Que PGR sí pide extradición
Colabora
con EU por Yarrington
Muertes en Durango y Chihuahua
Construcciones en CDMX
La otra pifia queda en espera de pronta resolución definitiva.
Por lo pronto, la PGR dice que no ha cedido
ante Estados Unidos para que este país se lleve a la pieza criminal cuyo canto desde territorio gringo podría resultar estremecedor para ciertos altos oídos mexicanos.
Técnicamente, México y Estados Unidos quedan en estado de competencia para ver cuál de las dos jurisdicciones se lleva al personaje aprehendido de noche en Florencia.
Pero, al mismo tiempo, la presunta beligerancia de la oficina de Andrade Cervantes es presentada como obsequiosa disposición colaborativa: la PGR, dijo ésta, en comunicado de prensa, y el Departamento de Justicia de EU están trabajando conjuntamente las estrategias jurídicas a fin de que Yarrington enfrente a la justicia de ambos países, de conformidad con la fuerte colaboración que existe en materia de procuración de justicia
.
Ya se verá, pues, si en los hechos la PGR termina cediendo
ante la presión de Estados Unidos para hacerse del declarante Yarrington o de verdad el procurador Cervantes Andrade peleará y conseguirá que el tamaulipeco sea sometido primero a la justicia mexicana, donde podría alcanzar una amable sentencia de 20 años de prisión, o se impone el vecino país, donde la sanción podría llegar a una doble cadena perpetua tras las rejas.
Los amigos mexicanos (Raúl, Enrique, entre ellos) preferirían ofrecer una estancia cómoda a Tomás en territorio mexicano bajo control. Pero los gringos no quieren que les vean la cara tan marcadamente.
En Durango fue ejecutado el contador Rogelio Alcántar Leyva, a quien se menciona como parte de un grupo encabezado por Felipe Cabrera Sarabia, conocido como el Inge o el Señor de la sierra, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos adjudica el control de la plaza duranguense a favor del cártel de Sinaloa. Cabrera fue detenido en 2011 y le encontraron nóminas de pagos a policías y servidores públicos de distinto nivel, en ámbitos municipales, estatal y federal, durante el gobierno del priísta Jorge Herrera. El asesinato del contador Alcántar puede desatar una guerra entre cárteles en la entidad, ahora gobernada por el panista José Rosas Aispuro.
Su esposo, Carlos Hermosillo Arteaga, falleció en un accidente carretero el pasado 20 de marzo. Era diputado federal pero, antes, había ocupado cargos aparentemente menores, durante la gestión del gobernador priísta César Duarte Jácquez: director del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas, director de administración de la Secretaría estatal de Hacienda y presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento.
Cargos menores pero que, según versiones e investigaciones, le permitieron fungir de operador personal de Duarte Jácquez para maniobras de enriquecimiento, sobre todo en el tema del Banco Progreso, propiedad del próspero mandatario ya mencionado. La muerte, por accidente, de este personaje, generó el episodio del suplente Antonio Tarín, intentando tomar posesión de la curul federal y durmiendo en San Lázaro, para que no lo aprehendieran, pues también está relacionado de manera notable en los expedientes de la corrupción generalizada que se vivió en Chihuahua durante ese sexenio.
Ahora, Mayra Julieta Urbina Arzola, viuda de Hermosillo Arteaga, solicita amparo de la justicia federal, para no ser aprehendida. Demasiados ingredientes enigmáticos o sugestivos, como para armar una buena historia de política y crimen organizado, en este México que a lo largo y ancho suministra material por encima de la ficción.
La muerte de siete trabajadores, más 10 heridos, en una construcción de Ciudad de México, pone de relieve las crónicas irregularidades en materia de obra pública en la capital del país, permitidas de manera sistemática por administraciones, sobre todo las priístas y perredistas, que han sido predominantes, como parte de los arreglos corruptos, ya casi oficiales, entre autoridades y empresarios del ramo.
A reserva de que se precisen las causas de este accidente en la delegación Álvaro Obregón, es apabullante el virtual exterminio del interés colectivo en los procesos de autorización de nuevas construcciones, tanto para condominios habitacionales como para edificios de oficinas o de uso comercial. Los empresarios deben pagar por fuera, sin recibo, altas cantidades para que sus proyectos sean autorizados y, ya con tal aprobación comprada, las autoridades delegacionales y centrales de Ciudad de México solamente aparentan algún tipo de revisiones. No se trata nada más de la administración central de Ciudad de México, con uno u otro signo partidista, o de una o unas delegaciones en especial sino, en general, de una política institucionalizada de corrupción capitalina, que genera accidentes y permite abusos por parte de los empresarios que previamente compraron la voluntad
de los servidores públicos correspondientes.
Y, mientras Donald Trump revisa los proyectos para la terminación del famoso muro fronterizo y anuncia que pronto escogerá al ganador, ¡hasta mañana, con el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht llegando a nombres de mandatarios latinoamericanos y subordinados directos, mientras en México se pretende mantener el caso en la opacidad y la impunidad!
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