Ciudad de México, a 30 de marzo de 2016.
No. 1221
Diputados de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, presentaron en la sesión de hoy 39 iniciativas que reforman diversos ordenamientos y se remitieron a las comisiones correspondientes para su dictaminación.
Órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia
La diputada María Gloria Hernández Madrid (PRI) presentó iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para modificar la temporalidad y el tiempo de expedición de órdenes de protección de emergencia y preventivas; establecer que permanecerán vigentes hasta que cesen las causas que las motiven y la víctima de violencia deje estar expuesta al riesgo.
En México, cuatro de cada 10 mujeres han sido humilladas, encerradas, destruido sus cosas, amenazadas, las corren de su casa, y todo esto en muchas de las veces por su pareja sentimental. El 44 por ciento de los responsables de la muerte de una mujer es su pareja sentimental y como consecuencia de la recurrencia de episodios violentos que inician imperceptibles, pero en aumento y al interior de sus domicilios. Se mandó a la Comisión de Igualdad de Género
Medidas cautelares para menores de 18 años
También la legisladora Hernández Madrid, propuso modificar diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Nacional de Procedimientos Penales, para precisar elementos relativos a las medidas de protección que deberá brindar el Ministerio Público para la salvaguarda de menores de 18 años.
El maltrato y abuso infantil, afirmó, es un fenómeno social delictivo y creciente, que daña al tejido social y representa la pérdida del normal desarrollo de la personalidad del menor, su libertad emocional, sexual e incluso de su vida. Fue enviada a las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y de Justicia.
Permisos a padres o tutores de hijos con enfermedad aguda
Joaquín Jesús Díaz Mena, diputado del PAN, planteó reformas al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de que sea obligación del patrón conceder permiso -entre tres y siete días con goce de sueldo- al trabajador que sea padre o tutor de un menor de edad con una enfermedad terminal, aguda o accidente grave que ponga en peligro su vida.
Un caso de ello, el cáncer, que representa la segunda causa de muerte en menores de 14 años en México, sólo después de los accidentes de tránsito. La Secretaría de Salud estima que existen anualmente entre 5 mil y 6 mil nuevos casos de cáncer en menores de 18 años. La sobrevida estimada en México a estos casos es de 56 por ciento del diagnóstico y en el país hay un promedio anual de 2 mil 150 muertes por cáncer infantil en la última década. Fue canalizada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Suspender derechos o prerrogativas de ciudadanos
Por el PRD, la legisladora Lucía Virginia Meza Guzmán, presentó iniciativa que reforma el artículo 38 de la Constitución Política, para suspender derechos o prerrogativas de los ciudadanos cuando sean sujetos a un proceso criminal, siempre y cuando se establezca legalmente su culpabilidad y para eliminar las disposiciones que establecen que se suspenderán por vagancia o ebriedad consuetudinaria, así como por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal.
El país atraviesa por la más grave crisis de impunidad y violación de los derechos humanos de su historia; es necesario darle vigencia plena a la figura de presunción de inocencia. Se necesita garantizar un debido proceso penal en México, para que la gente pueda demostrar esa inocencia en un marco de igualdad. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Que Congreso expida leyes sobre calidad agroalimentaria
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (PVEM) propuso modificar el artículo 73 de la Constitución Política, a fin de facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes en materia de producción suficiente de bienes y servicios necesarios, así como las relativas a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria.
Argumentó que el campo mexicano es clave y palanca de desarrollo. Por ello, se busca elevar a rango constitucional las materias de sanidad e inocuidad agroalimentaria, para evitar que regulaciones locales afecten la competitividad del sector. “Se pretende eliminar procedimientos engorrosos para que la autoridad pueda cumplir su misión de verificar la plena sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria de los productos con los que se alimenta a los mexicanos”. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Servicios educativos con condiciones climatológicas
Con reformas a los artículos 3, 55 y 59 de la Ley General de Educación, el legislador Daniel Adrián Sosa Carpio (Movimiento Ciudadano), planea establecer que el Estado estará obligado a prestar servicios educativos de calidad, satisfaciendo condiciones higiénicas, de seguridad, climatológicas y pedagógicas.
Un clima inadecuado puede producir molestias e incomodidad especialmente en las niñas y niños que se encuentran dentro de un salón de clases, afectando el ejercicio de sus tareas, su rendimiento y bienestar. Es necesario tomar acciones por los casi 36 millones de estudiantes de todos los niveles educativos. Fue enviada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Fortalecer funcionamiento de sociedades financieras populares
Luis Alfredo Valles Mendoza, diputado de Nueva Alianza, leyó iniciativa que modifica diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a fin de fortalecer el funcionamiento de las sociedades financieras populares; indicar que se deberá regular, promover y facilitar la coordinación de dichas sociedades, así como las de carácter comunitario y los Organismos de Integración Financiera Rural, con el Consejo Nacional de Inclusión Financiera y el Comité de Educación Financiera.
Facultarlas para promover educación financiera, del ahorro y apoyo crediticio para el desarrollo de las actividades productivas, por lo que podrán recibir donativos y apoyos de los tres órdenes de gobierno, ya que actualmente operan 45 Sofipos autorizadas, lo que representa un crecimiento sostenido en número de entidades del 13 por ciento anual. Se mandó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Participación de padres dentro de centros de atención infantil
De Encuentro Social, la legisladora Norma Edith Martínez Guzmán propuso reformar los artículos 12, 13 y 19 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con el propósito de promover la participación de los padres de familia dentro de los centros de atención infantil.
La intención es favorecer que los padres sean protagonistas en la educación y cuidado de los hijos que se realiza justo en estos centros. “Sigamos construyendo puentes a favor de los menores. Invertir en el presente será la mejor inversión para el futuro de las generaciones del país”. Fue canalizada a la Comisión de Derechos de la Niñez.
Apoyos a pueblos y comunidades indígenas
El diputado del PRI, Christian Joaquín Sánchez Sánchez presentó tres iniciativas sobre pueblos y comunidades indígenas. La primera modifica diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, para fortalecer el acceso a la justicia de esta población. Se remitió a la Comisión de Justicia.
La segunda, reforma el artículo 4 de la Ley Federal de Consulta Popular, a fin de promover la participación de los pueblos y comunidades indígenas en las consultas populares; precisar que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales serán los responsables de hacer dicha promoción. Fue turnada a la Comisión de Gobernación.
Otra plantea cambios al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El propósito, crear el Padrón Nacional de Comunidades Indígenas. Se faculta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para realizar su elaboración, en coordinación con las entidades federativas y, precisar que éste deberá contener al menos: nombre de la comunidad; lengua oficial; población total; datos sociodemográficos; ocupación; estatus legal agrario; indicadores de acceso a servicios básicos; nivel de ingresos y de escolaridad y, suscripción a programas sociales y localización geográfica. Se mandó a la Comisión de Asuntos Indígenas.
Garantizar derecho al voto de personas con discapacidad
Por Acción Nacional, el diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz presentó iniciativa que reforma el artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de evitar discriminar a las personas con discapacidad ni limitar su derecho al voto, así como modificar la prohibición de poder entrar a la casilla, de tal manera que no se excluya a las personas con discapacidad.
Dijo que con esta iniciativa se dará “cumplimiento a una de las recomendaciones del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. El Estado mexicano garantizará el derecho al voto a todas las personas con discapacidad en nuestro país”. Fue enviada a la Comisión de Gobernación con opinión de la de Atención a Grupos Vulnerables.
Reducir semanas cotizadas para subsidio a mujeres por parto
Julio Saldaña Morán, legislador del PRD, planteó modificar el artículo 102 de la Ley del Seguro Social, con el objetivo de reducir de 30 a 20 cotizaciones semanales en un periodo de 12 meses, el requisito que debe cubrir una mujer para que tenga derecho al subsidio que se otorga en los días anteriores y posteriores al parto.
Las mujeres trabajadoras, afirmó, enfrentan un momento histórico en el que requieren el respaldo del Congreso de la Unión y muchas empresas y patrones condicionen la contratación de las mujeres al solicitarles certificado de no gravidez y prohíben el embarazo, de lo contrario recurren a la no contratación o al despido. Se canalizó a la Comisión de Seguridad Social.
Acciones de inconstitucionalidad contra leyes
La diputada Lorena Corona Valdés (PVEM) expuso iniciativa que reforma el artículo 105 de la Constitución Política, para establecer que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) podrá ejercer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado, que vulneren el derecho a la libre competencia y concurrencia en los mercados.
En México, indicó, la competencia económica es un bien tutelado por el artículo 28 constitucional y la Cofece. El desempeño que mostró la Comisión durante el 2014, cumplió casi el 93 por ciento de sus metas programadas y al cierre de 2015 registró un avance global del 92.2 por ciento en las 39 sanciones que incluyó en su programa anual de trabajo. Fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Rezago habitacional
Por Movimiento Ciudadano, el diputado René Cervera García planteó modificar los artículos 4, 6 y 62 de la Ley de Vivienda, a fin de definir metas anuales municipales contra el rezago habitacional; considerar el atraso tanto de vivienda nueva como de mejoramientos que observen el grado de abatimiento, con el propósito de ser un instrumento del desarrollo urbano y el ordenamiento de los asentamientos humanos, y señalar que en el cálculo del rezago se registrarán dos aspectos: el demográfico y el físico.
De nada sirve tener un cálculo del rezago habitacional y las estimaciones de las necesidades de vivienda “si en ambos casos no se vinculan con las metas anuales de construcción y mejoramiento habitacional, así como de financiamiento para ordenar poco a poco el territorio y habitar de mejor manera el país”. Se turnó a la Comisión de Vivienda.
Responsabilidades ambientales en actividades económicas
Ángel García Yáñez, legislador de Nueva Alianza, leyó iniciativa que reforma el artículo 25 de la Constitución Política, a fin de precisar responsabilidades ambientales en actividades económicas y en el desarrollo humano sustentable; indicar que el Estado deberá velar que éstos actos se realicen con pleno respeto del medio ambiente y del entorno social, garantizando una integración simultánea de protección al mismo, de respeto de los derechos humanos y el crecimiento económico.
Relató que México tiene un enorme déficit en cuanto a la protección, conservación y preservación de sus recursos naturales; las condiciones económicas han conducido al país a un estancamiento y, lo más grave, persiste desigualdad social. Entre el 2005 y 2010, alrededor de 155 mil hectáreas fueron deforestadas anualmente por causas antropogénicas. Fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Igualdad de oportunidades para mujeres
La diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya (PRI) planteó modificar el artículo 33 y adicionar un artículo 34 bis a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para precisar que la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres deberá propiciar la igualdad de oportunidades para el sector femenino en el uso y aprovechamiento de sus propiedades para su beneficio.
Se busca que las autoridades garanticen el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres con relación a los derechos reales de propiedad, así como de uso y disfrute de tierras y del derecho fundamental a la no discriminación en materia agraria. Se mandó a la Comisión de Igualdad de Género.
Porcentaje máximo a descontar por préstamos de vivienda
Por el PAN, la legisladora Leticia Amparano Gámez, presentó reformas a diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, donde se fija el porcentaje máximo del salario de los trabajadores que deberá de descontarse para cubrir préstamos en materia de vivienda, lo relativo a las tasas de interés y fijar que éstos, no podrán exceder el 30 por ciento de su salario durante el plazo de cada crédito otorgado.
Los créditos que otorga el Infonavit no son baratos y accesibles de pagar para los trabajadores con bajos ingresos. La tasa de cobro de intereses por parte de Infonavit puede ser superior a las de los bancos que otorgan préstamos hipotecarios, situándose en un 10.8 por ciento a partir de agosto de 2015, mientras que en promedio por parte de la banca privada se ubica en 9.5. Se remitió a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda.
Crear Defensoría del Micro, Pequeño y Mediano Empresario
José Santiago López, diputado del PRD, presentó iniciativa para modificar los artículos 25 y 73 de la Constitución Política, con el propósito de crear la Defensoría del Micro, Pequeño y Mediano Empresario, cuya finalidad será incentivar y promover el desarrollo, así como proteger y velar por los derechos de los particulares ante las autoridades.
El Inegi señala que los sectores que albergan el mayor número de micro, pequeñas y medianas empresas son la industria manufacturera, el comercio y los servicios. La importancia de estas unidades económicas para la economía municipal, estatal, regional y nacional, es ampliamente reconocida. Contribuyen con 7 de cada 10 empleos formales que se generan en el país, constituyen el 99 por ciento de las unidades económicas y generan el 52 por ciento del Producto Interno Bruto. Fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Fortalecer función del Sistema Nacional de Gestión Forestal
El diputado José de Jesús Galindo Rosas (PVEM) propuso iniciativa para modificar los artículos 56 y 57 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a fin de fortalecer la función del Sistema Nacional de Gestión Forestal; precisar que éste deberá llevar el registro de los programas de manejo forestal, de aprovechamientos y plantaciones forestales, forestación y otras actividades silvícolas.
La superficie vegetal forestal del país cubre una extensión de un millón 452 mil 475 hectáreas, es decir aproximadamente el 74 por ciento de la total del país. México presenta una tasa de deforestación, de acuerdo a Conafor, de 155 mil hectáreas anuales, mientras que el Inegi, indica que cada año se deforestan 478 mil 922 hectáreas de bosques y selvas, por lo que de mantener esta tasa de deforestación, en tan sólo 9.3 años se terminaría con los bosques. Se mandó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Políticas públicas para desalentar el turismo sexual
De Morena, la legisladora María Antonia Cárdenas Mariscal, propuso reformar el artículo 7 de la Ley General de Turismo, y que la Secretaría de Turismo diseñe e implemente programas y políticas públicas para desalentar el turismo sexual; realizar la detección de los destinos considerados de esta forma, así como promover campañas de sensibilización, capacitación y cursos.
En México, durante los últimos 20 años, el fenómeno del turismo sexual se ha incrementado. De acuerdo con un informe del Departamento de Estados Unidos sobre Trata de Personas, cada año en el país, 20 mil niños, niñas y adolescentes son víctimas de la explotación sexual, mientras 85 mil son utilizados en actos de pornografía, en 21 de las 32 entidades federativas de nuestro país. Fue canalizada a la Comisión de Turismo.
Deducir ISR por consumo en restaurantes
Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado de Movimiento Ciudadano leyó iniciativa que modifica los artículos 27, 28 y 148 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para establecer que será deducible este impuesto al 100 por ciento del consumo en restaurantes. Para ello, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Será deducible hasta por un monto que no exceda los 750 pesos diarios en territorio nacional o por mil 500 cuando se eroguen en el extranjero. Agregó que la industria restaurantera en México, representa 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto y 13 del PIB turístico. Esta industria impacta a 84 ramas económicas y genera 1.5 millones de empleos directos, así como 3.5 de indirectos y es el segundo mayor empleador a nivel nacional. Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Mayores prestaciones para el trabajador
El diputado Marco Antonio Aguilar Yunes (PRI) presentó tres iniciativas; la primera reforma la Ley del Seguro Social para que la cuantía de las pensiones otorgadas o que se otorguen al amparo de esta norma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 1973, sean actualizadas anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior. Se turnó a la Comisión de Seguridad Social.
La segunda, modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de incentivar con estímulos fiscales a quien contrate a personas mayores de 50 años y a jóvenes de entre 19 y 29 años que sea su primer empleo. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Por último, planteó cambios a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para que el Instituto otorgue créditos a los trabajadores no derechohabientes de cualquier sistema de seguridad social, en cuyo caso el trabajador, deberá efectuar las aportaciones que para efecto determine la Asamblea General a propuesta del Consejo de Administración. Se envió a la Comisión de Vivienda.
Tasas preferenciales a préstamos rurales
Elva Lidia Valles Olvera, legisladora del PAN, propuso modificar los artículos 7 y 48 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a fin de que los préstamos o créditos otorgados a Intermediarios Financieros Rurales, éstos, a su vez, concedan financiamiento a tasas preferenciales estableciendo un límite que no ponga al productor rural en desventaja competitiva ni ponga en riesgo la capacidad productiva.
Se propone que el informe anual que realiza la Financiera, incluya la obligación de dar a conocer el porcentaje de las tasas con las que otorgan los créditos. Se canalizó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Promover la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana
El diputado Waldo Fernández González (PRD) planteó reformar los artículos 7o. y 33 de la Ley General de Educación. El propósito es promover la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana para los educandos de forma optativa, a fin de lograr la inclusión de las personas con discapacidad auditiva.
Asimismo, que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización, tenga el fin de promover mediante la enseñanza el conocimiento del respeto de las personas con discapacidad. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Sancionar venta boletos que excedan capacidad de aeronaves
Por el PVEM, el legislador Enrique Zamora Morlet expuso su iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, para que concesionarios o permisionarios no expidan boletos que excedan los límites de capacidad disponible de la aeronave.
Además que a quien venda boletos que excedan estos límites, se le impondrá una multa de 200 a 700 salarios mínimos. Se mandó a la Comisión de Transportes.
Para que español y lenguas indígenas sean nacionales
La Comisión de Puntos Constitucionales analizará la propuesta del diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena) para modificar el artículo 2 de la Carta Magna, con el objetivo de establecer que el español y las lenguas que se hablan en todo el territorio sean nacionales.
El legislador explicó que con la reforma se busca subsanar la falta de fundamento constitucional de la Ley de Telecomunicaciones y de la Ley General de Derechos Lingüísticos, la cual señala que las lenguas indígenas y el español son idiomas nacionales.
Protección Civil y la Gestión Integral del Riesgo para municipios
La diputada María Elena Orantes López (Movimiento Ciudadano) planteó dos iniciativas. La primera, reforma el artículo 115 de la Constitución Política, con el objetivo de que los municipios tengan a su cargo las funciones y servicios públicos de Protección Civil y la Gestión Integral del Riesgo. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La segunda propuesta modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que las dependencias de la administración pública participen y lleven a cabo acciones para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre. Se canalizó a la Comisión de Gobernación.
Evitar que planes sociales tengan intereses de promoción política
Pedro Luis Noble Monterrubio, legislador del PRI, presentó una reforma al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, para que en la publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social, se incluya una leyenda que diga que son ajenos a “intereses de promoción política personal”.
Mencionó que la promoción de los servidores públicos, a través de los programas sociales, es común, lo que pone en condiciones de inequidad y desigualdad las contiendas electorales, debilita el objetivo principal de los apoyos sociales y pone en riesgo los derechos humanos y sociales de los beneficiaros. Se mandó a la Comisión de Desarrollo Social.
Prohibir discriminación en el empleo
La diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa (PAN) planteó cambios al artículo 123 de la Constitución Política, con el objetivo de prohibir discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, para el ingreso, permanencia, promoción y ascenso en el empleo.
Destacó que “no es posible que los centros de trabajo, ya sean empresas o establecimientos, pongan como condición la edad para contratar a una persona y permitir que cualquier persona, sin importar la edad no puedan encontrar un empleo decente”. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Centros de Justicia para Mujeres
Maricela Contreras Julián, legisladora del PRD, planteó modificar los artículos 42 y 49 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de crear los Centros de Justicia para Mujeres; indicar que le corresponderá a la Secretaría de Gobernación impulsarlos y precisar que los estados deberán instituir centros con servicios multidisciplinarios para mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia, así como para las hijas e hijos de las víctimas.
Indicó que la violencia contra las mujeres es resultado de una situación de desigualdad entre ellas y los hombres. Es un fenómeno extendido por todo el mundo, donde esta población ha manifestado sufrir violencia en algún momento de su vida, ya sea porque son violadas, agredidas físicamente, forzadas a tener relaciones sexuales, obligadas a contraer matrimonio o sufren otros tipos y modalidades de violencia, como la mutilación de su cuerpo. Fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género.
Servicios de emergencia y evitar abandono escolar
Tomás Roberto Montoya Díaz, diputado del PRI, presentó dos iniciativas. La que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de Coordinación Fiscal, para imponer una multa de 50 a 500 veces el valor de la unidad de medida y actualización, a quien realice amenazas, insultos o reporte dolosamente hechos falsos a instituciones de emergencia, protección civil, bomberos o seguridad pública, que hagan necesaria la movilización y presencia de elementos de dichas instituciones.
Las llamadas falsas o de broma afectan a todas las instituciones de seguridad en el país. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2015 se registraron 90 millones de emplazamientos, de los cuales 65 por ciento eran falsos. Estas alertas generan importantes costos cuantificados por instituciones como la Cruz Roja, entre los 3 mil y 40 mil pesos por cada movilización en falso y, más grave aún, propician que dejen de atenderse verdaderas urgencias. Se mandó a las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público.
Su segunda iniciativa modifica el artículo 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de crear las Procuradurías del Menor o de Protección, encargadas de atender de manera oficiosa los casos de asistencia irregular y abandono en la educación básica. Fue canalizada a la Comisión de Derechos de la Niñez.
Cancelar licitación por actos de corrupción en su asignación
A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, fue enviada una iniciativa de la diputada Claudia Edith Anaya Mota (PRI) que modifica los artículos 40, 77 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a fin de precisar que las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación cuando se comprueben actos de corrupción en su asignación.
La inhabilitación que imponga la Secretaría de la Función Pública no será menor de tres meses ni mayor de 10 años, de acuerdo con lo previsto por la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. Dicha dependencia deberá sistematizar y actualizar mensualmente la información en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, que deberá vincularse a CompraNet, con la finalidad de que los proveedores y contratistas sancionados sean rechazados de manera automática por el sistema.
Expedir Ley del Salario Mínimo
Moisés Guerra Mota, legislador de Movimiento Ciudadano, planteó expedir la Ley del Salario Mínimo y derogar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Su finalidad es regularlo, establecer la defección de dicho concepto y precisar los casos en los que podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción.
El documento, canalizado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, destaca que el salario mínimo será el mismo para las 32 entidades federativas del país y no podrá fijarse en ningún momento en menos de 80 pesos por día; crea la Comisión Técnica responsable de la Determinación del Salario Mínimo; señala que dicha Comisión deberá de sesionar dos veces al año, a efecto de determinar el adecuado nivel del ingreso mínimo y, una vez al mes, a efecto de observar el equilibrio entre el poder adquisitivo de éste y la inflación.
Regular acceso de alimentos a salas cinematográficas
Del diputado del PRI, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, se conoció iniciativa que modifica los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Cinematografía, para regular el acceso de alimentos a salas cinematográficas, así como la duración de la publicidad transmitida previa a una función.
Se busca establecer que los exhibidores no podrán restringir el ingreso de alimentos y bebidas con excepción de las que contengan alcohol, o cualquier otro producto que afecte la seguridad o tranquilidad del establecimiento, de sus clientes o de las personas discapacitadas. Determina que se deberá informar al público sobre la hora de inicio de la proyección de la película, tomando en cuenta la publicidad transmitida, la cual por ningún motivo podrá exceder de 10 minutos por película. Se envió a la Comisión de Cultura y Cinematografía.
Posteriormente, concluyó la sesión y se citó a la que tendrá lugar mañana jueves 31 de marzo, a las 11:00 horas.
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