INE y Hacienda analizan participación de IEDF para disminuir costos de elección del Constituyente de la Ciudad de México: Pamela San Martín

Ciudad de México, a 9 de marzo de 2016.

No. 1106

· Consejera se reúne con Comisión del Distrito Federal para aclarar dudas en torno al proceso electoral del 5 de junio

· Existen retos de difusión entre los capitalinos;si es insuficiente podría haber baja participación en los comicios, afirma

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín, informó a diputados federales que este organismo se encuentra en pláticas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para reducir el costo de la elección del Constituyente de la Ciudad de México, a partir de una colaboración con el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), ya que el decreto correspondiente no estableció ampliaciones presupuestales para tal fin.

En reunión con la Comisión del Distrito Federal para aclarar dudas en torno al proceso electoral del próximo 5 de junio en la Ciudad de México, recordó que la programación del gasto del INE sólo contempló 13 comicios locales para este año; de ahí el acercamiento con Hacienda para analizar el costo de la elección de la Asamblea que redactará la Constitución capitalina.

Comentó que el IEDF acordó permitir al INE emplear sus oficinas de los 40 distritos electorales en la Ciudad de México (el Instituto Nacional Electoral sólo tiene 27 en la demarcación y, por lo tanto, menos inmuebles); además, prestará algunos de sus vehículos para actividades como la distribución de los paquetes electorales, y personal de apoyo para el día de los comicios.

Asimismo, San Martín informó que el IEDF colaborará en la difusión de la elección para ampliar la participación ciudadana.

En este punto, la consejera manifestó no compartir la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de que el INE sólo pueda administrar seis minutos diarios para la difusión en radio y TV del Constituyente de la Ciudad de México, en tiempo de precampañas (igual que en periodos no electorales), ya que esto presenta retos en materia de comunicación.

Será hasta que comiencen las campañas cuando el organismo pueda administrar 48 minutos: 41 para los partidos políticos y siete para el INE.

“Más allá de las coincidencias o diferencias que podamos tener con la decisión de la Sala Superior, en lo personal, no la comparto. Tenemos el reto de comunicar a los ciudadanos para qué los vamos a convocar el 5 de junio a las urnas y por qué es importante su participación. Una de las peores cosas que nos podría pasar es tener un bajo nivel de participación ciudadana para conformar algo tan relevante como una Asamblea Constituyente”, enfatizó.

En la ronda de cuestionamientos, la diputada presidenta de la Comisión del Distrito Federal, Cecilia Soto González (PRD), expuso a la funcionaria electoral que existen dudas, por parte de diputados, en torno a las firmas electrónicas que se aceptarán a los candidatos independientes y los topes de campaña tanto para estos como para los partidos políticos.

Por Morena, los diputados Ariadna Montiel Reyes y Virgilio Dante Caballero Pedraza cuestionaron los controles que se implementarán para verificar las firmas electrónicas y garantizar su transparencia. También se manifestaron por emplear otros mecanismos, además del spot, para difundir todo lo relacionado con el Constituyente y garantizar más participación ciudadana.

De Acción Nacional, el diputado Santiago Torreblanca Engell solicitó detallar los criterios que se emplearán para verificar que un candidato indígena es originario de la Ciudad de México y pueda participar en la elección del Constituyente, ya que, por disposición de las autoridades electorales, este grupo poblacional debe tener presencia en la conformación del órgano redactor.

Representando al PRD, la diputada Evelyn Parra Álvarez pidió a la consejera referir lo concerniente a las solicitudes para participar de los candidatos independientes, y si alguna institución educativa como la UNAM o la UAM, ha mostrado interés en fungir como observador del proceso.

Al responder los cuestionamientos, Pamela San Martín consideró que la organización de un Constituyente debe privilegiar la participación de los ciudadanos antes que de los partidos y se debe buscar las mejores condiciones para que los primeros ejerzan ese derecho.

Destacó que los candidatos independientes tendrán un tope de gasto en campaña de tres millones 44 mil 962 pesos y los partidos políticos, 20 millones 299 mil 753 pesos.

Dijo que 50 aspirantes independientes (13 hombres y 47 mujeres) obtuvieron su constancia y actualmente se encuentran en las calles para recabar las 73 mil firmas que se requieren para ser incluidos en las boletas electorales. Uno de estos, recordó, ya entregó las signaturas necesarias y el INE está en proceso de revisión.

Aclaró a los diputados que los candidatos no emplearán un sitio Web para recabar sus firmas, sino que las entregarán por vía electrónica, para verificar tanto la rúbrica como el OCR, la clave de elector y otros elementos, aunque destacó que el Tribunal Electoral resolvió que no era necesario entregar copia de la credencial para votar en este proceso.

En este mismo tema, señaló que el decreto no permite colocar en un recuadro a los candidatos independientes en la boleta electoral del Constituyente, como ocurrirá en el caso de los partidos (mostrando su icono), sino que estos se muestran en forma de lista y se proporciona un cuadro donde el votante escribirá el nombre o el número del candidato elegido.

Pamela San Martín aclaró que en este como en otros procesos electorales, se encuentra abierta la posibilidad de que haya observación por parte de alguna institución o universidad, aunque hasta el momento ninguna ha manifestado su intención de hacerlo; empero, subrayó que el INE busca un mecanismo de coordinación con la academia para fomentar la participación y mejorar la difusión.

Por último, comentó que la Sala Superior especificó que los participantes indígenas en el Constituyente tengan representatividad en una comunidad de la Ciudad de México, y son estas mismas comunidades las que determinan los criterios para designar a un individuo como su representante.

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