El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, reapareció este jueves y confirmó que se entregará a las autoridades de justicia de este país, que lo buscan desde semanas atrás porque está acusado de lavado de dinero.
En agosto pasado, la PGR ordenó su detención por delitos del fuero común.
“No son correctas las acusaciones que se nos han venido acusando”, aseveró esta mañana en entrevista para Radio Fórmula, antes de entregarse este día.
“Díganme de qué me acusan, díganme cuáles son los delitos que se me acusan y no se me informó”, atajó visiblemente delgado, ojeroso, de traje negro.
“Voy a enfrentar esto y voy a demostrar mi inocencia, la mala fe, la alevosía y ventaja que manejó la PGR”, aseveró.
“Soy un perseguido político, me queda muy claro”, dijo el ex mandatario.
“Lo voy a enfrentar como lo pide la ciudadanía, que quiere que si somos culpables, paguemos por los delitos cometidos. En este caso no hay ningún delito. Tengo las pruebas fehacientes. Estoy seguro que la justicia federal va a valorar este acto, que yo vengo a presentarme. Me voy a trasladar a un penal (sic)… a un juzgado. Es una persecución política per se. En esta guerra de partidos a mí es a quien han agarrado para emparejar los cartones”, sostuvo.
“Voy a dar el primer paso para que esto pare… que actúen conforme a derecho y confío en que un juez federal con plena responsabilidad… lo voy a enfrentar”, adelantó.
Sobre la probabilidad de ir a la cárcel, dijo: “lo entiendo muy bien, lo pondero muy bien, es muy duro para mí, para mi familia, pero es un acto de congruencia. Va a ser una lucha muy difícil, muy dolorosa, pero la tengo que hacer. Tengo mucha fe”.
Confió en que los jueces dejarán de lado los “temas políticos” y se avocarán a las pruebas que existen.
Antonio Lozano Gracia -el ex procurador durante el gobierno de Ernesto Zedillo- es su abogado.
El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés estaría hasta seis días a disposición del juez en tanto se resuelve su situación jurídica, informó el defensor.
Explicó que en este momento se desahoga el término constitucional que puede durar de tres a seis días, periodo en el que el Juez 12 determinará si le dicta auto de formal prisión o auto de libertad, “nosotros traemos las pruebas para acreditar que no hay delito alguno”, dijo en entrevista.
Según el abogado, la averiguación que se consigna es irregular y violatoria de los derechos humanos de su cliente; que hay mala fe y dolo; e insistió que su cliente es inocente, pero que “ya dio la cara”. (Con información de NTMX)
