A todos los reporteros asesinados. In memoriam.
«Casos como el de los priistas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández en Tamaulipas, Mario Villanueva Madrid en Quintana Roo, Fausto Vallejo en Michoacán, el perredista Ángel Aguirre Rivero en Guerrero y el panista Sergio Estrada Cajigal de Morelos, son algunos ejemplos claros de cómo el Narcoestado ya es una realidad.
En ese Narcoestado el crimen organizado es el que gobierna y controla el territorio. Nada de lo que ocurra ahí escapa de su poder, incluido el ejercicio de la libertad de expresión. Ocho periodistas han sido asesinados en lo que va del año, entre ellos Javier Valdez. Y no es casual que en estados como Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, Michoacán y Chihuahua sean donde se registre los casos más recurrentes de asesinatos, amenazas y persecución a reporteros.»
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde hace tres décadas, a partir del salinismo para ser más preciso, en México comenzó a gestarse lo que hoy conocemos como el Narcoestado o el Estadonarco
En esta forma de gobierno, el crimen organizado y las autoridades se han fusionado hasta ser uno mismo con las consecuencias fatales que ahora sufrimos: periodistas ejecutados, miles de muertes y desapariciones, violencia galopante, gobernadores delincuentes, partidos encubridores, sociedad participante, impunidad y una presidencia de la República cómplice por omisión o por participación directa.
Parto del hecho de que, desde el gobierno de Salinas, comenzó a gestarse esta forma de cogobierno por el caso de su hermano Raúl Salinas quien fue acusado, precisamente, de usar las redes de la Conasupo para la distribución de la droga, aunque en la cárcel estuvo por otros delitos
Pero antes de este gobierno ya se habían presentado algunos síntomas de la imbricación entre autoridades y narcotráfico, como fue la increíble existencia del rancho “El Búfalo” en Chihuahua. Sin embargo, en el salinismo se expresaron las primeras señales del Narcoestado.
En tres décadas la descomposición de la clase política y la corrupción se han enquistado hasta los más altos niveles, lo cual ha llevado a 30 gobernadores de diferentes partidos a ser acusados de tener vínculos con el crimen organizado, incurrir en actos de corrupción, crear y encubrir redes delincuenciales, hacer negocios ilícitos, desviar recursos y recibir dinero sucio para sus campañas proveniente de distintas organizaciones criminales.
Casos como el de los priistas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández en Tamaulipas, Mario Villanueva Madrid en Quintana Roo, Fausto Vallejo en Michoacán, el perredista Ángel Aguirre Rivero en Guerrero y el panista Sergio Estrada Cajigal de Morelos, son algunos ejemplos claros de cómo el Narcoestado ya es una realidad.
En ese Narcoestado el crimen organizado es el que gobierna y controla el territorio. Nada de lo que ocurra ahí escapa de su poder, incluido el ejercicio de la libertad de expresión. Ocho periodistas han sido asesinados en lo que va del año, entre ellos Javier Valdez. Y no es casual que en estados como Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, Michoacán y Chihuahua sean donde se registre los casos más recurrentes de asesinatos, amenazas y persecución a reporteros.
Todas las autoridades están involucradas con los grupos criminales donde cogobierna el crimen organizado. Las fuerzas armadas no se escapan de este poder corruptor que compra voluntades con enormes cantidades de dinero para que los dejen tranquilos en el trasiego, distribución y venta de enervantes, así como en el negocio del secuestro, extorsión, tráfico de personas y de armas.
Pero en el Narco Estado también la sociedad participa directa o indirectamente. Muchas de las veces amplios sectores de la sociedad son cómplices y forman parte de las redes o de la comunidad de base de apoyo que se gestan por necesidad, a la fuerza o por interés alrededor de los distintos grupos criminales como ocurre de manera clara en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México.
En otras ocasiones, la propia sociedad ha normalizado la presencia y la actuación violenta de estos grupos ante la imposibilidad de protestar o de hacer una denuncia. ¿Cómo acudir ante una autoridad que está corrompida o que es parte del grupo criminal que gobierna el municipio o el estado?
Esta situación será la prioridad para quien quiera ser el presidente en el 2018. La expansión de zonas controladas por el crimen organizado crece todos los días, la población adicta en México rebasa los seis millones, según la última estadística oficial del 2011; el número de periodistas muertos o desaparecidos aumenta día con día, se disparó a 600% el número de asesinatos en este sexenio y hay más de 350 mil personas desplazadas por la violencia.
A pesar de la gravedad de la situación, el tema no está en la agenda de ninguno de los aspirantes a la presidencia. Ni uno de ellos habla del crimen organizado y, menos, del Narcoestado y sus consecuencias. Es un tópico espinoso que evaden pero que cualquiera que gane tendrá que afrontar.
