La violencia verbal y física que en los pocos días al frente del gobierno estadunidense ha hecho Donald Trump en contra de México (considerando a migrantes e indocumentados que trabajan y viven en aquel país y que son arrestados para deportarlos o procesarlos penalmente) no es nueva por parte de las autoridades gubernamentales de ese país.
En el gobierno de Barack Obama, las tropas de Estados Unidos –también bajo el argumento del narcotráfico y la violencia, igual como ahora lo hace rabiosamente Trump– generaron un clima intervencionista mediante declaraciones constantes de funcionarios y militares, sin descontar que Organización de las Naciones (ONU) Unidas también se sumó a la crítica contra México y, mediante un pronunciamiento en aquel momento, preparó el camino para que “fuerzas de tarea” estadunidenses ingresaran a territorio nacional, al asegurar que las bandas del narcotráfico que operan en el país son una “superpotencia”.
Recordamos ahora que hace 6 años, en 2011, hicieron declaraciones jefes policiales y funcionarios del Departamento de Estado, incluida Hillary Clinton; después se sumaron militares y representantes de agencias de inteligencia estadunidenses, para quienes la debilidad del entonces presidente Felipe Calderón se tradujo en fuertes presiones políticas que le impidieron gobernar con independencia y mantener control del país.
Ese riesgo de intervención a México por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se repite ahora con mayor intensidad, ante un presidente mexicano agobiado y desconcertado y un gabinete sumamente débil que no sabe qué hacer ante los embates diarios de Trump.
La advertencia del presidente de Estados Unidos en la llamada telefónica de hace unas semanas al presidente Enrique Peña Nieto, de que enviaría tropas a México para ir en contra los “bad hombres”, abre con mayor intensidad una posible intervención militar directa en contra de México o disfrazada de “fuerzas de tarea militar” para “cooperar” con las Fuerzas Armadas mexicanas.
Este clímax sobre una posible intervención militar también fue revelado en su momento por WikiLeaks, que dio a conocer las críticas del gobierno de Estados Unidos en contra del Ejército Mexicano, de los cuerpos policiales y contra el mismo presidente de la República, a quienes la diplomacia estadunidense considera incapaces de hacerle frente al crimen organizado, el cual mantiene en jaque al país y ha desatado la peor violencia de que se tenga memoria, con cerca de 200 mil muertos en 10 años, cifra muy superior a todas las víctimas de las guerras ocurridas en Irak y Libia, países a los que invadió Estados Unidos.
Ante ese preocupante panorama intervencionista, se confirma que el próximo jueves 23 de febrero arribarán a México los secretarios de Estado y de Seguridad Interna de Estados Unidos, Rex Tillerson, y Jhon F Kelly, respectivamente, y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que vienen a dialogar con funcionarios de alto nivel sobre temas bilaterales para continuar los acercamientos y el diálogo “en favor de una relación respetuosa, cercana y constructiva entre ambos países”.
Por supuesto que hasta hoy no ha habido una sola acción de respeto por parte de Trump y su equipo, así que la próxima llegada de ambos funcionarios estadunidenses ha puesto en alerta a todo el gabinete de Peña, pues sin duda el tema principal que abordarán será la seguridad interna de Estados Unidos y el trabajo que pedirán a México hacer en contra del crimen organizado y el tráfico de drogas, a fin de evitar que éstas crucen la frontera hacia el vecino país.
Como tema principal en la agenda de los funcionarios estadunidenses, será que México permita a militares y miembros de las agencias policiales e inteligencia de Estados Unidos que “colaboren” directamente con las Fuerzas Armadas mexicanas para combatir al narcotráfico, igual como sucedió en Colombia, en donde los militares estadunidenses tomaron el control del país. Esto representa una abierta intervención y violación a la soberanía nacional.
La duda es qué posición asumirá el gobierno mexicano ante esta presión de Estados Unidos, y sí el gobierno de Peña se atreverá a autorizar públicamente esa intervención disfrazada de “colaboración” en el combate contra el narcotráfico.
Un problema más es la comunicación que salga de los acuerdos alcanzados por los dos países, pues en los últimos días hemos visto como Estados Unidos da versiones distintas a las que informa el gobierno mexicano, lo cual se ha traducido en una aguda crisis en México, que revela la sumisión del gobierno ante su homólogo estadunidense.
Miguel Badillo
[Oficio de papel]
