Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores son buscados por autoridades estadounidenses por presuntamente trabajar con los cárteles de la droga
Por: SERGIO RINCÓN
NOTA DEL EDITOR: Esta inforación fue publicada en mayo del 2016, se actualiza a razón de la captura del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrigton en Italia.
Tamaulipas, un estado donde el crimen y la violencia se ha normalizado, ha sido gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde el siglo pasado.
Sus últimos tres exgobernadores Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores han sido relacionados e investigados por lavado de dinero por presuntamente estar ligados con cárteles de la droga que opera en esa zona fronteriza. Las indagatorias por parte de las autoridades estadounidenses mantuvieron hasta el domingo prófugo a Yarrington, quien fue detenido en Florencia, Italia, mientras que Hernández sigue en libertad.
En México, durante el sexenio de presidente Felipe Calderón, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió investigaciones contras ambos, pero a la llegada de Enrique Peña Nieto, las diligencias se ha estancado. Yarrington también es prófugo de la justicia mexicana quien lo acusa de recibir sobornos de Los Zetas y el Cártel del Golfo. En el caso de Cavazos Lerma —hoy senador de la República — la PGR dio ‘carpetazo’ a su expediente al no hallar evidencias suficientes para procesarlo.
Las campañas electorales para remplazar al gobernador Egidio Torre Cantú, quien hace seis años sustituyó a su hermano en la candidatura del PRI luego de éste que fuera asesinado, han estado marcadas por acusaciones de vínculos con el narcotráfico de los candidatos, mientras la disputa por el territotio y los 400 kilómetros de frontera que divide a Tamulipas con Estados Unidos, se da entre el Cártel del Golfo, de Sinaloa y Los Zetas dejando un gran estela de violencia.
Tan solo el año pasado (2015) fueron asesinadas 763 personas y otras 327 fueron secuestradas, delito en el que Tamaulipas ocupa el primer lugar nacional de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Aquí un recuento de las acusasiones contra los exgobernadores:
Sobornos, lavado, fraude…
En 2013, una Corte federal con sede en Brownsville, Texas, acusó a Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba de haber lavado dinero del narcotráfico desde 1998. En aquel entonces el priista era candidato a la gubernatura Tamaulipas y operó con ayuda de la Policía Estatal, durante el sexenio de Manuel Cavazos Lerma, de acuerdo con el expediente criminal B-12–435–S1, generado por el Gran Jurado estadunidense.
La acusación contempla otros ilícitos, como recibo de sobornos por parte de narcotraficantes, fraude y mentir a bancos de Estados Unidos. Además se detalla que existe una orden de arresto y extradición contra Yarrington y su socio Fernando Alejandro Cano. Desde entonces, ambos se encuentran prófugos.
Nacido en una familia pobre, donde tuvo que compartir una casa rentada con 12 hermanos, Yarrington, abogado y economista, llegó a la política en 1988, siendo diputado federal por el Distrito III de Tamaulipas; en 1993 fue alcalde de su natal Matamoros, cuna y centro de operaciones del hoy conocido cártel del Golfo. Tras dejar su cargo, fue secretario de Hacienda de Tamaulipas en el sexenio de Cavazos Lerma.
En 1998, de acuerdo con fiscales federales de Estados Unidos, Yarrington aceptó millones de dólares del narcotráfico y los invirtió en bienes raíces en Texas. Los grupos con los que trabajó y financiaron su campaña a la gubernatura, según la imputación penal, fueron el cártel del Golfo y Los Zetas. A cambio, cuando estuvo en el poder, permitió el libre tránsito de drogas a Estados Unidos a través de Tamaulipas.
El exmandatario, quien gobernó entre 1999 y 2004, también es acusado de posesión de sustancias controladas, detallaron los fiscales federales Kenneth Magidson y Robert L. Pitman, de los distritos sur y oeste de Texas, respectivamente.
En 2009, durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, la Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a investigar a los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y a Eugenio Hernández Flores. Yarrington trató de ampararse pero en el 2014, un tribunal federal negó de manera definitiva el recurso bajo el número 75/2014 y dejó firme la orden de aprehensión girada en su contra por el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas en agosto de 2012, por delitos contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento del narcotráfico.
En estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) detalló que desde 2007 a 2009, Yarrington estuvo involucrado en el tráfico de cocaína a través del puerto de Veracruz hacia Estados Unidos.
“(Yarrington) Acordó con los representantes del cártel del Golfo y de los Beltrán Leyva organizar el acceso sin trabas para grandes cargas de cocaína hacia el puerto de Veracruz a cambio de un porcentaje de cada carga”, dice la acusación que sirvió en el juicio penal que abrió la Corte Federal de Texas.
En 2012, desde el exilio, Tomás Yarrington aseguró en entrevista con MVS Radio conocer al empresario Cano, pero negó mantener un vínculo comercial o de cualquier otro tipo. Agregó que su persecución por parte de la PGR se trataba de un linchamiento mediático y aseguró ser inocente. Fue la última vez que realizó un acto público.
Transacciones y lavado
El 27 de mayo de 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció al ex gobernador Eugenio Javier Hernández Flores, que gobernó del 2005 al 2010, por “conspiración para lavar dinero y operar un negocio de transacciones financieras sin licencia para ello”.
Un mes después, la Corte de Corpus Christi, Texas, hizo pública la acusación formal en contra del ex mandatario tamaulipeco y su cuñado, Óscar Gómez Guerra por lavado de dinero de 30 millones de pesos, lo que quedó asentado en el expediente C–14–178–S.
“(Hernández es probable responsable de) transferir, transmitir y tratar de trasmitir instrumentos y fondos relacionados con el producto de actividades ilícitas”, refiere el acta criminal, que también incluyó un aviso de confiscación penal de cuatro propiedades, tres en McAllen y otra en Austin.
Desde ese momento, ambos son considerados prófugos de la justcia e incluso, se tiene habilitado un numero de la Agencia de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) para aportar información que lleve a hacia su captura.
Las investigaciones comenzaron en agosto de 2013, cuando el empresario Guillermo Flores Cordero fue detenido en San Antonio, Texas, Estados Unidos. La Corte de Corpus Christi posteriormente declaró culpable al empresario lagunero de lavado de dinero.
Entre los clientes de Flores Cordero, originario de Coahuila y dueño de empresas fantasmas en Estados Unidos, se encontraba Eugenio Hernández.
En la audiencia, que fue publicada por medios locales, Flores Cordero declaró: “Él (Eugenio Hernández Flores) utilizó empresas ficticias para enviar dinero de México a cuentas en el Valle del Río Grande a nombre de terceros, para encubrir la procedencia de los fondos”.
Entre 2009 y 2012, Guillermo Flores ganó 2.5 millones de dólares en comisiones por blanquear 30 millones de dólares. Las autoridades federales de Estados Unidos incautaron millones de dólares en cuentas bancarias de ese país perteneciente a Eugenio Hernández, y su casa en el condado de Bexar, Texas.
En octubre del 2014, un Juez de Distrito con residencia en Ciudad Victoria decretó la inmovilización definitiva de las cuentas bancarias de Óscar Manuel Gómez Guerra, esposo de Elsa Hernández Flores, hermana de Eugenio.
En México, la PGR por medio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), en 2012 incautó propiedades de Hernández Flores en Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo, al ser investigado por lavado de dinero al servicio del Cártel del Golfo. Dos condominios fueron decomisados en Puerto Cancún y dos más en el fraccionamiento de Mare Azul, Club de Yates en Playa del Carmen.
Tras meses sin hallar nada, en 2013 las autoridades cerraron el caso, junto con las investigaciones contra el exgobernador Manuel Cavazos Lerma.
Trasiego de armas y droga, caso cerrado
Manuel Cavazos Lerma, quien gobernó del 1993 a 1999, fue acusado en 1997 de permitir el trasiego de armas y droga en Tamaulipas. Omar Durán Perales, ex subdirector de Inspección y Vigilancia Agropecuaria, Forestal y Pesca de Tamaulipas fue quien denunció al gobernador y a sus colaboradores cercanos, argumentando que la droga y las armas se transportaban en camiones de ganado o incluso, en el caso de la cocaína, dentro de reses.
En 2012, la Seido abrió una averiguación previa (PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009) por delitos contra la salud y lavado de dinero contra el exgobernador Cavazos junto y sus predecesores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.
La investigación en la que están mencionados los ex Gobernadores data de enero de 2009 y se inició días después de la captura en la Ciudad de México de Miguel Ángel Soto Parra, uno de los miembros fundadores de Los Zetas, quien, como agente de la extinta Policía Judicial Federal comisionado en Tamaulipas entre 1998 y 1999, le dio protección al entonces líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, según lo informó el diario Reforma en febrero del 2012.
Sin embargo, en 2013 las pesquisas contra Cavazos y Hernández terminaron, luego que las acusaciones de testigos protegido que los ligaban con el crimen organizado, no pudieron ser constatadas por el Ministerio Público Federal (MPF) y solo se ejercitó acción penal contra Yarrington.
Manuel Cavazos Lerma es actualmente senador.
Tamaulipas en las mismas
El gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, quien llegó a su cargo tras la muerte de su hermano Rodolfo, dejará un estado inmerso en la inseguridad.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), en 2015 Tamaulipas fue una de las dos entidades que registraron mayor número de secuestros en todo el país (327), la otra fue Guerrero. Aunque el secuestro no es el único crimen: de enero a abril de este año, en Tamaulipas fueron asesinadas 270 personas.
Tras el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, al estado arribaron miles de elementos del Ejército Mexicano. Sobre el expediente del asesinato de Rodolfo Torre, en 2013 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) lo blindó como información reservada por 12 años.
