LOS PENALES
En días pasados conocimos de la fuga de varios delincuentes peligrosos del penal de Sinaloa, acción que se ha repetido en diferentes cárceles del país. En la mayoría o en todos los casos se supone complicidad de custodios y directivos de los penales, pero en algunos otros, de abogados litigantes, ministerios públicos y, repetidamente, jueces y magistrados pertenecientes al Poder Judicial.
La historia de los penales mexicanos es larga y variada, al igual que la de los juzgadores que, apoyados en la interpretación de la ley, la distorsionan y se convierten en cómplices ocultos de la delincuencia organizada.
Los penales mexicanos han sufrido reformas importantes, diferenciando los de alta seguridad para delincuentes peligrosos y las de baja seguridad para los llamados delincuentes accidentales o presuntos responsables de delitos menores. Existen en la actualidad 389 penales, de los cuales 17 son administrados por el gobierno federal y el resto por los gobiernos estatales y municipales incluyendo la Ciudad de México. Los administrados por el gobierno federal son de alta seguridad y los mejor organizados; en estos no se presentan sobrepoblación, situación diferente a los restantes.
Se asegura que el hacinamiento se debe al abuso que en el pasado reciente se hizo, de la prisión preventiva y, lo que es más grave, existen detenidos sin sentencia, lo que provocó el crecimiento desmesurado de los expedientes sin resolver, sin que el aparato burocrático judicial haya sido expedito y oportuno, de tal manera que existen detenidos que esperan sentencia y que, por lo intrincado del procedimiento judicial, pasan años en la cárcel y en ocasiones el periodo de espera de su sentencia equivale a la pena que establece la ley por el delito cometido.
INJUSTA ESPERA DE SENTENCIA
En su último informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que de 251 mil detenidos, 105 mil se encuentran en proceso. Ciento cincuenta mil expedientes sin resolver. La justicia, entonces, no es expedita y, lejos de proteger a los ciudadanos infractores de la ley para su rehabilitación, como por cierto lo establece claramente el artículo 18 constitucional, los contamina con verdaderos delincuentes y les crea una frustración permanente. El distinguido penalista y primer criminólogo mexicano, doctor Alfonso Quiroz Cuarón, calificó a los penales mexicanos como verdaderas universidades del crimen.
Por otra parte, el comportamiento de los abogados o litigantes penalistas ha provocado una diferencia en la atención de los asuntos. Quien paga más y cuenta con recursos económicos tiene más posibilidades de resolver con rapidez su conflicto, convirtiendo la profesión del licenciado en derecho en una venta desproporcionada de servicios cada día más cotizados.
De esa cadena, los que casi siempre actúan en la penumbra, los que usan el lenguaje jurídico como una cortina de humo, los que manipulan oficios, son los jueces.
Por ello, la corrupción judicial es una de las principales fuentes de la impunidad en el país. Los delincuentes se salen con la suya y la sociedad, agraviada, pierde confianza y respeto por las instituciones.
La corrupción que genera impunidad está en toda la cadena de la procuración y administración de justicia, policías, ministerios públicos, litigantes, responsables de la cárcel y Jueces. Lo vemos todos los días. Los diarios están repletos de notas sobre policías que cobran en la ventanilla de la familia, de ministerios públicos que llenan mal los expedientes, de jueces que se sacan amparos debajo de la manga, de custodios que voltean para otro lado justo en el momento que los reos escapan, de abogados que declaran maltrato o enfermedad de sus delincuentes defendidos, como parte de sus maniobras turbias.
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
El Poder Judicial se mueve en las sombras. Nadie sabe, nadie supo. Preguntas elementales, como cuánto ganan jueces y magistrados a la quincena y si su nivel de vida es acorde con sus ingresos, son imposibles de responder. ¿Viven de acuerdo a su salario? Es obvio que muchos no, que se dan vida de jeques, pero los organismos encargados de supervisarlos son ineficaces y en ocasiones operan con la misma opacidad que también impide saber cómo consiguen los ascensos en su carrera. Muchos especialistas han pedido que los mecanismos para sancionar a los jueces sean del dominio público, que se ventilen en los medios de manera transparente y no como es ahora, que se deciden en la oscuridad de los cubículos.
El ambiente judicial, especialmente el dedicado al derecho penal, es oscuro y la imagen de la justicia ante la opinión pública es desfavorable. La pregunta es: cumple el sistema judicial mexicano con su mandato constitucional y expectativas sociales. La respuesta es ¡no!
En 1995, entró en funciones el Consejo de la Judicatura, creado entre otras cosas para vigilar y, en su caso, sancionar el desempeño de los jueces. De acuerdo con la información publicada por este organismo, en el 2016 se dictaminaron 77 de 124 casos de presunta corrupción y responsabilidad de jueces, magistrados o funcionarios públicos del Poder Judicial. Lo cierto es que los procesos para investigar casos de corrupción de jueces son largos, complicados y aplicar sanciones es muy remoto y tardado. Tal vez no lo crea el lector, pero hay quejas contra jueces que se alargan hasta una década. Periodistas han rescatado el caso del juez Ricardo Barbosa, una verdadera máquina de tramitar amparos a favor de Juan José Rodas, conocido en el bajo mundo como El zar de los casinos. Hay también muchas denuncias de acoso sexual de jueces al personal femenino bajo su mando que nunca proceden. Los jueces preferidos por los transportistas y taxistas para ampararse y violar la ley. El caso del juez Jesús Guadalupe Luna, quien fue sancionado por no poder explicar el ingreso de 5 millones de pesos que no aparecieron en su declaración patrimonial es un paradigma.
Hay que indagar la situación patrimonial de los jueces, nada más pero nada menos. El juez José Luis Estrada, que le otorgó un amparo exprés a los reos del penal de Sinaloa que terminaron fugándose, debe rendir cuentas, peso sobre peso, de sus ingresos. Para no dejar pasar un depósito importante. Muchos delincuentes, incluidos aquí integrantes de las bandas del crimen organizado, compran —ésa es la palabra— la voluntad de juez. Si hay dinero todo se agiliza; si el acusado o sus parientes son pobres, aparece el tortuguismo.
Y qué me dicen del juez Luis Carlos Vega, de Jalisco, quien abogó ante las autoridades del estado que no procedieran contra dos presuntos delincuentes y que no fueran encarcelados. ¿Cuántos jueces o magistrados están en la cárcel por casos de corrupción? La respuesta nos conduce de nuevo al tema de la corrupción que genera, a su vez, impunidad.
NUEVO SISTEMA PENAL
La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para unificar el código penal en todos los estados de la República y dar paso al nuevo Sistema Penal Acusatorio está en marcha; se quiera o no, es un gran adelanto contra la corrupción judicial, busca que la cárcel sea la última opción, el proceso es rápido y público, lo que transparenta la actuación de los juzgadores y abogados litigantes inmiscuidos en los procesos. Es, sin duda, un adelanto para mejorar la impartición de justicia en México. El director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Gerardo Laveaga, en entrevista con Crónica declaró: “Los jueces están asustadísimos con este nuevo sistema que está a la altura de los mejores del mundo, pues ahora tendrán que juzgar de verdad sin el pretexto de una averiguación mal integrada; y a los abogados se les cae el ‘negocio’ con los clientes, a quienes cobran por todo”. Nosotros agregaríamos que será indispensable establecer una auténtica ÉTICA profesional o ética pública, llevarla hasta el sistema educativo y de preparación de los abogados. La ética será siempre un buen complemento de la Ley cuando se quiere acabar o al menos disminuir la corrupción judicial. Finalmente, los gobernadores y presidentes municipales deberán revisar sus sistemas penitenciarios y dejar la práctica de culpar a la Federación de las responsabilidades que deben asumir en favor de sus gobernados. Ahí también la ética debe estar presente.
