PARTEAGUAS
Armando Berrones
La designación del nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas realizada por el Pleno Legislativo y que recayó en el abogado Javier Castro Ormaechea me causa un sospechosísmo razonable.
De acuerdo con la información que convenencieramente ofrece el gobierno estatal o congreso, para el caso es lo mismo, sobre todo, porque existe mayoría panista, este promotor de la justicia fue electo con todas las reglas y dando cumplimiento puntual de los procedimientos que marca la ley, esto es, recibió mediante votación por cédula 27 sufragios a su favor, por parte de los Diputados locales, ello de una lista de 21 aspirantes a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Supónese que este funcionario tendrá entre sus principales tareas acabar con la impunidad y corrupción que se ciernen sobre la entidad desde hace varios sexenios, sin embargo, resulta por demás censurable que tenga un historial laboral ligado a la Procuraduría de Justicia en Tamaulipas y que haya servido al actual titular de la dependencia, Irving Barrios Mojica. Para nadie es un misterio sin resolver para qué ha servido hasta ahora esa dependencia… Nada resuelve, ni siquiera un café.
Considero que a ese cargo debió llegar una persona con otro perfil académico y laboral, pues además de que hay afinidad política con el gobernador en turno, Francisco Javier Cabeza de Vaca, todo hace intuir que servirá para tapar lo que haya menester y desde luego, dejar incólume a quienes sean amigos del titular del Ejecutivo. No creo que se oponga a las órdenes.
Como ciudadano y analista político, me gustaría ver si este nuevo colaborador de los “vientos del cambio” no le tiemblan las corvas para meter a chirona a todos los políticos que han defraudado e hipotecado el futuro de Tamaulipas, dejando destrucción patrimonial y enormes deudas que serán cubiertas por generaciones que aún no nacen.
Está claro que su labor será de alto impacto y deberá estar apegada a derecho, sin discriminar a nadie, incluidos los funcionarios del actual régimen, porque no se puede ser juez y parte. De hecho, tengo la sospecha de que podría estar domeñado por las presiones que le imponga la estructura gubernamental, pues su margen de maniobra estará limitado al extremo, ya que dependerá del presupuesto asignado a la Procuraduría de Justicia.
¿Cómo la ve, amable lector? ¿Cree usted que podrá hacer algo realmente interesante y trascendente en términos de aplicación de la ley, rendición de cuentas y la transparencia?
Para quienes tenemos tres dedos de frente y aplicamos la sindéresis, lo que estamos observando es que la autonomía que debiera tener ese puesto es sólo una quimera, porque cualquier atisbo de persecución ministerial que quiera emprender Castro Ormaechea deberá estar palomeada por los del poder o en caso contrario, cabe la posibilidad de defenestrarlo políticamente.
En el pueblo dicen ese adagio: ¡el que mantiene, te detiene!
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