«Los criminales ya no traman ni ejecutan a los periodistas en emboscadas que ampara la oscuridad. Tampoco ocultan sus rostros. En el día, a toda hora, donde les viene en gana, arrebatan la vida de quienes tienen una labor clave en la sociedad: Investigar y difundir asuntos de interés público»
Alvaro Cuevas
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hoy hace exactamente un mes asesinaron en Sinaloa a Javier Valdez Cárdenas, y tres semanas antes también habían matado a Miroslava Breach en Chihuahua, crímenes de periodistas que cubren la densa bruma de la impunidad.
Es lo mismo que ocurrió con Luis Roberto Cruz Martínez, cuya ejecución en Tamaulipas, en febrero de 2000, encabeza el oprobioso listado de 134 compañeros abatidos desde entonces. Son 17 años de bajas en el periodismo, con una impunidad de casi el ciento por ciento
Duele, pero debe decirse: En México gobiernan el crimen y la impunidad, y hoy que conmemoramos el Día de la Libertad de Expresión sólo podemos tener una certeza: Que seguirán matando periodistas.
Y matan periodistas por la misma razón que le quitan la vida a cualquier persona: Porque son crímenes sin castigo. La arquitectura jurídica está diseñada para que no la pague el que la hace y cuando además no existe voluntad del poder público, o hay autoría y/o colusión, éste como otros malos hábitos se arraiga hasta el tuétano en la sociedad.
No hay que olvidarlo: La violencia contra los periodistas no proviene sólo de la delincuencia común u organizada, sino principalmente de los poderes públicos –los cuerpos de seguridad, pero no sólo– y de la simbiosis de ambos, la narcopolítica que está en las venas del sistema vigente.
Por eso la realidad de los periodistas en México, no sólo en ciertos estados sino en todas partes, es ominosa: Los criminales ya no traman ni ejecutan a los periodistas en emboscadas que ampara la oscuridad. Tampoco ocultan sus rostros. En el día, a toda hora, donde les viene en gana, arrebatan la vida de quienes tienen una labor clave en la sociedad: Investigar y difundir asuntos de interés público.
Aquí está la entraña del trabajo de los periodistas y las consecuencias de intimidarlos y quitarles la vida: Cuando se agrede a un informador o a un medio, sobreviene la autocensura, y si éstos no cumplen con su deber de investigar y difundir los abusos de poder, o de los poderes legales o fácticos, entonces la sociedad, desprovista de información, no reclamará a las autoridades que actúen.
Hay que puntualizarlo: No es que la vida de los periodistas valga más que la vida de otro ciudadano, sino que el papel de éstos y de los medios es clave para romper el círculo de la violencia y la impunidad, y también para que la sociedad, a su vez, ejerza sus derechos consagrados en la Constitución, entre otros su derecho a estar informado y a su propia libertad de expresión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alecciona que los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto: Vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares, y violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), siguiendo el ejemplo de ombudsman en el mundo, afirma que las agresiones a periodistas, además de constituir una afectación a la esfera jurídica del agraviado, representan una afrenta a la sociedad en su conjunto. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión no sólo tiende a la realización personal, sino a la consolidación de una sociedad democrática.
Desde el siglo antepasado lo postulaba el inmenso periodista liberal Francisco Zarco: “La prensa no sólo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización”.
Esto lo digo yo: Una sociedad sin prensa libre es ciega, sorda y muda que se extravía, sujeta a la manipulación y al ultraje.
No hay que olvidarlo: Díez días después del asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, corresponsal del diario La Jornada, como lo era Miroslava Breach, los propietarios y directivos de los principales medios de comunicación de la capital –no del país– firmaron, el miércoles 24 de mayo, el pronunciamiento “¡Ya basta!”.
“Que la manifestación de las ideas no sea objeto de ninguna inquisición es un principio irrenunciable de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico”, iniciaba el pronunciamiento, que enseguida denunciaba “la ofensiva asesina” contra el gremio en “su tarea de investigar y difundir actividades de la criminalidad, entre éstas la narcodelincuencia en México”.
Pero aunque exigía que el derecho a la información sea garantizada por el Estado, a mi juicio el pronunciamiento debió explicitar que el Estado tiene la obligación fundamental y prioritaria de garantizar el libre y pleno ejercicio del derecho de las personas bajo su jurisdicción a la libertad de expresión.
Pero también, como lo establece la CIDH, es deber del Estado implementar acciones de prevención dirigidas a atacar las causas profundas de la violencia contra periodistas y de la impunidad, así como investigar, juzgar y sancionar a todos los autores de las agresiones, tanto los materiales como los intelectuales, además de partícipes, colaboradores y encubridores.
Es decir, exactamente lo que no ha hecho el Estado mexicano y sus instituciones, y que explica por qué México es el tercer lugar más peligroso para ejercer el periodismo, sólo después de Siria y Afganistán, países en guerra.
Cuando el jefe del Estado mexicano, el presidente de la República, no tiene ni siquiera una palabra de consuelo para la familia de periodistas asesinados, entonces se entiende por qué en el sexenio de Enrique Peña Nieto han sido asesinados 35 periodistas, seis en sólo dos meses.
Y cuando forzado por la exigencia pública le dedicó al tema sólo una hora de su tiempo –media hora de reunión con 25 gobernadores y el mismo lapso para su mensaje ante los medios–, entonces no se puede concluir otra cosa que la violencia contra los periodistas continuará.
Más aún cuando las “respuestas de Estado” que prometió la víspera el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, son en realidad la réplica del fracaso: La fiscalía federal, sinónimo de impunidad, será modelo para los estados, y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un anodino organismo, se “fortalecerá”.
Este gobierno ha sido consecuente en el desdén a los periodistas y los medios de comunicación. Pongo dos ejemplos: El año pasado, cuando el 2 de noviembre se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, a Peña no le importó.
En vez de asumir una postura, prefirió la frivolidad: En su cuenta de Twitter felicitó, en inglés y en español, a los pilotos, aficionados y organizadores de la carrera de Fórmula Uno, que se celebró en la Ciudad de México.
El secretario de Gobernación, claro, imitó a su jefe. “Un emocionante domingo de carreras con el Gran Premio de México de Fórmula Uno. ¡Un evento de talla mundial para nuestro gran México!”, escribió el funcionario encargado de la seguridad de México y que ambiciona ser presidente.
Apenas el 4 de mayo, cuando se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa –que tiene como lema, por disposición de la ONU, “Mentes críticas para tiempos críticos”–, el jefe del Estado Mexicano prefirió felicitar a los albañiles en el Día de la Santa Cruz.
Y después de lo anunciado en la ceremonia aludida que simuló una dimensión de Estado –el procurador Raúl Cervantes habló a nombre de los procuradores estatales y Miguel Ángel Mancera de los gobernadores–, los periodistas, insisto, no pueden tener duda de que las agresiones y los asesinatos continuarán, porque el mensaje es que la impunidad, como la corrupción, está garantizada.
Actualmente son cerca de 200 los periodistas acogidos al Mecanismo de Protección a Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación, 17 sólo en abril. ¿Son muchos? Son demasiados, no debería haber ninguno, pero tal cantidad sólo demuestra que, entre periodistas, la muerte tiene permiso.
Al respecto, la próxima semana, el jueves 15, a un mes del asesinato de Javier Valdez en Culiacán, el Comité de Protección a Periodistas, una organización internacional para la promoción de la libertad de prensa, convoca a un día mundial de solidaridad con los informadores asesinados en México.
La razón para el llamado es, según esta organización, que “el gobierno mexicano ha sido peor que silencioso: no ha habido casi ninguna convicción exitosa del asesino de un periodista”.
Y esta organización dice algo con lo que seguramente todos los periodistas coincidimos: “La inacción del gobierno y el fracaso en proteger la prensa ponen en peligro no sólo a los periodistas, sino también a la libertad de expresión e incluso a la democracia de México”.
La de Peña es la misma ruta de Vicente Fox y Felipe Calderón, gobernantes desprovistos de toda grandeza.
Finalmente, el combate a la violencia contra los periodistas requiere, además de medidas de prevención y disuasivas, de combate a la impunidad y el acceso a la justicia expedita, de otras acciones de política pública, como la regulación de la publicidad gubernamental, y del compromiso de los medios con sus periodistas, a menudo desprovistos de lo más elemental. Son temas no sólo necesarios, sino urgentes.
* Salvo pequeñas modificaciones, es mi ponencia presentada en la capital de Durango el 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión.
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado
