Ortega condena los abusos del gobierno contra los miles de manifestantes que se han volcado a las calles desde hace mes y medio y Maduro responde enviando a los jóvenes detenidos en las protestas a la justicia militar. Así evita que la Fiscalía los ponga en libertad por falta de pruebas para ser procesados por delitos como “instigación a la rebelión”.
Unos 215 detenidos habían sido presentados hasta el pasado viernes ante tribunales militares, lo que según abogados penales está prohibido en la Constitución y viola el derecho a la defensa.
Hasta ahora, lo que ha hecho Maduro frente a Ortega es buscar atajos que le permitan eludir la decisión de la Fiscalía de garantizar el debido proceso a los cientos de detenidos en las protestas populares. Por eso recurrió a los tribunales militares.
Desde luego, la fiscal ha sido atacada por los incondicionales del régimen, quienes le piden “actuar” contra los manifestantes cuando todo Venezuela sabe que quienes disparan contra ellos son la Guardia Nacional y los paramilitares “colectivos” maduristas.
El conductor de la televisión estatal Mario Silva se preguntó hace unos días si la Fiscalía tendrá algún “pronunciamiento” frente a los recipientes con excremento llamados “pupotovs” que lanzan los manifestantes a la Guardia Nacional. Y en un remate que terminó siendo de humor involuntario aseguró que esa forma de lucha “se considera ataque biológico porque puede provocar enfermedades y es un delito”.
Chavistas contra maduristas
El entramado chavista, tal como lo dejó Hugo Chávez al morir, hace cuatro años, ya no existe. Está dividido entre maduristas y chavistas que consideran que el actual presidente venezolano traicionó el ideario del líder de la Revolución Bolivariana y que ahora, con su convocatoria a una Asamblea Constituyente “comunal” –es decir, electa “a dedo” y no por voto popular–, pretende derogar el principal legado político del caudillo: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Nicmer Evans, dirigente del movimiento chavista Marea Socialista, considera que Maduro y su gobierno “son unos usurpadores de las ideas de Hugo Chávez, las cuales ya no tienen nada que ver con las del comandante”.
Marea Socialista, corriente que fue expulsada del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por cuestionar a Maduro, es uno de los grupos en los que han convergido los chavistas disidentes del madurismo, que cada vez son más.
Entre ellos hay exministros, como Héctor Navarro y Jorge Giordani, y generales, como Clíver Alcalá y Miguel Rodríguez Torres. Todos ellos, al igual que Luisa Ortega, eran cercanísimos colaboradores de Chávez.
La importancia del posicionamiento de Luisa Ortega como una fiscal independiente y vigilante del cumplimiento de la Constitución de Chávez es que ella se puede convertir en un elemento aglutinador no sólo del chavismo tradicional, sino también de sectores independientes que repudian al gobierno de Maduro pero no están convencidos de que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sea la alternativa que necesita el país en medio de la profunda crisis política, económica y social que tiene empobrecida, inconforme y con un déficit alimentario a la mayoría de la población.
La fiscal general es la titular de la institución venezolana encargada de ejercer la acción penal en nombre del Estado. Además, la Fiscalía es parte del Poder Ciudadano, que es uno de los cinco poderes públicos en el país, junto con el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral.
Entre las atribuciones de Ortega está la de “ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles”, entre ellos corrupción, narcotráfico y lavado de activos, los cuales tocan –según denuncias de la opositora MUD– a altos funcionarios del gobierno de Maduro y a oficiales de las Fuerzas Armadas.
En decir, Luisa Ortega es una funcionaria con facultades de investigar delitos y enviar a los delincuentes a la cárcel en un país donde, según el exministro Héctor Navarro, el desfalco a las arcas estatales sería de unos 300 mil millones de dólares, cifra equivalente al PIB anual de Colombia.
El peso de Ortega se hizo sentir desde el pasado 31 de marzo, cuando 36 horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro disolviera de facto a la opositora Asamblea Nacional mediante dos sentencias la fiscal tildó esos fallos de “violaciones del orden constitucional” y desconocimiento “del modelo de Estado consagrado en la Constitución”.
Tan resonaron las palabras de la fiscal general, que al día siguiente Maduro ordenó al Tribunal revisar las sentencias, misma que los magistrados corrigieron parcialmente en un nuevo fallo que le devolvió sus facultades legislativas a la Asamblea.
Desde entonces, la fiscal se ha pronunciado en términos críticos frente a la represión policiaca y de los “colectivos” a la protesta ciudadana y ha solicitado respetar los derechos de los manifestantes y de los detenidos en las protestas.
Además, la Fiscalía ha llevado a la cárcel a algunos de los agentes del Estado implicados en las muertes de manifestantes, que sumaban 39 hasta el viernes pasado. Los cargos que ha presentado contra los autores son “homicidio calificado y uso indebido de arma orgánica”.
Y también ha expedido decenas de órdenes de captura que no se han podido concretar por el cerco institucional que protege a los uniformados y a los “colectivos”, los grupos de choque que hacen el trabajo sucio: disparar y matar.
La sombra de Odebrecht
Luisa Ortega no está sola. La respalda todo el chavismo que optó por distanciarse de Maduro.
Y según fuentes consultadas en Caracas también tiene el apoyo de un sector del PSUV encabezado por su esposo, el diputado Germán Ferrer; de funcionarios de alto nivel que ven en la convocatoria a una Asamblea Constituyente “comunal” de Maduro el fin de la Constitución Bolivariana de Hugo Chávez, y de un grupo de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inconforme con lo que está ocurriendo en el país.
La situación de Venezuela es tan volátil, y hay tantas armas en las calles –el mes pasado Maduro anunció el reparto de 500 mil fusiles AK-47 a los milicianos civiles de la FANB–, que en cualquier momento se puede producir una escalada de violencia sin control.
Por ello la urgencia de que la opositora MUD, una coalición variopinta de partidos que a menudo chocan entre sí, tienda puentes con el chavismo que ha decidido separarse del proyecto autocrático de Maduro y articule, con ese bloque, una salida política viable a la profunda crisis que vive el país de Hugo Chávez. Y Luisa Ortega puede jugar un papel muy constructivo en ese proceso.
Falta ver si el régimen que encabeza Maduro comienza a acosarla a través de auditorías de la Contraloría o de fallos del Tribunal Supremo de Justicia que apunten a su destitución.
El presidente no puede destituir a la fiscal. La Asamblea Nacional la reeligió en 2014 para un nuevo mandato que concluirá en 2021.
Y ella tiene en sus manos investigaciones que tocan los más altos niveles del gobierno venezolano. Una de ellas es la de los sobornos que repartió en Venezuela –y en varios países de Latinoamérica– la constructora brasileña Odebrecht.
El pasado jueves, la Procuraduría General de Brasil dio a conocer un testimonio de la publicista Mónica Moura, detenida en ese país por el caso Odebrecht, en el que asegura que Maduro le pagó en 2012, cuando él era canciller, 11 millones de dólares en efectivo provenientes de sobornos de esa constructora.
La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, considera que detrás de esa acusación “hay demasiados delitos” que perseguir y dice que a quien corresponde hacerlo es a la fiscal Luisa Ortega en momentos en que ella ha tenido “posiciones muy dignas, apegadas a la ley”.
