Jenaro Villamil
Apro.-Un hecho inquietante de las gestiones delincuenciales de los priistas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández en Tamaulipas no sólo radica en el tiempo de impunidad transcurrido a lo largo de ellas –más de dos décadas–, sino el vínculo del cártel narcopolítico de Yarrington en el sistema de relaciones de Enrique Peña Nieto en el Estado de México.
El nexo lo personifica un alto funcionario del sexenio estatal de Yarrington que ha estado en la mira de las autoridades del país por sus presuntas ligas con el Cártel del Golfo. Se trata de Baltazar Hinojosa Ochoa, uno de los estrategas de Peña Nieto en la elección presidencial y pariente del contratista Armando Hinojosa Cantú, financiador de la Casa Blanca del mandatario en Las Lomas de Chapultepec.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A finales de enero de 2012, en plena precampaña presidencial del PRI, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó en un comunicado de prensa que tres exmandatarios de Tamaulipas eran investigados por presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Se trataba de Manuel Cavazos Lerma, gobernador entre 1993 y 1999, que le dejó la estafeta a Tomás Yarrington y al sucesor de éste, Eugenio Hernández-
La PGR también le solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que proporcionara “toda la información” sobre el registro de entradas y salidas del país de estos exgobernadores, de varios colaboradores suyos, sobre todo de quien fue procurador en la administración de Yarrington, Fernando Tomás Cayuela Villarreal, de la esposa de aquél, María Antonieta Morales Loo, y de sus hijos María Antonieta y Tomás Antonio Yarrington Morales.
La información se divulgó tres días antes de que Enrique Peña Nieto, el precandidato único del PRI, visitara Tamaulipas para sellar el apoyo de la clase política de esta entidad a su campaña presidencial.
“Es sospechoso y sintomático que en pleno proceso electoral de nuestro partido aparezca este tipo de información que tiene aroma inocultable de guerra sucia”, afirmó Cavazos Lerma, en ese momento candidato a senador por la vía plurinominal.
Peña Nieto utilizó prácticamente las mismas palabras para defender a sus correligionarios, en especial a Yarrington, a quien las autoridades estadunidenses investigaban desde 1998 por sus presuntos vínculos con el Cártel del Golfo. En abril de 2004, el entonces titular de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, también lo señaló como objeto de una investigación por encabezar una red de 300 funcionarios, empresarios y políticos que encubrían al jefe de esa organización criminal, Osiel Cárdenas.
El 11 de febrero de 2012, tras una nueva información proveniente de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus silgas en inglés), que acusó a Yarrington ante una corte de Texas de recibir sobornos del Cártel del Golfo y Los Zetas, Peña Nieto volvió a declarar que era “sospechoso” que surgiera “una filtración en plena campaña electoral”.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2111, ya en circulación
