Sin que se haya convocado a foros para discutir el tema con especialistas y actores sociales, las Cámaras de Diputados y Senadores preparan un periodo extraordinario en el que se aprobarán, o no, dos temas: el fiscal anticorrupción y la famosa Ley de Seguridad Interior.
El primer asunto corresponde a los senadores.
Casi cuatro años de atraso lleva el nombramiento de quien será el responsable de una fiscalía especializada en delitos de corrupción, que en estos momentos, en el papel, está atada directamente a la Procuraduría General de la República.
Si se aprobara en sus términos el nombramiento del fiscal especial, éste no sería independiente, pues deberá reportar directamente al hoy procurador que se llamará fiscal general.
Ese hecho, más el que el propio fiscal especial no pueda contratar personal ni capacitarlo –por disposición de la PGR tendrá que trabajar con lo que hay- generan el voto en contra de la oposición.
Un fiscal especial así ni es independiente ni sirve, aseguran.
A los diputados les corresponde aprobar o no la Ley de Seguridad Interior, con la que supuestamente quedará regulada la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
El tema resucitó a partir de la exhibición del video de un enfrentamiento entre militares y huachicoleros, en Puebla, en donde un civil fue ejecutado por un soldado y un militar por un civil.
Algunos constitucionalistas se han manifestado en contra de dicha ley, ya que, aseguran, equivale a militarizar el país.
No ha habido convocatorias a foros para discutir más ampliamente el tema, pero si ya está en la agenda del Congreso para la segunda quincena de junio, es probable que haya un acuerdo entre partidos.
Recuerde que en los periodos extraordinarios no se va a debatir, sino a votar, a favor o en contra. Sólo se llega al extraordinario con dictámenes aprobados en las comisiones, con o sin observaciones.
A ver si es cierto.
Por cierto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión citó a comparecer al presidente de la Consar, Carlos Ramírez Fuentes, “para que informe y explique el estado que guarda la supervisión de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y sus participantes y, en particular, en lo que corresponde al mercado de administración de los fondos de pensiones de los trabajadores a cargo de las Afores’’.
Es un capítulo más de la investigación iniciada por la Cofece que terminó con la sanción a cuatro Afores que se habían coludido para evitar el traspaso de cuentas de los trabajadores.
O sea, para que explique el cochinero, pues.
Reapareció la diputada veracruzana de Morena, Eva Cadena, a quien se le instruyó un juicio de desafuero luego de haber sido exhibida recibiendo dinero primero para la campaña de López Obrador y luego como pago a sus servicios por haber impulsado un dictamen a favor de un sector empresarial en el estado.
Nada dijo a los legisladores de la Sección Instructora; presentó tres recursos de amparo y por escrito manifestó que el haber recibido ese dinero “no constituye un delito electoral’’.
¡No, pues así, sí!
aarl
