Tres abogados de renombre constituyen la defensa de Tomás Yarrington, quien enfrenta en Florencia un proceso de extradición: los italianos Luca Marafioti y Laura Innocenti y el estadunidense Joel Androphy. El próximo martes 18 –cuando se presenten ante el tribunal florentino– los defensores del exgobernador tamaulipeco alegarán que su cliente es un “perseguido político” y que las acusaciones en su contra no se sostienen, pues se basan en testigos no confiables.
ROMA (Proceso).- Este martes 18, cuando el exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington se presente en audiencia ante el tribunal de Florencia que decidirá sobre su extradición a México o a Estados Unidos, sus abogados aplicarán la estrategia de defensa que ya tienen clara: argumentarán que su cliente es un perseguido político y que las acusaciones en su contra están viciadas por procedimientos opacos e incorrectos, basados en testigos no creíbles.
Tres abogados defenderán a Yarrington: el profesor universitario Luca Marafioti y su asistente, Laura Innocenti, y el estadunidense Joel Androphy. Los primeros dos, que tomaron el caso desde que las autoridades italianas convalidaron la detención de Yarrington, son el núcleo duro que trabajó en preparar la defensa del exgobernador y los encargados de presentarse ante los jueces de la Sección Primera Penal de la Corte de Apelaciones de Florencia.
El tercero es un penalista de Houston que fue la primera persona que el exgobernador mexicano pidió contactar luego de que la policía lo detuvo en Italia. Androphy, quien ha seguido el caso desde Estados Unidos, viajó a Florencia la primera semana de julio para seguir el juicio de cerca
“Sí, se puso en contacto conmigo poco después de ser detenido (…) Luego, la familia contactó con Luca (Marafioti) y yo he continuado participando en su defensa en lo que respecta a las acusaciones en Estados Unidos. Mayoritariamente, he mantenido el contacto con Tomás, el hijo (de Yarrington)”, explica Androphy a Proceso.
Por la defensa, aunque en un rol secundario, ha permanecido asimismo Cristina Moschini, la abogada de oficio que lo defendió inmediatamente después de su arresto.
Otros abogados mexicanos también han aportado elementos y, según Androphy, se reunieron en México hace unos dos meses con Marafioti, para intercambiar información sobre el caso. Todo ello, en vista de la audiencia en Italia, en la que los defensores de Yarrington presentarán sus argumentos ante un colegio integrado por tres jueces italianos encabezados –salvo contratiempos de último momento– por Salvatore Giardina, un sexagenario con experiencia en casos de mafiosos italianos.
La estrategia de la negación
Ante ese colegio, la estrategia de Marafioti, profesor universitario romano conocido también por su actividad de conferencista, será la de negar la mayor parte de las acusaciones.
“Iremos a la audiencia y daremos batalla. Pues es todo absurdo en estas acusaciones (…) La idea que uno se puede hacer es que Yarrington está relacionado con el narcotráfico, pero en estos papeles (de las solicitudes de extradición) no hay nada, cero. Lo demás son charlas de café (…) Por eso hablaremos de la cuestión de la persecución política durante todo el procedimiento de extradición”, dice Marafioti a Proceso.
–¿Dirán quiénes están persiguiendo a Yarrington? ¿Darán nombres concretos? –se le pregunta.
–Eso, en todo caso, lo dirá Yarrington en sus declaraciones al tribunal.
Marafioti sostiene que tanto en la solicitud de extradición de México como en la de Estados Unidos, las acusaciones son genéricas, no circunstanciadas, y faltan pruebas para alegar los indicios de grave culpabilidad.
Pone un ejemplo: “En 40 páginas de declaraciones, ante la pregunta de cuál era la conducta reprobable de Yarrington, se responde que el gobernador no intervenía (contra los cárteles) y no se indican fechas, eventos, circunstancias y lugares”.
De acuerdo con este abogado, ninguno de los testigos que se han presentado son confiables. “En relación con Geraldín, Rufino, Pitufo, Ángeles, Óscar y Pedro, nosotros hemos documentado, con tablas y punto por punto, refiriéndonos a cada uno de estos personajes, por qué no son confiables”, dice el abogado, en referencia a los nombres ficticios con los cuales se conoce a los individuos que han atestiguado, según informaciones filtradas, contra Yarrington.
“Hay testimonios que se contradicen, que no ha sido contrastados, de personas que dicen que otros les dijeron (…) de testigos que atestiguaron en procedimientos que fueron archivados o desmentidos”, añade al puntualizar que ambas solicitudes de extradición son similares.
En el sumario NO.B12-435-S1 de la Corte del Distrito Sur de Texas-División Brownsville, se acusa a Yarrington de haber recibido sobornos durante sus seis años de mandato (1999 a 2005). Y posteriormente, desde finales de 2007 hasta 2009, de haber “pactado con representantes del Cártel del Golfo y el cártel de los Beltrán Leyva el acceso sin impedimentos de cuantiosas cargas de cocaína al puerto de Veracruz, en México, a cambio de un porcentaje por cada carga”.
Por su parte Androphy, del bufete Berg & Androphy y quien conoce bien las acusaciones contra Yarrington –asumió su defensa desde poco antes de que el exgobernador fuera acusado por la Corte del Distrito Sur de Texas-División Brownsville, en mayo de 2013–, señala que en su opinión uno de los mayores vicios de la acusación estadunidense es que los testigos que ha permitido la incriminación de su cliente no son creíbles.
“La acusación de Estados Unidos se basa en testigos que no son creíbles y no están diciendo la verdad. (…) Fueron amenazados y torturados para obtener sus testimonios. Todo eso lo debe entender la Corte italiana”, sostiene Androphy, quien además afirma conocer los verdaderos nombres de algunos de estos testigos.
El abogado hace hincapié en que la sanción que purgaría en Estados Unidos es más dura que la que podría tener en Italia: de 20 años de prisión a cadena perpetua. “Y no se prevén descuentos por buena conducta”, acota. Esto puede tener un efecto en la decisión de los jueces, pues la legislación italiana se inclina por autorizar las extradiciones sólo si los acusados no se enfrentan a castigos excesivamente rígidos y se respetan los derechos humanos.
A su vez Marafioti sostiene que, por lo que concierne a algunos delitos de los que está acusado Yarrington, falta el requisito de la “doble incriminación”.
Este principio, propio de las legislaciones sobre la extradición, implica que el delito por el que se reclama esté tipificado de la misma manera tanto en el país otorgante como en el país peticionario. El abogado señala que ese requisito no se cumple en el caso de la acusación de delito de fraude bancario que se le imputa en Estados Unidos, ya que en Italia es un delito menor.
Tiempos rápidos
Para los tiempos de la justicia italiana, la preparación para la audiencia del exgobernador priista ha sido rápida. Tras ser recluido en la cárcel de Sollicciano, en Florencia, el 9 de abril –inmediatamente después de su detención–, una primera audiencia se celebró el 12 de abril. En ella Yarrington rechazó su extradición.
A continuación, el 22 de mayo se formalizó ante el tribunal de Florencia –mediante un sumario identificado como EP 125/16– que Estados Unidos había presentado su petición de extradición, requerida por las acusaciones de asociación para delinquir, tráfico de estupefacientes, lavado de dinero y fraude bancario, entre otros delitos.
Y el 31 de ese mes México –según una comunicación del Ministerio de Justicia de Italia, identificada como EP 14/17– requirió la entrega de Yarrington. La petición mexicana fue presentada por tráfico de drogas, informó el fiscal Marcello Viola.
Finalmente, el 22 de junio, más de dos meses antes del plazo de 90 días que se tenía, según la legislación italiana, el fiscal general de Florencia entregó su alegato, en el que se declaró favorable a la extradición de Yarrington a México y Estados Unidos. “Hemos formulado algunas observaciones acerca de ambas peticiones, pero básicamente son tecnicismos”, añadió el fiscal, originario de Sicilia y también un veterano de la lucha contra el crimen organizado en Italia, con más de 30 años de experiencia en la materia.
A renglón seguido, Viola precisó no haber tenido comunicación, de parte de las autoridades estadunidenses ni de las mexicanas, del presunto acuerdo entre los dos países para extraditar al acusado primero a Estados Unidos y luego a México, como fue ventilado en una nota fechada el 19 de abril del Departamento de Justicia estadunidense y ampliamente difundida en la prensa mexicana. En la misma se hablaba de un pacto entre el procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, y su par mexicano, Raúl Cervantes Andrade.
No obstante, un funcionario de la embajada estadunidense en Roma indicó que dicho pacto seguiría vigente. “El acuerdo sigue en pie”, dice a través de un breve mensaje escrito a esta revista Jeffrey E. Galvin, encargado de prensa de esa legación.
Tanto Viola como Marafioti negaron tener información sobre una presunta colaboración de Yarrington con las autoridades italianas para evitar la extradición, tal como se difundió en algunos portales de internet en las semanas anteriores a la audiencia.
Marafioti confirma, además, que al equipo de abogados de Yarrington se sumó el bufete Nassar Nassar y Asociados, de la Ciudad de México.
El jueves 5, finalmente, el tribunal de Florencia fijó la audiencia para el martes 18, lo cual fue posteriormente comunicado al fiscal general, a los defensores de Yarrington y a los gobiernos interesados en su extradición.
Asimismo, como establece el párrafo 5 del artículo 703 del Código de Procedimiento Penal de Italia, la notificación fue entregada al exgobernador de Tamaulipas, quien hasta ahora ha permanecido encarcelado en régimen de detenido común.
La representación diplomática mexicana de Roma, que en múltiples ocasiones solicitó un encuentro con el exgobernador, recibió –en al menos una oportunidad– la autorización de ingresar en esa cárcel y encontrarse con Yarrington. Todo se llevó a cabo con una discreción extrema, sin dar información a la prensa. La justificación fue que esa era la postura establecida desde la Secretaría de Relaciones Exteriores.
No se pudo saber si Marisela Morales, exprocuradora general que fue designada cónsul en Milán, está implicada en el proceso contra Yarrington. Tampoco la embajada estadunidense quiso dar información sobre el caso, ni siquiera sobre si uno de sus representantes había sido designado para asistir a la audiencia del exgobernador.
En tanto, el procedimiento continuará a la espera de una decisión final de Italia, que los más optimistas fechan para finales de este año. Si la Corte de Florencia se pronuncia negativamente, el acusado sería puesto en libertad.
Un factor también lo jugarán los alegatos o documentos de descargo de pruebas –las “memorias defensivas”– presentadas el miércoles 12 por los abogados de Yarrington y que podrían alargar los tiempos para que el tribunal tome una decisión final. Por eso también es posible que se decida celebrar más audiencias o pronunciarse a favor de la extradición.
Cuando esto ocurra, entonces llegará la hora en que los abogados de la defensa decidan si quieren apelar ante la Corte de Casación de Italia, la más alta instancia –excluyendo el Constitucional, que tiene otros encargos– del país, para que revise el caso. Algo que ya han anunciado que harán.
“Sí, por supuesto que apelaremos”, confirmó Marafioti. “Haremos todo lo posible para evitar la extradición”, dijo Androphy.
Y en última instancia la palabra definitiva la tendrá el ministro de Justicia de Italia, Andrea Orlando, quien también deberá intervenir en el caso.
Este reportaje se publicó en la edición 2124 de la revista Proceso del 16 de julio de 2017.
