctrina de la Fe”.
En suma, en ese escrito de diciembre se comprometieron a denunciar a Riojas ante la justicia civil y eclesiástica, como lo marcan las leyes. Pero todo quedó en el papel. No lo denunciaron ante las autoridades civiles. Más bien se dieron a la tarea de acallar a la víctima para evitar cualquier escándalo.
Para lograr eso, el 20 de diciembre –un día después de elaborar el documento– Garza Treviño se reunió con el seminarista abusado, quien relata así los pormenores de ese encuentro: “Me hizo jurar que lo que yo le contaba era verdad. Y así lo hice. Luego me comentó que jamás le habían presentado una queja de ese tipo contra el rector de su seminario.
“Para ese tiempo mi familia ignoraba todavía los abusos que sufrí. El obispo me pidió que no le contara a mis papás todos los hechos, sólo los menos graves, y que además lo hiciera de una manera ‘atenuada’ para no alarmarlos. Me prometió resolver el problema y me mandó hacer estudios psicológicos.”
El diagnóstico psicológico, emitido por el doctor Omar Kawas Valle, indica que la víctima “sufre de un trastorno de estrés postraumático. Este trastorno se manifiesta con ansiedad severa, sensación de falta de aire, palpitaciones, dolor de cabeza, pensamientos de minusvalía, alteraciones en el sueño e irritabilidad. Además de recuerdos del evento traumático, lo que le impide desempeñarse en sus actividades académicas y espirituales de manera regular”.
Denuncia penal
No fue sino hasta enero de este año cuando el seminarista reveló a sus padres los abusos de que fue víctima. Relata: “Estaba en un centro comercial, con mi padre y mi madre cuando les conté lo que había pasado. Se los hice saber como me lo pidió el obispo; de manera atenuada. Aún así mi mamá empezó a llorar. Mi papá quedó muy confundido.
“Le hablaron entonces a quien había sido mi director espiritual en el seminario menor, el padre Jesús Martínez Compeán, quien supo todo desde el principio. Éste tuvo pláticas con mis papás para tratar de tranquilizarlos. Pero siempre intentó que el caso no llegara a las autoridades civiles.”
Después, el 17 de enero, Garza Treviño citó en su casa a los padres de la víctima para tratar de acallarlos a cambio de dinero. Relata el exseminarista los pormenores de ese encuentro: “Al obispo lo que le preocupaba era que el caso se hiciera público. Les advirtió a mis papás que si denunciaban penalmente al padre Meño, el asunto inmediatamente se ventilaría en la prensa, y yo sería el más perjudicado por toda la presión que tendría encima.
“Entonces el obispo les ofreció dinero a cambio de su silencio: ‘Pídanme lo que quieran, lo que se les ofrezca, yo estoy dispuesto a dárselos’, les decía. Pero mis padres no aceptaron.”
Señala que un mes después, el 18 de febrero, el obispo le quitó finalmente la rectoría del seminario al padre Meño. Pero no lo castigó. Solo lo cambió de puesto. Lo nombró vicario del Santuario de Guadalupe.
Sobre este cambio de adscripción, comenta indignado la joven víctima: “El obispo más bien le dio un premio al padre Meño, pues el Santuario de Guadalupe es el principal templo de la diócesis y al que concurren más feligreses. Y, por si fuera poco, el obispo también lo dejó a cargo de una casa para migrantes aquí mismo, en Piedras Negras.
“Luego, a principios de marzo, durante unos días que tomé de asueto en el Seminario Mayor para estar con mis papás en Piedras Negras, el padre Jesús Martínez me llamó para decirme: ‘Ya te tengo una respuesta del obispo’. Me alegré muchísimo, pensé que el obispo por fin se había decidido a denunciar a su sacerdote. Pero al encontrarme con el padre Chuy (Martínez Compeán), éste me entregó una carta, redactada en primera persona y en nombre mío, como si yo la hubiera escrito. La carta decía que yo exculpaba al obispo de todo acto de encubrimiento.”
Fechada el 8 de marzo, la carta dice textualmente: “Expreso que no es mi voluntad que el Sr. Obispo Alonso Gerardo Garza Treviño sea acusado de no actuar en el orden civil, en lo referente al caso de mi persona. Lo exculpo totalmente de que no proceda él ante la autoridad civil, pues sé que él nunca aceptaría complicidad en una situación así”.
En la carta aparece el nombre del seminarista abusado. Sólo faltaba su firma para exculpar al obispo. Cuenta ahora el joven: “El padre Chuy me instaba a firmar esa carta. Le respondí que lo pensaría y que me la llevaría. Se la mostré a mis papás y jamás la firmé. Fue una maniobra del obispo para intentar protegerse, utilizándome a mí”.
–¿Recurriste a otra autoridad eclesiástica para pedir ayuda?
–Sí, le pedí apoyo al nuncio Franco Coppola. Le escribí una carta donde le relaté los hechos. Se la envié a mediados de marzo. Ya para entonces había comprendido que el obispo de Piedras Negras jamás denunciaría a su sacerdote.
“Por otro lado, mi familia y yo también decidimos denunciar penalmente al padre Meño. Lo hicimos el pasado 24 de marzo, ante la Procuraduría de Justicia de Coahuila. Un día antes le avisamos al padre Martínez Compeán que pondríamos la denuncia porque la diócesis no hacía nada.
“Nos llevamos una gran sorpresa; el mismo día que pusimos nuestra denuncia, la diócesis también denunció a su sacerdote ante la procuraduría. ¿Cómo sucedió esto? El padre Chuy le había dado el pitazo al obispo de que interpondríamos la denuncia, por lo que la diócesis, para cubrirse, también puso inmediatamente la suya.
“Fue un error nuestro haberle avisado a Martínez Compeán, porque esto además provocó que la diócesis alertara al padre Meño para que ese mismo día se diera a la fuga.”
–¿Y el nuncio Coppola finalmente intervino? ¿Respondió a tu petición de apoyo?
–En abril recibí su carta de respuesta. No me sirvió de nada. Ahí sólo me dice que al padre Meño se le abrió un proceso en el Vaticano, y que el obispo de Piedras Negras lo había suspendido de sus funciones sacerdotales, cosa totalmente falsa. Lo único que hizo el nuncio fue proteger al obispo.
Fechada el pasado 4 de abril, la carta de Coppola –este semanario tiene copia– le informa al seminarista: “A finales del mes de enero pasado, S.E. Mons. Alonso Gerardo Garza Treviño, obispo de Piedras Negras, remitió tu denuncia a la Santa Sede, la cual actualmente está siendo considerada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, institución encargada por el Papa Francisco para tratar estos dolorosos casos. Tengo entendido, además, que Mons. Garza Treviño dispuso diversas medidas cautelares al p. Riojas Martínez, incluyendo la suspensión temporal, por ahora, del ejercicio del ministerio sacerdotal”.
Esta carta del nuncio le llegó al seminarista a través del arzobispo de Monterrey, quien lo mandó llamar para dársela personalmente.
Cuenta el joven sobre ese encuentro: “Al entregarme la carta, el arzobispo Cabrera me pidió que se la leyera en voz alta. Se la leí. Me recomendó mucho que no me metiera con el obispo de Piedras Negras, porque quien cometió el abuso fue el padre Meño. Para entonces ya todos protegían al obispo, querían impedir que lo acusara de encubridor”.
–¿Y finalmente te atreviste a denunciarlo?
–Sí, lo denuncié penalmente el pasado 8 de mayo, en la misma procuraduría. Dos días después me salí del Seminario Mayor. Ahí ya todos me veían mal por haber protestado.
–¿Y del padre Meño qué se sabe?
–¡Nada! La procuraduría dice que lo sigue buscando. Y la Interpol ya puso, por su lado, la ficha roja… No sabemos dónde se esconde.
Este reportaje se publicó en la edición 2128 de la revista Proceso del 13 de agosto de 2017.
