Esta semana, el Gobierno de Donald Trump ha anunciado un proyecto de presupuesto. O, para ser más exactos, un proyecto de «presupuesto»; al fin y al cabo, los presupuestos de verdad detallan de dónde viene el dinero y adónde va; esta proclama solamente abarca alrededor de un tercio del gasto federal, y no dice nada sobre los ingresos ni los déficits previstos.

Como ha dicho el experto en fiscalidad Stan Collender, «esto no es un presupuesto. Es una nota de prensa de la campaña de Trump disfrazada de documento gubernamental».

Entonces, ¿qué sentido tiene el documento? Parece ser que el Gobierno espera que sirva para desviar la atención de los ciudadanos y la prensa de la catástrofe sanitaria en curso. Pero probablemente no lo consiga. Y, en cualquier caso, este seudopresupuesto encarna la misma combinación de espíritu mezquino y fantasía fiscal que ha hecho descarrilar el intento republicano de sustituir la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible.

Piensen por un momento en la idea del Gobierno y de sus funciones que la derecha lleva décadas tratando de vendernos.

Según esa idea, la mayoría del gasto público o incluso todo es un despilfarro absoluto que no beneficia a nadie. Lo mismo es válido para las normas gubernamentales. Y, en la medida en que el gasto sí ayuda a alguien, es a Esa Gente, tipos perezosos que no se lo merecen y que casualmente son un poco, bueno, más morenos que los Auténticos Estadounidenses.

Esta era la clase de pensamiento —o tal vez «pensamiento»— que se ocultaba tras la promesa del presidente Trump de sustituir la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible por algo «mucho menos caro y mucho mejor». Después de todo, era un programa gubernamental, así que daba por sentado que debía de estar lleno de derroches que un dirigente recio como él podría suprimir.

Sin embargo, por extraño que parezca, resulta que los republicanos no tienen ni idea de cómo abaratar el programa, aparte de dejar sin seguro médico a 24 millones de personas (y de empeorar la cobertura sanitaria, con un mayor desembolso por parte de quienes sigan asegurados).

Y, en esencia, pasa lo mismo en todos los ámbitos en general. Piensen en el gasto federal en su conjunto: aparte de la defensa, las partidas más grandes corresponden a la seguridad social y a los programas de asistencia Medicare y Medicaid (todos ellos cruciales para decenas de millones de estadounidenses, muchos de los cuales son los votantes blancos de clase trabajadora que constituyen el principal apoyo de Trump). Es más, la mayoría del gasto público restante se destina también a fines que son populares, importantes o (normalmente) ambas cosas.

Teniendo en cuenta este hecho, ¿por qué hay tanta gente que se opone a un «Gobierno intervencionista»?

Muchos tienen una idea distorsionada de las cifras. Por ejemplo, la gente tiene una imagen tremendamente exagerada de la cantidad que gastamos en ayuda exterior. Muchos son también incapaces de relacionar su experiencia personal con las políticas públicas: un gran número de beneficiarios de la seguridad social y Medicare creen que no utilizan ningún programa social del Gobierno.

Gracias a estas ideas falsas, cuidadosamente alimentadas por los medios de comunicación de derechas, los políticos suelen apañárselas para seguir vendiendo sus promesas de recortes drásticos del gasto: muchos votantes, quizá la mayoría, no ven cómo pueden esos recortes afectar a su vida.

Pero ¿qué pasará si los políticos contrarios al Gobierno intervencionista se ven en situación de poner en práctica su programa? Los votantes aprenderán rápidamente lo que de verdad significa el recorte del gasto, y no va a gustarles.

Ese es, en definitiva, el muro contra el que ha chocado la revocación de la reforma sanitaria. Y lo mismo sucederá si este lo que sea de Trump se convierte en un presupuesto real.

El propio Trump está indicando claramente que no tiene ni idea de lo que hace el Gobierno federal; este documento suyo ligeramente parecido a un presupuesto es poco más que una lista de números garabateados de cualquier manera, sin ninguna imagen clara de lo que esos números significarían. (Francamente, se podría haber dicho lo mismo de los presupuestos presentados por Paul Ryan en el pasado. De hecho, lo dije).

Pero la realidad es que los recortes prepuestarios tendrían efectos desagradables y muy patentes. La supresión de los fondos para el desarrollo de comunidades urbanas puede parecer bien si uno no tiene ni idea de su utilidad (y lo más seguro es que Trump no la tenga); la desaparición del servicio de comidas a domicilio para las personas con movilidad reducida (una consecuencia inmediata de lo anterior) ya no suena tan bien. Tampoco a las regiones productoras de carbón —que votaron mayoritariamente a Trump— les gustarán las consecuencias si este elimina la Comisión Regional de los Apalaches.

Pero esperen, hay más. El desmantelamiento, a efectos prácticos, de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) puede parecer una decisión inteligente si uno imagina que no es más que una panda de burócratas entrometidos. Pero los ciudadanos quieren una protección ambiental más estricta, no más laxa, y no les gustará ver el marcado deterioro de la calidad del aire y del agua.

La cuestión es que el intento de Trump de desviar la atención del embrollo sanitario de su partido no va a funcionar, y no solo porque este mal llamado presupuesto no valga, literalmente, ni lo que el papel en el que está escrito. En el fondo, ni siquiera logra que cambiemos de tema.

Las promesas presupuestarias de los republicanos, al igual que sus promesas sanitarias, se basan en una imagen verdaderamente fraudulenta de lo que de verdad está ocurriendo. Y ahora esas mentiras les pasan factura.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía.