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TAMAULIPAS, SLP Y VERACRUZ, EL “TRIANGULO DE LAS BERMUDAS DE LA MUERTE”; CARRETADAS DE DESAPARECIDOS

Entre los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz la gente desaparece por centenas. Las familias de las víctimas llevan al menos siete años denunciando este hecho, y las autoridades llevan el mismo tiempo intentando ocultarlo. Sólo hasta hace poco –y eso gracias a la inmensa presión social– el problema ha comenzado a reconocerse. Pero las cifras no cuadran; de hecho, su difusión parece estar motivada políticamente, y las investigaciones aún no dan resultados…

SAN LUIS POTOSÍ, SLP (Proceso).- Los potosinos han vivido en carne propia, con toda su crueldad, la saña de los grupos del crimen organizado y la colusión de gobernadores y funcionarios, que han convertido a esta entidad, junto con Tamaulipas y Veracruz, en una suerte de “Triángulo de las Bermudas” de la muerte. La gente simplemente desaparece.

El registro de potosinos desaparecidos (tanto el oficial como el elaborado por las familias), particularmente a partir de 2009, incluye casos ocurridos en Tamaulipas, donde las personas se encontraban cuando sus familiares o amigos perdieron contacto con ellas.

Así pasó con los ocupantes del autobús de pasajeros que en marzo de 2010 salieron de Xilitla con destino a la frontera norte, a donde nunca llegaron. Jornaleros de Querétaro y de San Luis Potosí viajaban en ese camión, que apareció posteriormente en una carretera de Coahuila, vacío.

Ese “Triángulo de las Bermudas” es un corredor que comienza en Tamaulipas, cruza parte de San Luis (Tamuín, Ciudad Valles, Ébano, Tanquián de Escobedo, Tancuayalab) y sigue por Pánuco (Veracruz), atravesando la Huasteca que abarca los límites entre estos estados.

Ese trayecto fue recorrido infinidad de veces por la familia de Ignacio Pérez, quien el martes 14 de agosto de 2012 y junto a los jóvenes Aldo Pérez, José Arturo y Alexis Domínguez Pérez y la niña Milynali Piña viajaba en una camioneta GMC Sierra Denali modelo 2008 tras hacer compras en Brownsville. Todos desaparecieron en Ciudad Mante, cuando hacían el trayecto de regreso a Tamuín.

Cinco años después, Edith Pérez –hermana de Ignacio, madre de José Arturo y Alexis, tía de Milynali y Aldo, y portavoz del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros San Luis Potosí– recuerda en entrevista que se preparaba con su esposo para ir a casa de sus papás –donde esperarían a los viajeros y se reuniría a cenar toda la familia– cuando encontró un último mensaje de voz en su celular:

“Mi hijo José Arturo todo el tiempo me estaba llamando, de Brownsville, de Matamoros… A las 6:36 de la tarde me vuelve a llamar, me dice que iban casi llegando a Mante; se oían muy contentos, escuché las risas de todos. Hablo con mi hermano, me dice que la carretera está muy tranquila, que ya casi llegaban y que fuéramos preparando la cena, las enchiladas huastecas con cecina que toda la gente de aquí que sale de viaje quiere comer cuando vuelve. Cuando iba a salir de mi casa tenía un mensaje de mi hijo a las 6:58, a los pocos minutos de que colgamos. Me preguntaba si le había pagado la inscripción de la escuela.”

Cuando Edith y sus familiares vieron que pasaba el tiempo y los viajeros no llegaban, comenzaron a llamar a los teléfonos celulares de Ignacio y los muchachos, pero ya estaban fuera de servicio.

“Cuando vimos que pasaban de la 9:30 o 10 de la noche y no llegaban, comenzamos a llamar al Ejército, Tránsito, Policía Federal para que los buscaran. En esos momentos pensábamos que habían sufrido un accidente, pero las autoridades nos comenzaron a decir que Mante estaba muy peligroso y que pudieron haber sido secuestrados, que fuéramos a denunciar a Mante”, recuerda Edith.

A las cinco de la mañana del día siguiente, su esposo había arribado a Ciudad Mante. Acordaron esperar algunas horas más –“a que abrieran los bancos por si nos llamaban para pedirnos rescate, pero no pasó nada”– y finalmente se denunció la desaparición de los cinco integrantes de la familia.

Las llamadas con datos falsos y para pedir dinero llovieron en los días siguientes. Algunas de éstas fueron hechas por agentes de Tránsito de Ciudad Mante, según pudieron corroborar directamente.

“Esos datos en su momento sólo los dimos al personal del Ejército. Uno no sabe que todos esos detalles tienen que quedar en la averiguación. Hubo varias llamadas de extorsión pero nunca me dieron pruebas de vida; les pedía que me los describieran, que me llamaran del teléfono de uno de ellos. En lugar de morirme de miedo, me moría de coraje de que esos tipos se quisieran aprovechar de mí”, recuerda Edith.

En los días sucesivos, durante sus recorridos por la carretera que supuestamente utilizaron sus parientes, encontraron campamentos, osamentas, camionetas blindadas, historias pasadas y presentes.

“Es la zona de la temporalera, un recorrido que empieza desde Mata de Labra (en el municipio tamaulipeco de Burgos) y termina en Pánuco, Veracruz. Sigue siendo usado por los criminales. Mi esposo se iba a las brechas, llegaba a la casa y creaba el mapa, le sacábamos copias y se las llevábamos a las autoridades. Platicábamos con la gente de los ejidos, de los ranchos, y nos decían que pasaban las camionetas, que se escondían en tal o cual lugar”, describe Edith.

Han pasado casi cinco años y la familia sigue buscando, pero también padeciendo la abulia institucional. “Yo acabo de hablar con el Ministerio Público que lleva mi caso actualmente en Tamaulipas, y dice que nunca se pidió la sábana de llamadas (de los distintos celulares). Apenas ayer tuvieron los números correctos de los teléfonos” de sus familiares desaparecidos.

Y las personas siguen “evaporándose”.

Como ha sucedido ya en otras regiones del país laceradas por el fenómeno, después de años de una búsqueda callada, marcada por el desconocimiento y el miedo, en los meses recientes el hartazgo ha llevado a los familiares a exigir resultados e información al gobierno de San Luis Potosí, mientras se consolidan organizaciones y colectivos que mantienen la esperanza de encontrar a aquellos a quienes dejaron de ver.

Voz y Dignidad por los Nuestros San Luis Potosí es uno de estos colectivos. Actualmente agrupa a 60 familias, en su mayoría de la zona Huasteca, que buscan a 87 personas. Por lo menos 30 de estos casos ocurrieron en Tamaulipas.

El gobierno del potosino priista Fernando Toranzo, en cuyo sexenio se dieron la mayoría de las desapariciones, desoyó e ignoró a estas familias, como lo hicieron las autoridades tamaulipecas desde el periodo de Eugenio Hernández Flores.

“En un foro al que nos invitaron en julio de 2015 –al final del sexenio de Toranzo– nos acercamos varias familias, muchos con casos muy rezagados –explica Edith–. Nosotros no sabíamos lo que era una averiguación previa, ahora carpeta de investigación, ni que teníamos que ir al Ministerio Público ni el tipo de delito –en muchos casos se trata de desaparición forzada–. Vimos el desamparo en el que se encontraban muchas de estas familias y nos comenzamos a agrupar.”

Las familias interponían quejas ante la Comisión de Derechos Humanos en San Luis; después se iban a hacer lo mismo a Tamaulipas. En ningún lado les informaban nada.

Datos que mienten

A finales de 2015 comenzó un acercamiento más organizado ante la Procuraduría de Justicia de San Luis y, a raíz de las presiones, en diciembre de 2016 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) elaboró y publicó un Informe especial sobre personas desaparecidas en el que contó 60 víctimas de ese delito. Este dato está basado en información de la procuraduría potosina (PGJE) y de familiares.

El recién publicado Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México, en tanto, asienta que San Luis es el sexto estado con más personas inhumadas clandestinamente después de Guerrero, Veracruz, Nuevo León, Coahuila y Colima.

El periodista potosino Victoriano Martínez, especializado en transparencia, presentó dos distintas solicitudes de información ante la procuraduría sobre fosas clandestinas, cuyas respuestas fueron publicadas en el portal www.proyectotabano.com.mx. En entrevista, se refiere a la discordancia en las cifras manejadas por la PGJE:

“Da la impresión de que el derecho de acceso a la información pública, antes de ser atendido, es sometido a una valoración de lo que a los funcionarios en turno les conviene dar a conocer: mientras en marzo de 2015, en pleno inicio de campañas electorales, se minimiza la situación de las fosas clandestinas y sólo se reportan seis con 14 cadáveres, el 21 de septiembre de 2016, sin comicios a la vista y antes de cumplir el primer año de gobierno (del actual mandatario Juan Manuel Carreras), cuando la carga fuerte de los datos recae en el antecesor (Fernando Toranzo), parecieran abrir información más real: reportan 89 fosas con 124 cadáveres”.

No obstante, dice Martínez, “en un momento similar, pero ante una instancia como la CNDH y para un documento con un alcance de difusión como el Informe Especial, los datos tienen que ser otra vez ‘suavizados’, seguramente para proteger la imagen del estado, sobre todo cuando el gobierno de Juan Manuel Carreras López se ha caracterizado por minimizar la situación de inseguridad, que ha aumentado”.

El informe de la CNDH reporta –basado también en datos de la PGJE– que de 2007 a septiembre de 2016 se registraron 34 fosas clandestinas con 41 cadáveres. A detalle, la CNDH encontró que en 2009 se reportó una fosa; 10 en 2011; 11 en 2012; siete en 2013; dos en 2014, y tres en 2015. El organismo incluye un dato hemerográfico distinto respecto del mismo lapso: 23 fosas con 63 cadáveres.

En cuanto a la cantidad de desaparecidos, el informe señala 41 casos.

La CNDH incluye un señalamiento por la información parcial o incompleta que le entregó el gobierno potosino para este informe.

“Creo que en caso de establecer un Registro Nacional de Fosas Clandestinas, uno de los principales problemas ante el que tendrían que tomarse medidas preventivas es el de la confiabilidad de la información que se registre por las instancias que tengan la responsabilidad de alimentar esa base de datos, por las omisiones o “errores” intencionales en que puedan incurrir”, plantea Martínez.

Las cifras del informe de la Comisión Estatal presentado en diciembre fueron rechazadas por familiares y colectivos, presentes cuando se dio a conocer el reporte.“Nada que ver con la realidad”, coinciden en entrevistas por separado Edith Pérez y el abogado Ricardo Sánchez, del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz en San Luis, que también lleva casos de personas desaparecidas.

Sin embargo, derivado de las recomendaciones emitidas por la CEDH en el referido informe, la PGJE creó, después de años de pasar por alto la problemática existente, una Unidad Especializada en Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas, a cargo de la agente del Ministerio Público Luz María Montes Mariano.

Ricardo Sánchez dice que la instancia dista mucho de funcionar como debería. “La fiscal ha reconocido que la gente se está capacitando, que están bajado recursos”.

En principio, califica como gravísimo que el gobierno del estado haya respondido tan tardíamente a una problemática de siete y ocho años atrás. “Las familias comenzaron a caminar solas, y las autoridades, específicamente la procuraduría, les metían miedo y sospechas. Es una estrategia que todavía utilizan; criminalizan a sus desaparecidos, revictimizan a las familias, les niegan información, hay incapacidad”, señala el abogado.

“Ahora tocará dar respuesta a tantos años de averiguaciones previas y relatorías de hechos arrumbadas, y a otras a las que nunca les tomaron ni siquiera los datos.”

Hoy, el reconocimiento público de por lo menos 34 fosas clandestinas ratifica la manipulación de las cifras y la incapacidad del Estado para combatir los delitos vinculados con la existencia de esos cementerios ilegales.

“Las fosas son lugares de exterminio, donde se pretendió borrar toda huella de las víctimas de desaparición, no dejar rastros. Ya no bastó dejarlas en cualquier lugar, en algún camino, arrojarlas a la calle, sino que se echó a andar todo un mecanismo. Y la ciudadanía lo sabe, las autoridades lo saben. Hubo, si no una anuencia, sí un permiso, un hacerse de la vista gorda por parte de las autoridades, se permitió”, asevera el abogado del Centro Samuel Ruiz.

“Si no dan respuestas, las vamos a buscar. Si no entregan a los familiares, los vamos a buscar, aunque tengamos que cavar.”

Para el colectivo en el que participa Edith Pérez, la creación de la Unidad Especializada es un muy ansiado punto de partida.

“En una reunión a principios de febrero en la procuraduría, nos informaron que se contrató a un laboratorio para practicar los exámenes (de ADN) a los familiares de desa­parecidos, porque no se tenían para cotejarlos con los 200 NN (personas no reconocidas o cuerpos no reclamados) que tiene la procuraduría”, señala la ahora activista.­

Los familiares han pedido que dejen de esconderse las cifras, las fosas, las evidencias.­

Ahora, el informe publicado por la CNDH “nos dice que el estado sí tiene un conteo, pero no nos ha informado al respecto; que en esas fosas pudieran estar nuestros hijos, familiares –reclama Edith–. El estado nos dice a medias que el crimen organizado hizo estas fosas, nos está orillando a ir a buscar a nuestros desaparecidos. Está saliendo a la luz lo que hemos ido descubriendo por nuestra cuenta. Ya no nos pueden ocultar nada”.

Este reportaje se publicó en la edición 2111 de la revista Proceso del 16 de abril de 2017.

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