Un ejército de sicarios obliga a pagar a la población un impuesto por ejercer cualquier oficio
Grupos de delincuentes instauran un régimen de terror que ha disparado los secuestros y asesinatos en el estado mexicano
«Nosotros somos caballos a los que ellos marcan. Llevamos un número grande en el coche con el que nos identifican y nos ponen pegatinas [un mono, un avión…]. Cada semana que pagas te quitan la vieja y te ponen una nueva«, explica a EL MUNDO un taxista de Tampico, al sur del estado de Tamaulipas.
El conductor habla con miedo y no revela su verdadero nombre: «Por contarle esto me juego la vida». ¿Por qué lo hace? «Porque no podemos más. Todos los taxistas tenemos que pagarles para poder trabajar. Si no lo haces te echan de la rampa [paradas], te dan el tablazo (tortura que se hace pegando con un palo grueso en las piernas y espalda) o sencillamente desapareces. Muchos compañeros han muerto«.
Los grupos de delincuentes tienen un potencial ejército de miles de hombres para controlar los más de 10.000 taxis que patrullan las calles de Tamaulipas. «En los delitos que se cometen en la zona está involucrado un taxi entre el 50 y el 80% de las veces», señala Luis Apperti, coordinador de la civil Mesa de Seguridad del Sur de Tamaulipas.
De hecho, este diario ha tenido acceso a una carta secreta que algunos «chóferes de varias rutas» (así se firma la misiva) han preparado para el gobernador del Estado. El texto, de un folio, denuncia cosas como las siguientes: «Ya son varias las ocasiones en que nos venden boletos obligatoriamente para eventos grandes. De lo contrario no nos dejan trabajar y, la verdad, es dinero que dejamos de llevar a nuestras familias«.
La misiva se refería al espectáculo del artista Komander, que costaba 350 pesos por ticket, a «pagar obligatoriamente». Los taxis fueron obligados a comprar dos entradas y los minibuses, siete. Finalmente las autoridades decidieron suspender el citado concierto del Komander tres días antes de la actuación, «por recomendación de Protección Civil», explicó la Policía Estatal. «No nos han devuelto el dinero de las entradas», aclaraban los taxistas.
Esta práctica se hace con cada uno de los eventos que se realizan en el estadio de fútbol del equipo de la zona. «Está más que claro a dónde va a parar ese dinero y no queremos pensar que usted también es partícipe de eso, como los anteriores gobiernos», dice la carta que los taxistas han escrito para el nuevo gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por primera vez del Partido Acción Nacional.
«Es fácil llegar a ellos, ya que su descaro en los cobros es muy evidente y no tiene límites. Los cobros que nos hacen cada semana son de 500 pesos por taxi y 100 pesos por la base del taxi (30 euros a la semana)», remarca la carta.
¿Cuánto ganan ustedes? «Unos 1.500 pesos (75 euros) por semana, de los que 600 les pagamos a ellos», responden los conductores. «Si aceptas traficarles drogas o ser su informante te cobran menos o no te cobran. Antes daban ellos los celulares, pero ahora debes ponerlo tú y borrar cada información. Tenemos nombres claves: tortuga es un vehículo del ejército, por ejemplo».
Al sur de Tamaulipas la violencia le cayó a plomo sin previo aviso. Era una zona tranquila hasta que en 2008 empezaron los rumores de secuestros y, sin que hubiera tiempo para reaccionar, la zona de Tampico, Ciudad Madero y Altamira era tierra de narcos.
La gente entró en pánico, las vacías calles de las ciudades por las noches eran patrulladas por camionetas de sicarios armados; el Cártel del Golfo y los Z empezaron una guerra atroz; la corrupción devoró las instituciones; se filtraba a los narcos el nombre de los que se atrevían a denunciar; una parte de las fuerzas de seguridad formaba parte del entramado de los cárteles; los tiroteos y muertos eran rutina; los inmigrantes centroamericanos se bajaban por decenas de los autobuses y eran recluidos en granjas como ganado en venta; la tristeza y desconfianza lo pudrió todo.
Ese escenario convirtió el sur de Tamaulipas hasta 2015 en la zona de México con más secuestros y una de las primeras en homicidios. Hoy el estado continúa en los primeros puestos del país en la mayoría de delitos, aunque ahora la mayor batalla campal en la calle se da en el norte. «Nos enseñaron un régimen de terror que hoy persiste. Nadie te prepara para vivir eso», explica un armador de barcos camaroneros del sur del estado. A él y a todos sus compañeros en el plazo de dos meses los habían secuestrado. «Yo mismo negocié mi liberación. Llevaban a la gente ante un notario donde firmabas reconocer una deuda. La libertad costaba entre dos y 10 millones de pesos (100.000 y medio millón de euros). Al notario que trabajaba para ellos también lo acabaron matando», recuerda el armador, quien narra su pesadilla en un lugar oculto de la comarca.
Hoy esa zona sur del estado vive en una tensa calma. Las cifras de violencia han mejorado algo en dos años, pero en los últimos meses vuelven a repuntar los delitos. «Nos han amaestrado. Cuando te pegan una paliza a diario y pasan a pegarte sólo una vez por semana crees que estás bien», señala un empresario al que le mataron varios familiares.
La sociedad civil alzó la voz, se agrupó y en torno a la Mesa de Seguridad del Sur de Tamaulipas se comenzó a plantar cara al crimen. La fragmentación de los grandes cárteles ha elevado el poder de los delincuentes en las colonias. «Todos les pagan dinero. Desde la señora que vende flores en las calles a los puestos de tacos o los limpiadores de autos… Algunos maestros de universidad pagaban 1.000 pesos al mes por dar clases«, narran en los barrios.
«El problema es que hay lo que se llaman perras flacas [imitadores de narcos], que se hacen pasar por miembros de los cárteles y exigen pagos», explica el periodista local Lubín Jiménez. Basta con imitarlos para someter toda una zona, aunque a veces son detectados por los verdaderos narcos y sus cadáveres aparecen con mensajes de advertencia para el resto de imitadores.
«Muchos de los extorsionadores son los que antes le lavaban los autos [al narco] o eran halcones [informantes]. Aprendieron el oficio y ahora se hacen pasar por narcos y tienen sometido a todo un barrio. Nadie se les enfrenta por si acaso», comentan las víctimas. «Uno ya no sabe si es un pelado que aprendió de sus jefes y se presenta en los ranchos. La gente paga porque tiene el pánico dentro», reconoce un ganadero bajo anonimato.
De hecho, los ranchos son otro de los sectores que ha arrasado el tsunami narco. Muchos se abandonaron cuando comenzó la ola de secuestros y sus dueños se fueron a la vecina Texas o a las ciudades mexicanas de Querétaro o Monterrey. «Te secuestraban al encargado y te pedían un millón de pesos para acobardarte y luego un impuesto por proteger tu finca de entre 30.000 y 70.000 pesos al mes», señala el ganadero, que admite: «Íbamos a denunciar y nada más salir de la reunión te llamaban diciendo que por qué habías hablado. Tenían gente dentro. No se reconocía por vergüenza, pero pagábamos todos».
¿Y ahora? «Ahora te viene un tipo en bicicleta con una pistola a pedir el pago y no sabes si, como él asegura, viene de parte de ellos o no. Hay mucho robo de piezas de ganado que luego se revenden a carnicerías y está el negocio del combustible». ¿Qué es eso? «Los narcos han advertido a los ranchos de que no pongan candados en las fincas para así no impedir el paso por ellas de sus pipas [camiones cisterna] hasta los oleoductos. Entran y roban de las tuberías el combustible que luego obligan a comprar a los dueños de, por ejemplo, las máquinas trilladoras que se contratan en temporada de cosecha. El tambor de 220 litros que costaría 3700 pesos lo venden a 2800», reconoce el ranchero, que apunta un nuevo detalle: «En diciembre pasaron por los ranchos exigiendo bicicletas para niños. Luego las reparten en Navidad y quedan como Robin Hood».
El control y apoyo del territorio es básico. Los escombros de algunos negocios que ardieron por negarse a pagar son cicatrices que se ven en las calles. Las ciudades tienen ojos y oídos en cada esquina. Cuando entramos en la complicada colonia Morelos, en Tampico, zona del Cártel del Golfo, hay ojos y teléfonos que siguen el pasar del coche. La Morelos es una frontera triste y sangrienta. Justo allí está el puente Morallilo, que divide Tamaulipas y Veracruz donde miembros del Cártel del Golfo y Zetas cobraban peajes a los conductores.
Cada uno controlaba a un lado del río y de vez en cuando cruzaban a matar al enemigo y dejaban algunos cadáveres colaterales por balas perdidas. «Varias veces tuvimos sicarios heridos que debíamos atender en urgencias. Pagaban los servicios médicos esa noche en metálico y luego tenías a sus compañeros armados por los pasillos», recuerda Bertha Alicia Sánchez, directora de las clínicas privadas Cemain.
Los médicos tienen que luchar duro contra el control de los criminales. «Decidimos que tras estabilizar a los heridos los mandábamos a los hospitales públicos y tuvimos amenazas. Aprendimos a luchar contra las constantes extorsiones a los doctores. Recuerdo una noche que recibí una llamada en la que me decían que me mandaban tres heridos de bala y que debíamos atenderlos o habría represalias. Sacamos a los enfermos a otras salas y vaciamos las urgencias para proteger a la gente. Llamamos a las fuerzas de seguridad y había un amplio operativo esperándoles alrededor del centro. Debieron ver a los agentes porque no se presentaron», dice esta médico.
Todos aquellos años de abusos y humillaciones en las que se negociaban los secuestros a plena luz del día acabaron haciendo costra en gente que se acostumbró a ver cadáveres colgando en los puentes mientras llevaba a sus hijos al colegio. «Yo intercambié a un amigo al que bajaron de una camioneta todo golpeado, me lo dieron y les dimos el dinero. Era al mediodía en el párking de un supermercado y en cada entrada del centro había un coche de la policía vigilando que nadie molestara a los delincuentes», recuerda un empresario.
«La gente que nos extorsionaba era de aquí. Nos amenazaban y trataban como niños. Te llamaban por teléfono diciendo que eras un hijo de puta y que te iban a matar a toda tu familia y cuando pagabas te sonreían y te decían con tono cariñoso que eras un buen tipo. Teníamos síndrome de Estocolmo y pensábamos que cada pago sería el último. Pero no lo es, siempre hay más. Detenían o mataban al jefe y llegaba otro», dice el armador.
El hartazgo de no tener ya nada que perder ha hecho que la gente comience a unirse. El miedo sigue, pero hay avances. La Mesa de Seguridad de Sur de Tamaulipas, apoyada por el Observatorio Nacional Ciudadano y marines y policías comprometidos llegados de fuera, comenzó a trabajar y lo primero que hubo que hacer fue luchar contra una chocante realidad: los soldados y agentes no tienen medios para combatir a los criminales.
La Policía Municipal, en buena parte corrupta, se ha eliminado. Se ha impuesto el mando único Federal y el cuerpo de Policía Estatal se ha comenzado a crear de nuevo lentamente desde cero. «Hay ahora 3.000 agentes estatales en Tamaulipas y hacen falta 9.000. Entre Tampico, Madero y Altamira hay una población de un millón de habitantes y hay 200 policías estatales cuando hacen falta 1.500», advierten en la Mesa de Seguridad.
«Las patrullas de la fuerza estatal son pocas, no más de 20 para Tampico, que tiene 92 kilómetros cuadrados de territorio. Los oficiales al mando no quieren bajar a los policías de los vehículos para que vigilen a pie las zonas conflictivas, pues son blancos fáciles», señala Lubín. La sociedad civil asume entonces la responsabilidad que le toca a las administraciones: «Hacemos chequeos médicos gratuitos a la Unidad Especializada. Salen agentes que no tienen ni pistolas», dice la doctora Sánchez.
«Aquí sabemos que nos pueden matar en cualquier momento si te opones a ellos», dicen los taxistas. «No se olvide de olvidarnos».
FUENTE: EL MUNDO (ESPAÑA)
