«En esa lógica, la parte realmente tenebrosa se encuentra en el hecho de que, en numerosos municipios, en los cuales las autoridades municipales están controladas por los grupos del crimen organizado, las empresas que prestan servicios y construyen la obra pública municipal, son en realidad fachadas para el lavado de dinero, y para la obtención de liquidez para el narcotráfico, el cual recibe, vía empresas “legalmente constituidas”, dinero y capacidades financieras extraordinarias»
El Presupuesto de Egresos de la Federación se articula a través de ramos de gasto. El Ramo 33 es uno de los más cuantiosos, pues en él están contenidas las llamadas “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”. En efecto, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el monto asignado para este 2017 fue de 701,822.8 millones de pesos.
A esos recursos deben sumarse otros 116,152 millones de pesos que son transferidos de manera “Etiquetada” a las Entidades y Municipios, a través de los denominados “Convenios de Descentralización”; estos recursos tienen como destino el gasto de los procesos de descentralización, fundamentalmente en salud, seguridad pública y educación.
Dentro del Ramo 33, hay 8 Fondos, a través de los cuales se destinan los recursos para rubros específicos. Para 2017, las aportaciones para el Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud (FASSA) ascienden a poco más de 82 mil millones de pesos; en el Fondo de Infraestructura Social (FAIS) hay casi 61,500 millones de pesos; en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUNDF) se asignaron 62,200 millones de pesos; en el Fondo de Aportaciones Múltiples casi 20 mil millones; en el Fondo de Seguridad Pública, 7 mil millones; y en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), un monto de prácticamente de 34 mil millones de pesos.
Todos estos fondos, a pesar de que están aparentemente “etiquetados”, se distribuyen a lo largo del país sin obedecer necesariamente a criterios racionales de política pública; así lo han mostrado las evaluaciones del Coneval, en las que se muestra que no existe necesariamente una coincidencia entre los niveles de carencias en las entidades y municipios, y los montos de recursos que se les asignan.
Adicionalmente, se trata de dinero que en los municipios se maneja de una forma altamente discrecional, respecto del cual, además, todavía existen muy débiles mecanismos para garantizar transparencia y rendición de cuentas.
A ello debe agregarse la otra cuestión, que se ubica ya no en el nivel jurídico o reglamentario, sino en el de la cruda realidad nacional de la corrupción, la criminalidad y la cómoda y hasta cínica complicidad de gobiernos municipales con el crimen organizado.
Desde esta perspectiva, vale la pena plantear otras cuestiones. Por ejemplo, la relativa a la asignación de obra pública; pues es ahí donde inicia lo escabroso del tema; pues la inmensa mayoría de las empresas dedicadas a la construcción, han sido sometidas a una lógica de “moches”, extorsiones y corruptelas, a fin de resultar adjudicadas en procesos de licitación o de asignación directa de obras.
En esa lógica, la parte realmente tenebrosa se encuentra en el hecho de que, en numerosos municipios, en los cuales las autoridades municipales están controladas por los grupos del crimen organizado, las empresas que prestan servicios y construyen la obra pública municipal, son en realidad fachadas para el lavado de dinero, y para la obtención de liquidez para el narcotráfico, el cual recibe, vía empresas “legalmente constituidas”, dinero y capacidades financieras extraordinarias.
Si esto es así, la conclusión es monstruosa: el Estado, aun de manera involuntaria, está transfiriendo los recursos para el desarrollo social y humano, a grupos delincuenciales que se apoderan de las administraciones municipales y que resultan “saneados” financieramente por la propia autoridad.
Planteado de este modo, vale la pena preguntar: ¿cuántas empresas constructoras, cuántas proveedoras de suministros y equipos, cuántas prestadoras de servicios de consultoría, cuántas distribuidoras de mercancías y productos son en realidad negocios articulados o controlados por los cárteles de la droga, y que reciben contratos de los municipios?
Sin perder la visión federalista, es urgente revisar la integración, ejecución y rendición de cuentas de estos recursos pues existe la sospecha fundada de que en lugar de abatir los rezagos sociales, estamos entregando el dinero a los delincuentes, y literalmente, en bandeja de plata.
@saularellano
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