EL TAMAULIPAS DE EGIDIO; NORMA MENDOZA; VIOLACION, TABLAZOS, ABUSOS SEXUALES Y TORTURAS POR DENUCNIA FALSA DE MILITARES
Norma Mendoza López fue la primera mujer mexicana certificada por el Protocolo de Estambul, en 2012. Se confirmó que la mujer sufrió tortura en una prisión en Nuevo Laredo, donde fue encerrada después de que el Ejército Mexicano la acusó de un falso delito.
Durante su estancia en el penal padeció en carne propia la maldad de integrantes de Los Zetas, y palpó la complicidad de las autoridades con los cárteles del narcotráfico, además de la ineficiencia y negligencia del gobierno federal para defender a las víctimas del crimen organizado.
Originaria de esta ciudad fronteriza con Texas, Norma contrajo matrimonio muy joven, y a los 25 años ya tenía cuatro hijos. Se divorció del padre de los niños poco después del nacimiento del último.
Pese a la tragedia que sufrió, se muestra alegre y con mucha fortaleza, y cuenta que luego de separarse de su esposo trabajó de “secretaria en un despacho jurídico” para mantener a sus hijos.
A finales de 2011 conoció a Juan Manuel, quien la invitó a pasar un fin de semana a la vecina ciudad de Nuevo Laredo. Su madre, quien le cuidaba a los niños, le advirtió que no se fuera con ese hombre, pero “se me hizo fácil irme sin el permiso de mi mamá”.
Viajó a Nuevo Laredo el 10 de noviembre de ese año para encontrarse con Juan Manuel y se hospedaron en el Hotel Quality INN, donde también se encontraba Ricardo, un amigo de aquel.
Desde 2004 Los Zetas controlan el trasiego de drogas, la venta de gasolina robada, el contrabando de mercancías, los secuestros, extorsiones, tráfico de migrantes y todo tipo de negocios conocidos como “giros negros” en Nuevo Laredo.
A partir de 2010 el grupo criminal se enfrascó en una guerra a muerte con el Cártel del Golfo (CDG), su antiguo aliado con una de las principales plazas en Reynosa, por lo que sus “halcones” vigilaban a todos los visitantes de la ciudad vecina.
La tarde de aquel viernes 10 de noviembre, Norma salió de su cuarto para comprar algunos artículos personales en una tienda y pasó por la alberca donde se encontraba un grupo de hombres que le gritó: “Vente a bañar con nosotros”.
Al día siguiente, Norma, Manuel y Ricardo fueron detenidos por aquellos mismos sujetos que se bañaban en la alberca, pero ahora portaban el uniforme del Ejército e iban armados. El “comandante” que los encabezaba apartó a la mujer y le dijo: “Vente conmigo 15 días y te soltamos o si no te vas con todos los detenidos”.
Norma se negó y el militar le respondió: “Pues vas a quedar detenida por apretada”.
Los militares entregaron a los detenidos a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas. Los acusaron de “halcones”.
El subteniente Sergio Luna García, del Décimo Noveno Regimiento de Caballería con sede en Nuevo Laredo, puso a disposición de la PGJ “a tres civiles, dos radios Nextel, tres teléfonos celulares y objetos diversos”.
En el expediente oficial que entregó a las autoridades civiles con número 932/2011-R, especificó: “Siendo aproximadamente las 14:30 del 12 de noviembre de 2011, circulaba sobre la avenida Reforma cuando a distancia nos percatamos de la presencia de tres personas, dos del sexo masculino y una del sexo femenino, las cuales a distancia se alcanzaba a observar que hablaban por teléfono”.
En las oficinas de la Agencia Séptima del Ministerio Público, negaron a los detenidos hacer cualquier llamada. Y así comenzó la tragedia de Norma en el sistema judicial y penitenciario mexicano.
“Me trajeron a un abogado de oficio para que estuviera en mi declaración. Yo declaraba una cosa y ellos escribían otra”, recuerda.
Cuando le entregaron la supuesta “confesión” para que la firmara, se puso a leerla porque “en el despacho (donde trabajaba) me dijeron que nunca firmara un papel sin antes leerlo”.
“¿Qué haces?”, le dijeron los agentes. Sólo fírmala, le ordenaron. Ella se negó a hacerlo y “su” abogado le reclamó: “Nos saliste muy fierita”. “Si no me va a defender mejor sálgase”, replicó la detenida.
No conoció el nombre del abogado. “Sólo recuerdo que era muy joven… Nunca firmé lo que ellos querían”, asegura.
El expediente señalaba que quedó detenida por el delito de “atentado contra la seguridad de la comunidad” (halconeo), y como “probables responsables” se mencionaba a Juan Manuel Ibarra “y otros”.
Los militares aseguraron que durante su detención Mendoza llevaba consigo tres teléfonos celulares y “una bolsa de mano con artículos personales”.
El expediente precisaba que los tres móviles que supuestamente portaba la mujer eran para reportar los movimientos de los militares. Pero los aparatos estaban quebrados, sin pilas y no funcionaban.
“Cuando me detienen en el hotel, yo sólo tenía mi teléfono celular”, aclara Norma.
El Cedes de Reynosa, donde Norma pasó tres años. Foto: Juan Cedillo
Prisión zeta
La PGJ ordenó que los detenidos fueran internados en el Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo (Cedes), una prisión donde gobiernan Los Zetas y los guardias están a su servicio.
Quienes los enviaron a ese penal ya sabían lo que les esperaba a los detenidos, sólo por ser de Reynosa, aunque en las cárceles de la región ya se habían decretado medidas para no juntar “tirios con troyanos”.
En Nuevo León, por ejemplo, las autoridades tuvieron que designar una prisión para cada grupo. A Los Zetas los encierran en la cárcel de Topo Chico y a los del CDG en otra ubicada en el municipio de Cadereyta.
Desde que entraron a la prisión, Norma y su “cómplices” fueron golpeados por los custodios. Y, ya en manos de los internos, la mujer sufrió ocho días de intensas torturas y abusos sexuales.
“A diversas horas del día me golpeaban. Querían que les confesara que yo era parte del Cártel del Golfo”.
Los Zetas utilizaron una tabla que diseñaron especialmente para la tortura de los rivales y disciplinarlos. Cuenta con un mango que mide más de un metro de largo por unos diez centímetros de ancho, y tiene cinco hoyos en medio, con más de cinco centímetros de grosor. Se fabricaron cientos de ellas en las carpinterías de las prisiones de Topo Chico, Piedras Negras y Nuevo Laredo.
Los sádicos zetas golpeaban a Norma en tandas de 15 “tablazos” en la espalda, glúteos y piernas.
En esos largos días casi no probó alimentos ni agua, y las presas la levantaban con un balde de agua fría. “Me arrancaron las uñas, me quemaban el cuerpo con cigarrillos”.
En el octavo día, una interna obesa se puso a brincar sobre su estómago, y Norma comenzó a vomitar grandes cantidades de sangre. Se desmayó. Como ya no se movió, los internos la dieron por muerta.
Al noveno día salió en un vehículo de la prisión rumbo a la morgue, cuidada por dos custodios. Un leve quejido de la “muerta” evidenció que seguía con vida. La trasladaron a una clínica privada del doctor de la prisión, donde le practicaron medidas urgentes para salvarle la vida.
Posteriormente la pasaron al Hospital General de Nuevo Laredo, donde le practicaron 14 cirugías. Tenía hemorragias internas, la vesícula rota, el cerebro inflamado y el hígado destrozado, además de varias costillas quebradas.
El cirujano plástico Alejandro Caraveo pasó varios días removiendo tejidos necrosados en la espalda y glúteos. Los golpes con la tabla provocaron que perdiera una parte de carne y piel en esas zonas de su cuerpo.
Según Caraveo, “frecuentemente tenía que realizar la misma operación” en reos que le llegaban de todas las prisiones de Tamaulipas.
Uno de los hombres detenidos falleció en esa prisión. El otro perdió la noción del tiempo y espacio después de las torturas y ahora es el “loquito” de la cárcel de Nuevo Laredo.
Desde que Norma Mendoza desapareció, su familia inició una tortuosa búsqueda en las dependencias y cárceles. Cuando su madre y hermana acudieron al Hospital General, custodios de la prisión que vigilaban a la “interna” les dijeron que no tenía derecho a visitas. Tras insistir, un custodio soltó a la madre: “Si no quiere ver a sus dos hijas muertas, tiene menos de 12 horas para que abandonen Nuevo Laredo”.
Norma estuvo casi seis meses en recuperación en diversos hospitales. Cuando fue trasladada a un nosocomio de la capital de Tamaulipas, su madre finalmente pudo verla. “Te dije que no te fueras con ese hombre”, fue lo primero que le dijo.
Cuando la dieron de alta, las autoridades de Tamaulipas ordenaron que regresara a la prisión de Nuevo Laredo. Eso provocó que su desesperado padre, Sergio Mendoza Gómez, iniciara una serie de protestas. Solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y también mandó una carta al presidente Enrique Peña Nieto y anexó las fotografías de la espalda, glúteos y piernas destrozadas de su hija.
La Oficina de la Presidencia nunca respondió y la CEDH se encargó de mantener en secreto el caso, como muchos otros que se suceden a diario en la entidad.
La CEDH seguía al pie de la letra la política oficial de la administración del exgobernador Egidio Torre Cantú, quien constantemente negaba la inseguridad y violencia que aqueja al estado, con el primer lugar de personas desaparecidas –más de 5 mil 500– y en los primeros sitios en secuestros, homicidios y extorsiones, entre otros delitos.
Torre Cantú no sólo negó que hubiera violencia en la entidad, también pagó millonarios “acuerdos de publicidad” a medios locales y nacionales para que no difundieran lo que ocurría en el estado.
“La Comisión Estatal de Derechos Humanos es un asco”, comenta Norma con un dejo de rencor.
Con sus protestas, los familiares lograron que el caso llegara a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y el organismo ordenó que aplicaran a Norma el Protocolo de Estambul.
La valoración fue realizada por el médico especializado Abel Edgar Hassan, perito de la Procuraduría General de la República (PGR). Norma pasó seis días contando su tragedia. Al final terminó en el piso, llorando, y en posición fetal. “El doctor Hassan me levantó y me dio un abrazo”, recuerda.
Con el Protocolo de Estambul se confirmó la tortura. Las autoridades federales ordenaron que la mujer continuara su condena en otra prisión de Tamaulipas. La trasladaron al Cedes de Reynosa, una prisión donde aproximadamente 85% de los internos eran miembros del CDG.
En ese lugar ya se había difundido lo que habían hecho Los Zetas, así que el día que Norma arribó a la prisión se pararon las actividades y la recibieron diciéndole que la iban a tratar “como si estuviera en casa”. Después de casi seis meses pudo volver a ver a sus hijos.
Luego de tres años de litigio se comprobó que Norma era inocente. No se encontraron “muestras probatorias” de las acusaciones de los militares. Salió de la prisión de Reynosa el 14 de enero de 2015 y fue absuelta de todo delito.
Cuando inició los trámites ante las autoridades locales para obtener la indemnización que ofrece la Ley de Víctimas, la PGJ dijo que “tienen perdido” uno de sus expedientes, precisamente el que contiene los resultados del Protocolo de Estambul. Norma viajó a la Ciudad de México para solicitar ayuda de la CNDH.
Apro contactó al departamento de comunicación del organismo para conocer su expediente. Quedaron de buscarlo, pero dos semanas después no se ha obtenido respuesta.
En la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se preguntó si investigan a los militares que detuvieron ilegalmente a Norma, pero tampoco hubo respuesta.
Ante el escaso apoyo recibido de las autoridades mexicanas, Norma Mendoza advierte que buscará la asesoría de la Relatoría de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de organizaciones nacionales e internacionales para demandar a la Sedena y obtener la reparación del daño a la que tiene derecho.
