*Por María Teresa Aguilar Álvarez Castro
Como derecho humano, la educación debe ser garantizada y protegida para tod@s sin distinción alguna. Desgraciadamente, en nuestro país hay niñ@s y jóvenes que todavía no tienen acceso a ella. Sin embargo, en mi experiencia de trabajo en Mexicanos Primero, nunca he visto una exclusión tan sistemática por parte de las autoridades educativas, como la de los adolescentes en conflicto con la ley penal que se encuentran recluidos. Simplemente el sistema educativo los ha olvidado.
Los adolescentes recluidos son personas mayores de 14 años que, siendo menores de edad, han cometido algún delito grave y a los que un juez les ha impuesto la privación de la libertad como medida preventiva o de sanción. Con las reformas recientes, estos adolescentes pueden pasar internados desde unos meses hasta tres o cinco años (dependiendo la edad al cometerse el delito).
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (SEGOB, 2017), hasta abril de este año, habían mil 692 adolescentes en reclusión. De ellos, 52 por ciento requieren estudios básicos de alfabetización, primaria o secundaria.
Los servicios “educativos” que actualmente reciben distan mucho de ser de calidad, como lo marca la Constitución: cuando existen, son proporcionados por personal que no son idóneos, con materiales inadecuados y programas poco pertinentes.
Aún cuando están bajo tutela del Estado las 24 horas del día, sólo destinan a la educación una hora y media. ¿Cómo pueden salir listos para no volver a caer en lo que los llevó al internamiento sin una educación pertinente y de calidad que les dé un nuevo proyecto de vida?
Como casi siempre sucede en México, las leyes no son el problema, pues éstas contemplan no sólo a la educación como uno de los pilares de la reinserción, sino una serie de obligaciones de las autoridades para lograr una educación de calidad para ellos. El problema entonces es que las autoridades no han cumplido su responsabilidad.
Para tratar de activar a las autoridades educativas y penitenciarias de este país, Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, presentó una demanda de amparo en contra de diversas autoridades.
Este amparo se refiere específicamente a la Comunidad de Tratamiento
Especializado de Adolescentes de San Fernando, ubicado en Tlalpan, en la Ciudad de México, pero la situación de olvido en el que tienen a los adolescentes las autoridades educativas, es similar o peor en el resto de las comunidades de adolescentes del país.
Demandamos a 18 autoridades, tanto federales como de la Ciudad de México. ¿Por qué a tantas? Porque hay adolescentes en San Fernando que requieren acabar sus estudios desde primaria hasta educación superior.
Además de estos cuatro niveles de educación, las leyes prevén otros tipos de servicios educativos a los que tienen derecho como la formación para el trabajo- indispensable para la reinserción- y la educación especial, que es la que busca eliminar las barreras
que limitan el aprendizaje de las personas con dificultades severas de aprendizaje y de conducta.
Así, existen una diversidad de autoridades tanto educativas como
penitenciarias que no se han coordinado entre sí para proporcionar
educación pertinente y de calidad a los adolescentes.
Nuevamente consideramos importante involucrar al Poder Judicial de tal forma que obligue a las autoridades, especialmente a las educativas, a dejar de tener olvidados y excluidos a los adolescentes recluidos. Este juicio es una forma de alzar la voz por ellos, para que las autoridades se ocupen de su educación como es su derecho.
No es una tarea fácil. Es indispensable voltearlos a ver, escucharlos, entenderlos y ocuparse de ellos como es debido. Por lo pronto, la SEP y otras autoridades educativas ya dijeron en el juicio que no es su problema.
Esperaremos la sentencia, pero por lo pronto, la sociedad debe involucrarse. No sólo por los adolescentes recluidos, sino por tod@s nosotros, que necesitamos jóvenes con nuevos proyectos de vida cuando salgan de reclusión.
*La autora es directora de Estudios Jurídicos de Mexicanos Primero
