CENA DE NEGROS
Marco Antonio Vázquez
Perversidad, dolo, ignorancia, ganas de meter al jefe en problemas, todo eso y algo más fue lo que se asomó en el recién aprobado Decreto que reforma el Código Penal de Tamaulipas.
El congreso de Carlitos García, con letras chiquitas y en diminutivo porque así han quedado a la vista del pueblo y, peor para ellos, en el compromiso con su jefe, decidió aprobar una ley mordaza que, otra vez peor para ellos, exhibe su ignorancia y hubiera sido peor de haber tenido que ser echado abajo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para fortuna del “legislador” el gobernador ya anunció que no publicará el decreto y que lo están revisando para regresárselos y lo estudien nuevamente.
Siendo objetivos, la propuesta de reforma al Código Penal es una joya en muchos aspectos, de vanguardia cuando clasifica algunos delitos, de avanzada cuando pone énfasis en la seguridad de la gente, por ejemplo, hace graves los delitos de peculado, es decir, el robo al pueblo por cualquier político y condena a la cárcel a quien lo cometa, también es un gran avance cuando clasifica delitos que le están haciendo mucho daño a nuestra sociedad como el halconeo, la extorsión, el abuso a las mujeres entre otros, el problema fue que el congreso no quiso ayudarle al Ejecutivo, se quedó corto, los diputaditos le quedaron a deber al pueblo cuando aprobaron sin chistar algunos artículos que a todas luces no superarían una revisión de la SCJN.
Miré, este es uno de los artículos de los que le hablo.
“ARTICULO 189.- Se entiende por ultraje toda expresión directa o indirecta o toda acción ejecutada contra algún servidor público estatal o municipal o contra instituciones públicas que pueda implicar ofensa o desprecio. Al responsable se le impondrá una sanción de seis meses a dos años de prisión y multa de veinte a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.
Significa una sola cosa, cállese.
Porque además en otro de los artículos dice que cuando la “víctima” es un funcionario estatal o municipal o una institución estatal o municipal, esta clase de delitos se perseguirán de oficio, para sintetizar, pueden meter a la cárcel a cualquier ciudadano sin que siquiera se tome la molestia un funcionario o el gobierno de interponer una querella y enfrentarlo en un proceso.
Hay otros dos o tres artículos que tampoco superarían positivamente la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que igual merecen una revisión exhaustiva, uno es el relacionado con publicaciones sobre los operativos de la autoridad, que si bien en la exposición de motivos explica cuál es su espíritu ya en su redacción deja mucho que desear, se observa una censura previa que hace muchos años ya fue revisada por la Corte y no fue aprobada, e igual tendría que analizarse el artículo que se refiere a prohibir expresiones, memes, chistes, decir que no hacen nada con la intención de que exhiban o denigren a personas o instituciones, tal vez se deba regular ese tipo de acciones, que en lo personal no estoy de acuerdo, pero quizá especificando con claridad a que se refiere, contra quien, en qué casos.
Le insisto, hubo perversidad, flojera o ignorancia de los legisladores a la hora de dar su voto a favor de dicho decreto ya que este es injustificable a pesar de la incomprensible rapidez con que lo hicieron (la iniciativa se recibió el 23 de marzo y se aprobó con dispensa de trámites el 29 de este mismo mes) porque bastaba cualquier ojeada para que el sentido común, ya ni siquiera la inteligencia, les alertara y se pusiera a estudiarlo o pusieran a los expertos de la legislatura a opinar sobre esos tres puntos y ni crea que era mucho, se trató de una iniciativa de 38 o 39 cuartillas que se leen detenidamente en una media hora.
Este congreso en realidad en nada le ayuda al pueblo ni al gobernador, le hablo de los diputaditos del PRI, dos de ellos ex presidentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que exhibieron en toda la extensión su ignorancia o su perversidad y también de los del PAN, el PANAL, Verde, MC y hasta la Morena.
Por fortuna alguien tenía que demostrar cordura y fue el Ejecutivo, escuchó y leyó el sentir de la gente, el gobernador sabe que tiene la querencia de las mayorías y la podía aumentar, junto con la esperanza del pueblo, con una sola orden, tomó la decisión y bastó con decidir frenar la publicación del decreto para someterlo a una nueva revisión de expertos.
Quizá sería buena una consulta pública en el entendido que todo es perfectible y se puede mejorar la iniciativa escuchando la voz de todos e igual es buen tiempo para recoger la opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, créalo, a todos los tamaulipecos nos conviene que Francisco Javier García Cabeza de Vaca conserve su popularidad, el respaldo de la gente y que sigan mejorando ambas mediciones porque en ello va implícita la felicidad y la esperanza de todos nosotros.
Para desgracia nuestra este pasaje solo nos deja visto que tenemos un congreso inútil, que no le sirve al pueblo y tampoco al jefe, es cierto que el decreto para la reforma al Código Penal de Tamaulipas es una joya, que por primera vez se habla de temas y de actos que deben ser sancionados, pero esa joya necesitaba ser pulida y no, no lo hicieron, no se animaron, les dio miedo trabajar y todo lo bueno de la misma lo contaminaron con temas que bien podían dejar pendientes o subsanarlos.
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