Ciudad de México. 9 de marzo de 2017 (Agencia Informativa Conacyt).- En México, se han encendido focos de alerta frente a las posibles deportaciones masivas de migrantes en Estados Unidos, tras la implementación de la política migratoria del presidente Donald Trump.

Aunque a la fecha no se han registrado cifras superiores a las tendencias de años previos, se vislumbra que podrían sobrepasar los casi tres millones de mexicanos que fueron deportados durante la administración de Barack Obama.

En esta circunstancia, estudiosos de la migración hacen énfasis en un aspecto de impacto social: la repatriación de los menores migrantes no acompañados y la obligación del Estado mexicano de atenderlos y garantizar sus derechos, establecidos tanto en la Ley de Migración como en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Durante 2016 fueron repatriados 219 mil 932 mexicanos, de los cuales 13 mil 746 fueron menores de edad, según datos de la Secretaría de Gobernación; un año antes, sumaron 11 mil 743 niñas, niños y adolescentes (NNA).

La doctora Aída Silva Hernández, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), destaca que aunque en su discurso el presidente Donald Trump no ha hecho distinción etaria en las deportaciones, es un hecho previsible que incluirán a NNA.

Dra. Aída Silva Hernández (Crédito. Guillermo Arias).“Con las nuevas políticas puede proyectarse que aumente el número porque se está reforzando el control en el cruce y se está deteniendo sin una condición diferencial. Para él todos son infractores, sin destacar si se trata de personas en una situación de vida particular, como pueden ser niñas, niños y adolescentes, ni tampoco que están acompañados o no acompañados”, dice a la Agencia Informativa Conacyt.

Frente a un posible arribo masivo de connacionales, el doctor Óscar Misael Hernández Hernández, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), considera que las ciudades fronterizas no están preparadas para acogerlos, sobre todo porque los albergues se verían rebasados para atender a los menores.

En México, existen 11 módulos ubicados en las ciudades de Tijuana y Mexicali, en Baja California; San Luis Río Colorado y Nogales, en Sonora; Ciudad Juárez-Ojinaga, en Chihuahua; Ciudad Acuña y Piedras Negras, en Coahuila; y Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas; a través de los cuales ingresan los mexicanos deportados por autoridades estadounidenses.

En los casos para menores de edad no acompañados se siguen mecanismos de atención en colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) nacional y estatales, procurando la reintegración con sus padres o tutores.

No obstante, las historias de los miles de menores mexicanos acompañados y no acompañados que han sido repatriados comenzaron a escribirse tiempo atrás, conformadas de experiencias migratorias particulares.

Rumbo al norte…

El flujo migratorio de niñas, niños y adolescentes comenzó a registrarse desde la post-revolución, y fue hasta la década de los noventa que los procesos de repatriación de Estados Unidos a México fueron considerados por la academia para su estudio. En Cuando la vida pronto atraviesa fronteras. Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en el corredor Centroamérica-México-Estados Unidos, un cuadernillo de divulgación editado por El Colef, la doctora Aída Silva Hernández destaca que desde entonces, y a la fecha, esta problemática ha mostrado variantes en relación con las causas que promueven su emigración bajo la condición de «no acompañamiento».

De acuerdo con el documento, en el año 2000 el Sistema Nacional DIF reportó la atención de ocho mil 768 NNA migrantes no acompañados en su red de albergues; la cifra creció a partir de 2004, llegando en 2007 a 21 mil 73 mexicanos menores de edad en calidad de no acompañados.

Pie de foto: Tomada de Cuando la vida pronto atraviesa fronteras.

En Estados Unidos, el problema se tornó más crítico, al grado que en 2014 el flujo de migrantes menores no acompañados fue de 51 mil 700, la mayoría centroamericanos, que llevó al presidente Obama a calificarlo de crisis humanitaria. Un año después la cifra disminuyó a 28 mil 300, en gran medida debido a las políticas de contención aplicadas en México a través del Programa Frontera Sur.

Los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas son la vía de ingreso a territorio norteamericano tanto de mexicanos como de migrantes provenientes de los países que conforman el llamado Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras, pero recientemente también lo ha sido de haitianos y africanos, entre otros.

Los menores mexicanos no acompañados que migran a la nación de las barras y las estrellas en su mayoría son adolescentes y provienen de estados como Guerrero, Veracruz, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

Se trasladan a la frontera normalmente en autobuses de pasajeros y, en pocos casos, por avión. En su tránsito por el territorio nacional carecen de atención especial debido a que la Ley de Migración solo se refiere a NNA extranjeros, a pesar de que su travesía puede ser por periodos de semanas y hasta de meses. Su migración se debe, en gran medida, a la reunificación familiar y al propósito de trabajar.

En tanto que los centroamericanos se enfrentan a crudas realidades. Su tránsito es al margen de la vigilancia del Instituto Nacional de Migración (INM) y el sistema DIF por su condición migratoria irregular. Se enfrentan a lo que en el ámbito académico se ha llamado “frontera vertical”, es decir, a una vigilancia que se extiende a lo largo del territorio nacional por ambas instituciones que, aunque persiguen distintos objetivos, al final cumplen uno mismo: retener al niño o al adolescente.

Viajan al norte huyendo de la violencia que impera en sus lugares de origen y se trasladan en el tren de carga denominado “La Bestia”, sorteando los peligros que conlleva el propio traslado, así como exponerse al crimen organizado.

“Es el transporte al que tienen acceso por su condición clandestina. En algún momento era por su bajo costo, pero ahora les cuesta y mucho, porque los criminales han tejido redes en las que cobran cuotas y si no se pagan, podría implicar hasta la muerte”, explica la doctora Silva Hernández.

De acuerdo con la investigadora, para cruzar el territorio mexicano se hacen alrededor de 15 viajes en el tren, y en algunos casos tardan entre cinco y nueve meses en llegar a la frontera norte, debido a que en las múltiples paradas se detienen en albergues, trabajan o piden apoyos para reunir recursos que les permitan seguir la travesía.

¿A qué se enfrentan?

Asaltos, extorsiones, secuestros y abandono del “pollero” o “coyote” son algunos de los riesgos sociales a los que se enfrentan los menores migrantes mexicanos; pero también deben afrontar situaciones de intenso calor o frío, así como el riesgo de morir ahogados en su cruce por el río Bravo.

El doctor Óscar Misael Hernández ha documentado esta problemática en la frontera Tamaulipas-Texas y señala que a ello se suma que sean corrompidos por agentes del Estado mexicano, ya sea por militares, policías federales o estatales. O bien, que sean retenidos, extorsionados o reclutados por algún grupo del crimen organizado, que ante la negativa acaben con su vida, como sucedió entre 2010 y 2011 en el municipio de San Fernando, donde se encontraron más de 200 cuerpos en fosas clandestinas.

En el artículo «Riesgos en la migración irregular de menores mexicanos a Estados Unidos», el investigador nacional nivel I señala —a partir de testimonios— que los migrantes, tanto adultos como menores, “enfrentaron un primer riesgo al llegar al estado de Tamaulipas: la probabilidad de ser secuestrados por grupos del crimen organizado, ya fuera para ser robados, extorsionados o reclutados, y, en el caso de algunas niñas migrantes, de que se abusara de ellas sexualmente”.

La mayoría de los menores de edad repatriados en los últimos años son adolescentes entre 12 y 17 años de edad, y casi la totalidad (ocho de cada diez) son varones.

… De regreso

Las experiencias migratorias de menores son abundantes, el doctor Óscar Misael Hernández documenta casos recopilados en entrevistas a mexicanos que han sido detenidos por la Patrulla Fronteriza en territorio fronterizo con Tamaulipas.

“Apenas pasamos el río y caminamos un poco, y que se ven unas luces. Luego el ‘coyote’ gritó: ‘Es la migra, corran’. Y que empezamos a correr, pero ellos traían camionetas y que aceleran y nos alcanzan. Otros corrieron para otro lado, pero a nosotros nos alcanzaron y que nos dicen: ‘Tírense al suelo’, y ya ahí a los grandes los esposaron y luego nos comenzaron a subir a las camionetas”, narra Guadalupe, de 16 años, en junio de 2012.

Una vez detenidos, son llevados a estaciones de la Patrulla Fronteriza donde son clasificados por edades y sexo. Se dan casos en que la edad es puesta en duda, por lo que se les incluye en el grupo de los adultos migrantes, a pesar de que intenten convencer a los agentes de que son menores de edad, pero en muchas ocasiones no logran demostrarlo. En dichas estaciones son sometidos a interrogatorios sobre su identidad y nacionalidad, sobre su procedencia y los símbolos patrios.

“Nos empiezan a preguntar el nombre, que la edad, que de dónde éramos y así. Yo les dije: ‘Pues me llamo Flora y tengo 17 años; vengo de Oaxaca’, pero no me creían. Me dicen: ‘No, tú eres de Guatemala’. Y les digo: ‘No, soy mexicana, de Oaxaca’, pero me decían que no porque yo hablaba como de Guatemala. Y que me empiezan a decir: ‘Pues te vamos a enviar a Guatemala’. Entonces me dio algo de miedo, pero luego pensé: ‘Pues que me manden, al fin que me queda cerca de donde vivo’. Pero ya luego sí me creyeron. Nos tuvieron varias horas ahí, pero finalmente nos enviaron al consulado mexicano y ahí fue lo mismo; otra vez nos preguntaron muchas cosas: a mí, que si sabía de qué color era la bandera, qué animal tenía y así. Ya terminaron y nos enviaron acá”, documenta el doctor Óscar Misael Hernández en una entrevista a Flora (17 años) en septiembre de 2012 en un Centro de Atención al Menor Fronterizo en Tamaulipas.

Los menores migrantes no acompañados detenidos en Estados Unidos son enviados a los consulados de México, a través de los cuales se formaliza la repatriación por medio del DIF, institución que asume la tutoría. Los menores de 12 años por lo regular permanecen en albergues del mismo DIF, mientras aquellos que tienen entre 13 y 17 años son canalizados a albergues que en muchos casos son operados por organizaciones de la sociedad civil.

La doctora Aída Silva Hernández explica que en la ciudad de Tijuana, Casa YMCA recibe a los migrantes adolescentes, y como ocurre en los albergues de los seis estados fronterizos, se inicia un procedimiento en el que se procura que los padres o tutores del menor vayan a recogerlos, o bien se entregan al sistema DIF del estado del que son originarios.

Pie de foto: Tomada de Cuando la vida pronto atraviesa fronteras.

Cuando los menores centroamericanos no acompañados son detectados y retenidos por autoridades del INM, son presentados al Sistema Nacional DIF para su custodia mientras se resuelve su situación migratoria. Ahí los entrevistan Oficiales de Protección a la Infancia (OPI), y aunque la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se sustenta en el principio del interés superior de la niñez, la realidad que narran los menores es diferente.

La doctora Aída Silva Hernández explica que si se determina la conveniencia del retorno asistido del menor, corresponde al DIF garantizar el eficaz retorno asistido con sus familiares adultos, por lo cual se notifica al consulado correspondiente la situación de su ciudadano e inicia el proceso de salida.

El testimonio de Bruno, guatemalteco de 15 años, muestra que acompañado de su hermano también menor de edad, tuvieron que esperar tres meses en instalaciones del INM y del DIF en Mexicali, Baja California, para que se efectuara su retorno asistido.

“Estuvimos en un cuartito blanco, encerrados. Más bien estuvimos como un mes en el DIF, pero como nos peleamos con los otros, nos devolvieron al cuarto (de Migración). La puerta bien cerrada, no podíamos salir del cuarto, no hacíamos nada en todo el día. Luego nos mandaron en avión al DF. Ahí firmamos unos papeles, esperamos unas horas y nos mandaron a Guatemala en avión. Ahí nos esperaba DGM (Dirección General de Migración de Guatemala). De ahí de la DGM nos llevaron con mi hermana (mayor de edad); nos entregaron (Bruno, entrevista, 2012)”.

De acuerdo con la legislación, el menor de edad extranjero no acompañado puede solicitar que se regularice su situación migratoria en México cuando “a juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado”.

Se otorga cuando se trata de personas cuyo grado de vulnerabilidad dificulte o haga imposible su retorno asistido, y cuando se trate de NNA “que se encuentren sujetos al procedimiento de sustracción y restitución internacional de niños, niñas o adolescentes”; sin embargo, el número de reconocidos como refugiados, es muy bajo si se compara con el volumen del flujo del Triángulo Norte que transita por el país.

Pie de foto: Tomada de Cuando la vida pronto atraviesa fronteras.

Crisis en México

La posible ola de deportaciones masivas de mexicanos inmigrantes en Estados Unidos podría crear crisis en instituciones como el INM y el DIF, por el aumento de procedimientos que deberán atender. A ello se suman la constate migración de centroamericanos que siguen cruzando el territorio mexicano con la aspiración de llegar a Estados Unidos.

El doctor Hernández señala que “las ciudades fronterizas no están preparadas para ello. Incluso, con las repatriaciones de menores migrantes mexicanos hay un serio problema que no se había tomado en cuenta; y es que los albergues de estas ciudades podrían verse rebasados porque llegan chicos de todo el país, particularmente de estados del sur”.

Adicionalmente, abunda, los sistemas DIF de las ciudades fronterizas pagan el traslado de los chicos cuyos padres no tienen la posibilidad de ir por ellos, y el problema radica que estados como Tamaulipas absorben los gastos de niños que no competen a su territorio; “y los recursos tampoco están etiquetados para ese rubros, ni son los suficientes para cubrirlos”.

El investigador adscrito a la unidad Matamoros de El Colef detalla que el panorama actual devela que aunque México ha tenido avances significativos en torno a programas y protocolos de atención a la niñez migrante o en tránsito, así como en el reconocimiento de los derechos de los NNA, aunque en los hechos no siempre se cumplen.

Dr. Oscar Misael Hernández.“A partir de 2015 con la implementación del Programa Frontera Sur, México se ha convertido en un estado que empieza a controlar las fronteras y a no respetar del todo los derechos de niños migrantes que provienen de Centroamérica; eso lo hemos constatado en diferentes entrevistas o al usar técnicas como relatos y dibujos, y lo que nos están manifestando es que viven violación de sus derechos al cruzar la frontera sur y en el tránsito por el territorio. Esa es una situación bastante horrible, porque estamos haciendo de lo que estábamos quejándonos con el gobierno de Estados Unidos, y esto lo tienen que repensar las autoridades en diferentes niveles”, dice a la Agencia Informativa Conacyt.

¿Qué hacer?

Desde la academia se han dado múltiples recomendaciones, entre ellas la necesidad de que en la práctica se cierre la brecha de asistencialismo hacia NNA, y se les reconozca como sujetos de derechos, eliminando el precepto de que para “proteger” haya que “retener”.

“Se les está entendiendo como menores de edad pero queda en segundo plano su condición migratoria, cuando el individuo y su contexto deben concebirse de manera integral”, dice la doctora Aída Silva.

Para ello, es preciso modificar los programas para la atención que diversifiquen el fin de la reunificación porque no se les asume como agentes sino como personas dependientes, cuando no necesariamente lo son, particularmente los adolescentes.

Asimismo, señala la investigadora, es conveniente separar el aparato de control migratorio de México del sistema de asistencia, “porque el Estado se convierte en juez y parte cuando el personal de migración detiene, retiene y repatria a los menores de edad a sus países, y el mismo DIF (también del gobierno) intenta protegerlos, pero en esa protección se dirime la diferencia del control”.

Finalmente, destaca la pertinencia de diferenciar la niñez de la adolescencia, ya que se ha estandarizado la atención, porque es evidentemente que las condiciones de vida de un niño es distinta a la de adolescentes.