_____Tintero______
Por Francisco Pucheta González
Sometidos al vaivén de una crisis prolongada, los establecimientos mercantiles no terminan de sortear un problema cuando de repente tienen otro enfrente.
Es el caso de aquellos que pagan doble alcabala, una al fisco y otra a la delincuencia organizada porque se ha hecho costumbre que los micros, medianos y grandes empresarios sean obligados a pagar ´´derecho de piso´´ como un impuesto adicional para dejarlos trabajar a gusto.
A los que argumentan no tener capacidad financiera ni económica para enfrentar gastos excedentes, los obligan a cerrar el negocio ya que de lo contrario los amenazan con incendiarlos y vaya que son amagos que sí se cumplen. Así hemos visto arder negocios y casas de quienes se niegan a pagar porque no tienen manera de cumplir con las exigencias delincuenciales.
Por ello resulta oportuno recordar que siendo senador de la república el hoy gobernador electo por Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca presentó iniciativas de reformas a diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Delincuencia Organizada para tipificar como delito el ´´cobro de piso´´ o ´´cobro de cuota´´ con la finalidad de incluirlo en el catálogo de delitos de la delincuencia y que se impusiera una penalidad alta.
Las bases sustantivas del proyecto del senador con licencia y hoy gobernador electo García Cabeza de Vaca, se basan en los siguientes puntos:
Este fenómeno delincuencial de las organizaciones criminales ha predominado en los últimos años afectando severamente tanto a las empresas formales e informales, pequeños y grandes comercios y a ciudadanos en muchas regiones de Tamaulipas y el país asoladas por la violencia criminal.
El delito de extorsión, en su modalidad de ´´cobro de piso´´, así como el engaño y la amenaza telefónica deben ser tipificados y sancionados –se propone hasta con 30 años de cárcel- ya que hasta hoy no han sido atendidos con la urgencia y enfoque diferenciado que se requieren.
El incremento en el delito de extorsión a nivel nacional ha sido exponencial; en los últimos 16 años se han incrementado en un 918%. De ahí la necesidad de considerar la relevancia de este ilícito y sus variantes y a partir de ello establecer las penas aplicables de acuerdo a sus agravantes y los medios de comisión, además de integrarlos al catálogo de delitos que comete la delincuencia organizada.
