31 de Agosto de 2016
Por Clemente Castañeda Hoeflich*
El presidente Enrique Peña rendirá su cuarto Informe de Gobierno en el momento más delicado del sexenio, marcado por una profunda crisis social, un momento de desaceleración económica, un panorama de corrupción e impunidad que continúa indignando a los mexicanos, una fragilidad institucional y, por si fuera poco, con los más bajos índices de popularidad que jamás haya recibido un presidente en la época moderna de México.
Para “enfrentar” este inédito escenario, el titular del Ejecutivo decidió modificar el formato del Informe para mandar un mensaje de “apertura” y para decirnos con una campaña publicitaria que “también hay cosas buenas que contar”. Esperamos que ese ánimo renovador en el formato del Informe vaya acompañado de respuestas (hasta ahora inexistentes) a preguntas que cualquier ciudadano merece hacerle a su gobierno en un ejercicio elemental de rendición de cuentas.
En primer lugar, México atraviesa por una profunda e innegable crisis de derechos humanos, y los mexicanos siguen sin saber, ¿por qué el Estado ha sido hasta ahora incapaz de investigar, informar y sancionar acontecimientos que le han dado la vuelta al mundo como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y las ejecuciones ocurridas en Tlatlaya, Tanhuato y Nochixtlán, donde participaron fuerzas federales? ¿Por qué razón ni siquiera se han dado pasos para asegurar el derecho a la verdad en torno a estos y otros casos de violaciones graves a los derechos humanos? ¿Por qué su gobierno aún no es capaz de dar el primer paso para resolver esta crisis, que no es otro más que reconocer la participación del Estado en estos hechos, y por lo tanto corregirlo?
En segundo lugar, frente a la corrupción, uno de los más graves problemas del país, y que hoy supone una verdadera prueba de voluntad para la clase política, merecemos saber ¿por qué el Ejecutivo Federal no defendió la iniciativa ciudadana 3 de 3, en particular las tres declaraciones obligatorias, públicas y completas; por qué no vetó este apartado de la reforma en materia de anticorrupción cuando tuvo su oportunidad? ¿Por qué no ha dado muestras de un verdadero compromiso para combatir los conflictos de interés al interior de su gobierno?
Finalmente, hoy el gobierno está sumido en una profunda crisis de confianza y credibilidad frente a la opinión pública y distintos sectores de la sociedad civil. Sería provechoso saber ¿por qué el Presidente continúa atribuyendo este “malhumor socia” solamente a la percepción ciudadana, y no a sus errores y omisiones en la conducción política del país?
¿O por qué no lo atribuye también al incumplimiento de sus compromisos de campaña, o a los cuestionables resultados de las reformas fiscal, energética y educativa?
A cuatro años de gobierno, el presidente Peña le queda a deber muchas explicaciones al país en estas y otras materias, pero quizá la pregunta sin respuesta más importante es ¿por qué en medio de esta crisis no ha existido la autocrítica y la autoevaluación? ¿Por qué no quieren ver que la crisis de su gobierno trasciende y significa una crisis de gobernabilidad para el país?
Si no hay respuestas convincentes a estas y otras preguntas, el esfuerzo renovador del formato del Informe habrá servido de muy poco, quizá para nada.
*Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.
